Miércoles, 29.01.2020 - 06:14 h
Carrera hacia el 10-N

Pensiones, alquiler... Sánchez incumple todos los plazos de sus 'viernes sociales'

El Gobierno en funciones llegará a las elecciones con deberes pendientes de los decretos que aprobó 'in extremis' en la anterior campaña electoral.

Pedro Sánchez, pensativo. / EFE
Pensiones, alquiler... Sánchez incumple todos los plazos de sus 'viernes sociales'. / EFE

Con los deberes sin hacer. Así llega Pedro Sánchez a la carrera hacia las elecciones generales del 10 de noviembre. El Gobierno en funciones ha incumplido todos los plazos que se autoimpuso en los reales decretos leyes que aprobó 'in extremis' en los bautizados como 'viernes sociales' durante la campaña electoral del 28-A. Las medidas adoptadas en materias como pensiones, alquiler de vivienda, igualdad o mercado laboral iban de la mano de una serie de cambios legislativos de calado que se han quedado bloqueados en estos meses de interinidad política. 

Está todo paralizado. La Administración funciona al ralentí desde hace más de medio año y esta inestabilidad ha retrasado la puesta en marcha de todo el mecanismo necesario para el cumplimiento efectivo de las medidas que vieron la luz en los últimos consejos de ministros que se celebraron en la recta final de la anterior legislatura. Sánchez se propuso gobernar hasta el último minuto. Y, no sin críticas de la oposición, el líder socialista aceleró la aprobación de una serie de medidas sociales que, a día de hoy, están en la mayoría de los casos a medio camino.

La Administración funcionan al ralentí desde hace más de medio año consejos de ministros

Hasta seis decretos convalidó el 3 de abril la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Congreso de los Diputados tras la disolución de las Cortes. Todos ellos aprobados por el Gobierno en el mes de marzo: medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres; contra la precariedad laboral; relacionadas con la vivienda y el alquiler; la reforma de la estiba; el plan de choque para un Brexit duro; y el destino del superávit de comunidades autónomas y entidades locales para inversiones financieramente sostenibles.

Antes, en enero, el Congreso había convalidado el decreto que hizo efectiva la subida de las pensiones para este año y que incluyó otras medidas en materia de empleo. Pero ni el contenido de este ni el de los anteriores se ha desarrollado en su totalidad a día de hoy. La complejidad de algunas de las medidas incluidas en esos textos para poner en marcha de manera "urgente", tal y como exige la figura del real decreto ley, llevó al Ejecutivo a incluir decenas de disposiciones adicionales que postergaban los desarrollos normativos de las cuestiones clave.

Una argucia legal, en definitiva, por la que se 'vendieron' cambios de calado en materias de gran relevancia social en la antesala de la campaña electoral, a sabiendas de que no iban a poder ser desarrollados en el corto plazo, como de hecho ha quedado demostrado. A continuación se hace un repaso de los principales flecos que el Gobierno dejó sueltos y que siguen sin atar cuando se encara ya la próxima cita con las urnas.

Todos los flecos sueltos

En el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo el Ejecutivo se daba un plazo de seis meses para "establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social". Diez meses después, nada se ha avanzado en este aspecto y, con la legislación actual, las pensiones solo pueden subir un 0,25% en 2020.

En el mismo texto se incluían varias disposiciones adicionales con medidas especialmente ambiciosas como la cotización obligatoria de los becarios a la Seguridad Social, cuyo desarrollo normativo se fijaba en un plazo máximo de tres meses. También se introducían planes específicos para que tanto los becarios que trabajaron gratis en algún momento de su vida como los trabajadores que fueron despedidos durante la crisis económica pudieran suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para comprar años de cotización y así mejorar sus pensiones. Pero la elaboración de estos proyectos normativos sigue en trámite.

Mientras, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación incluyó medidas de gran calado social como es la ampliación de los permisos de paternidad. En paralelo, daba seis meses al Gobierno para crear un registro 'ad hoc' de los planes de igualdad de las empresas, tras rebajar de 250 a 50 el límite de trabajadores de las compañías obligadas a elaborarlos, aplicarlos y registrarlos. A día de hoy, no hay ni rastro de ese registro.

Por su parte, el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que incluyó la ampliación del subsidio para desempleados mayores de 52 años y el polémico registro horario, establecía que "el Gobierno, con anterioridad al 30 de junio de 2019, constituirá un grupo de expertos y expertas para llevar a cabo los trabajos y estudios preparatorios para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores". Este comité de sabios tampoco se ha constituido.

En otro texto clave, el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, también se dejó sin hacer lo más importante. El Gobierno se comprometía a tener listo en ocho meses el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda. Ni ha llegado ni se le espera pronto. Lo más cercano a este índice ha sido la publicación, por parte del Ministerio de Fomento, de sus propias estadísticas sobre los precios del alquiler en España, en base a los datos sobre los depósitos de fianza de las comunidades autónomas.

Todo está en el limbo. En materia laboral, tanto la patronal como los sindicatos consideran que, en muchos casos, el Gobierno se precipitó al incluir en los decretos medidas en las que no se había avanzado en el diálogo social. En definitiva, empezó la casa por el tejado. Ahora arranca otra precampaña y el Ejecutivo ya ha anunciado su intención de sacar adelante varios asuntos, como la subida de las pensiones con el IPC o la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. La oposición ya se prepara para otra oleada de 'viernes sociales'. Pero la situación ahora es distinta, porque Sánchez está en funciones, por lo que sus competencias son mucho más limitadas. Quedan cuatro Consejos de Ministros hasta que empiece la campaña oficial del 10-N. 

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