Las energías limpias han ganado la batalla. Los Gobiernos trabajan para sustituir las tecnologías más contaminantes sin afectar a la seguridad del suministro y las empresas tradicionales buscan a toda velocidad un hueco en el nuevo mercado. La efervescencia ha provocado en España una nueva explosión de proyectos eólicos y fotovoltaicos. El gestor del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), tramita proyectos que suman 85 GW de potencia, el triple de la ya instalada. Con la explosión llegan los viejos problemas: la especulación con los puntos de acceso, que tienen una vigencia de cinco años y la promoción de proyectos que chocan con las directivas de la Comisión Europea.
El despegue de las renovables, en especial del sector fotovoltaico tras años de parón, es evidente. En 2018 se instalaron 261,7 megavatios de nueva potencia fotovoltaica, lo que supuso un incremento del 94% con respecto a los 135 megavatios de 2017 y cinco veces la potencia fotovoltaica (FV) instalada en 2016 (55 megavatios).
El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, apunta a dos elementos que reverdecen viejos tiempos y viejos problemas: el "pase" de proyectos -"¿En cuántos de los proyectos coinciden el que pidió el punto de acceso con el inversor final?", se pregunta- y la especulación con los puntos de acceso, un trabajo de autorización administrativa "que Red Eléctrica de España hace gratis y que se convierte en un activo" con el que especular.
El de los accesos es un problema al que ya se refirió la CNMC en su informe sobre el decreto de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución (capítulo VI). En el documento, la Comisión advertía contra el acaparamiento de puntos de acceso y conexión, con permisos dilatados que tendrían un "efecto negativo sobre la competencia al cerrar el paso a posibles nuevos promotores". Especulación.
Un sector caliente
Lo cierto es que los planes del Gobierno de Pedro Sánchez han calentado el sector. España tendrá que hacer en la próxima década un esfuerzo sin precedentes para reducir en 37 puntos las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es que en 2030, las emisiones del país sean un 20% inferiores a las registradas en 1990. Traducido, eso significa que el sistema tendrá que absorber 50.000 nuevos MW renovables en apenas diez años. En euros, según las cuentas adelantadas por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, la puesta en marcha de este nuevo parque renovable requerirá inversiones de entre 60.000 y 70.000 millones en poco más de una década.
En todo el proceso, explica Ferrando, "es fundamental la planificación energética, determinar qué tipo de energía entra". Los datos de REE, recabados por 'El Periódico de la Energía' en enero sólo precisan que ha otorgado permisos de acceso a la red de transporte en el conjunto del sistema eléctrico español para renovables de 43,6 GW. De ellos, 23,8 GW corresponden a generación fotovoltaica, 17,8 GW a eólica y dos GW a otras fuentes renovables.
REE no diferencia de qué tipo de instalaciones -grandes o pequeñas- se trata. Para otro especialista en el sistema energético como Javier García Breva (NE2) el objetivo debería ser el crecimiento "eficiente" de las renovables, lo que conlleva el alejamiento de la economía especulativa y la concesión de puntos de acceso "sin orden".
Desarrollo eficiente
La referencia para ese desarrollo eficiente está ya en la normativa comunitaria. La directiva de renovables (UE 2018/2001) apuesta en general por las pequeñas instalaciones frente a las grandes; la participación de las autoridades locales en su desarrollo; las comunidades energéticas de pequeños productores; el autoconsumo y los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA). La directiva no se ha traspuesto todavía a la legislación nacional y puede haber choque de modelos.
Mientras avanza la legislación, con la convalidación y aprobación de los decretos que elabora el Ministerio de Transición Energética (accesos y autoconsumo), REE se enfrenta al reto de planificar, autorizar y ejecutar obras en la red de transporte de electricidad para evacuar la energía que genere la nueva potencia renovable.
En el mejor de los escenarios, España debería instalar en el próximo año 8.000 MW de nueva potencia para cumplir con el objetivo 20/20/20 de la UE. Pero va a ser difícil llegar a instalar siquiera tres cuartas partes de lo estimado. Con el actual sistema, REE tiene difícil afrontar la avalancha de demandas de nuevas líneas.
La compañía, participada en un 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), maneja cifras de nueva potencia renovable inferiores a las de Transición Ecológica (4.000 MW renovables al año frente los 6.000-7000 del ministerio). E incluso así, la compañía reclama cambios urgentes. El principal es un sistema excepcional de planificación, autorización y ejecución de obras en la red de transporte. Sin cambios, habrá tapón. Y más especulación.
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