El empresario Gerardo Jimeno ha comparecido ante el magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, para ofrecer todos los detalles que envuelven el presunto desvío de una mordida de 800.000 euros que percibieron Javier López Madrid y Francisco Granados desde la constructora OHL. Su relato, que ofrece en condición de perjudicado, viene a respaldar la tesis de la Fiscalía sobre su empresa, KV consultores: actuó como canalizador de estos pagos que percibieron los acusados de la trama Púnica.
Fuentes de la investigación consultadas por este diario explican que el empresario ha precisado ante el magistrado Alejandro Abascal cómo sus dos socios en la mercantil se confabularon con los principales acusados de la trama Púnica para desviar este pago, proveniente de la multinacional que fundó el empresario Juan Miguel Villar Mir. Según ha indicado, César Sánchez y Cristóbal Medina -ambos imputados en junio por delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles- actuaron a sus espaldas y provocaron el hundimiento de su empresa, la cual se encuentra en la actualidad en concurso de acreedores.
De acuerdo con su relato, César Sánchez conocía al entonces exconsejero delegado de Mintra Jesús Trabada. Éste creó en el año 2012 la sociedad Bustren, junto con el exsecretario general de los populares madrileños y con el exconsejero de OHL, con el único objetivo de ocultar las presuntas 'mordidas' que se repartieron. Las mismas provenían del amaño de determinadas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que determinó el pasado mes de julio que el monto total repartido entre López Madrid y Granados alcanzó los seis millones de euros.
En este contexto César Sánchez le propuso a Trabada, aprovechando su buena relación con OHL, una línea de negocios desde KV Consultores (dedicada a asuntos de calificación de obras). Trabada dio el visto bueno pero le dijo que para empezar a trabajar conjuntamente necesitaban un pequeño préstamo. La cuantía que percibió de la multinacional y que a su vez desvió a Bustren fue de 800.000 euros, según pudo conocer al revisar las facturas de la mercantil.
Fue en ese punto cuando se dio cuenta de que los pagos en cuestión no se trataron de un préstamo a Bustren que pudiera reclamar sino que se englobaban en facturas que desglosaban servicios prestados. De acuerdo con las fiscales Gema García y Teresa Gálvez, en el fondo se trataba de recibos falsos que simulaban la existencia de trabajos realizados por KV Consultores a OHL por un total de 1,1 millones de euros. De hecho explicaron que para ellos KV Consultores no fue más que un "instrumento" a través del cual urdieron una "artimaña".
Esta partida que salió de las arcas de la constructora se abonó de cara a conseguir que se archivara el expediente sancionador que instruía el propio Trabada contra OHL por no iniciar las obras adjudicadas desde Mintra para la construcción del tren de Navalcarnero. Tanto es así que en el mismo escrito de petición de imputación de César Sánchez y Cristóbal Medina, Anticorrupción solicitó también al juez que requiriera a la Comunidad de Madrid para que aportara todos los expedientes reguladores o sancionadores relacionados con la adjudicación a OHL de este contrato. Precisamente los pormenores de esta adjudicación por la que se habría pagado una comisión de 1,4 millones de dólares se investigan en el caso Lezo.
"Ingentes ganancias ilícitas"
Jimeno insistió en la Audiencia Nacional que su empresa funcionaba perfectamente hasta que entraron los ahora imputados en el caso, a quienes ha responsabilizado de abocar la mercantil a la ruina. El motivo reside en los impagos que contrajo Bustren con KV Consultores y que nunca se llegaron a formalizar. Bustren, de hecho, ha estado en el punto de mira de los investigadores desde que el análisis de los correos ocupados y las conversaciones telefónicas intervenidas revelaron que fue utilizada para esconder "ingentes ganancias ilícitas".
Es más, la Fiscalía considera que López Madrid, Trabada y Granados escondieron las mordidas obtenidas valiéndose de testaferros. En lo que respecta a López Madrid determinaron que se apoyó en Noyer Proyectos S.L, sociedad administrada por su hermana. La misma declaró en calidad de testigo en la Audiencia Nacional y se desligó de cualquier irregularidad apuntando que figuraba como administradora única porque así se lo pidió su hermano.
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