La victoria socialista en las elecciones del 28 ha sido recibida con alivio entre los inversores -60.000- que fueron víctimas del hachazo en las primas pagadas a las renovables a partir del año 2013. El PSOE de Pedro Sánchez llegó a elaborar un anteproyecto de ley con un nuevo marco retributivo para las renovables, pero la convocatoria de elecciones dejó la solución en el limbo. Las asociaciones del sector, Appa, AEE, ANPIER, Protermosolar y Unef mostraron su preocupación por la situación y, en especial, por los aprietos financieros de los 60.000 pequeños inversores atrapados entre el BOE. y la banca por los recortes a las primas
Entre todas las asociaciones, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) fue la que presionó con más fuerza. Lo hizo en dos direcciones: para que el Gobierno aprobara la nueva retribución vía decreto y para que los partidos -PP y Ciudadanos- no pusieran trabas a su tramitación. No tuvieron éxito.
Ahora, la solución que quedó en el aire está más cerca. En principio, todos los grupos políticos están de acuerdo en encontrar una salida para los pequeños productores atrapados. "Nos congratulamos de que se camine en la buena dirección" aseguran desde ANPIER, que tiene muy presente los compromisos que, en diferente grado, asumieron las fuerzas políticas en sus programas. El PSOE fue rotundo en sus promesas: "queremos proporcionar alternativas" recoge su programa "a los pequeños inversores que se vieron perjudicados por la inseguridad de un marco regulatorio que cambió sin previo aviso ni medida paliativa alguna".
Compromisos
Ciudadanos también fue claro en sus compromisos programáticos. "Garantizaremos" recogía su propuesta electoral "un marco jurídico estable y seguro con una adecuada rentabilidad razonable para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los recortes arbitrarios de los Gobiernos del PSOE y el PP".
También Podemos contempló en su programa "una solución para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el hachazo a las renovables". El programa del PP no aludía a la situación de los fotovoltaicos. Pero el resultado electoral favorece a estos. Pacte con quien pacte Pedro Sánchez -Ciudadanos o Podemos-, o si aplica sus recetas, los 60.000 inversores están más cerca de obtener una satisfacción a sus demandas.
El anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno antes de las elecciones preveía retribuir las actividades reguladas en el periodo 2020-2025 con el el 7,39% para las instalaciones renovables anteriores a la aprobación de la norma y hasta el año 2031. Una forma de dar seguridad al sector tras los agobios de los últimos años. Y una forma también de rebajar la litigiosidad contra el Estado español de los fondos internacionales que también se vieron atrapados por los recortes a la energía fotovoltaica.
Arbitrajes internacionales
Hay 35 procedimientos de arbitraje internacional abiertos contra el Reino de España y cinco de los siete laudos arbitrales que se han dictado hasta la fecha han sido parcialmente condenatorios. Para fijar un marco estable a las instalaciones afectadas por el recorte a las renovables y, de paso, evitar nuevos procedimientos o poner fin a los ya existentes, el ministerio garantiza que la rentabilidad no se tocará en las dos revisiones a partir de enero de 2020.
El borrador de la norma contempla también que las indemnizaciones y compensaciones a las empresas que hayan ganado arbitrajes con resolución firme se detraerán del importe correspondiente a la diferencia entre lo que haya que abonarles por la tasas de retribución y la que hubieran recibido con el sistema anterior.
El país se juega mucho en el envite. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó en el Congreso que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes de primas superan los 10.000 millones de euros. La incertidumbre retributiva coincide con un momento de despegue de las renovables, en especial del sector fotovoltaico tras años de parón. En 2018 se instalaron 261,7 MW de nueva potencia fotovoltaica, lo que supuso un incremento del 94% con respecto a los 135 MW de 2017 y cinco veces la potencia fotovoltaica (FV) instalada en 2016 (55 MW).
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