Los dos empresarios que canalizaron el desvío de mordidas desde OHL a una sociedad relacionada con Francisco Granados y Javier López Madrid tendrán que rendir cuentas en el marco del caso Púnica después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal les haya citado como investigados. Lo hace atendiendo al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que razona que la gestión de los pagos de la constructora son constitutivos de delito de blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles.
Las citaciones, acordadas en una providencia recogidas por La Información, se producen después de que la UCO de la Guardia Civil constatara en uno de los últimos informes incorporados a la causa que KV Consultores, la sociedad que los ahora imputados gestionaban, fuera utilizada para ocultar la "inversión subrepticia" que se realizó en Bustren en 2012. Detrás de esta última estaban el exconsejero delegado de Mintra Jesús Trabada; Francisco Granados y Javier López Madrid. Todos ellos recibieron una comisión de 800.000 euros que los investigadores atribuyen directamente a Juan Miguel Villar Mir.
El objetivo del expresidente de OHL sería lograr el archivo del expediente sancionador que instruía Trabada por no haber iniciado las obras que desde el ente público Mintra se adjudicaron a la firma para construir las infraestructuras del tren de Navalcarnero. Precisamente esta licitación concreta se investiga en el marco del caso Lezo igualmente en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón, mismo instructor de la trama Púnica, imputó también en este procedimiento a Villar Mir y su yerno López Madrid por el presunto pago de una mordida de 1,4 millones de dólares para adjudicarse este fallido proyecto que nunca llegó a ejecutarse.
De acuerdo con el relato de los hechos que hace la Fiscalía en su informe, los ahora imputados en la trama -César Sánchez y Cristóbal Medina- amañaron el trasvase del dinero de la comisión de 800.00 euros desde las cuentas de OHL a Bustren sirviéndose como instrumento de la mercantil KV y, "como artimaña", de la confección de facturas falsas que simularían la existencia de trabajos que realizó esta firma para OHL por un total de 1,1 millones de euros. Los correos aportados a la causa y que ponen de relieve todas estas prácticas constatan que KV confeccionó en el año 2012 facturas de trabajos que, o estaban sobrevalorados o directamente no se habían realizado.
Las mismas escondían en realidad las mordidas que el conglomerado familiar de los Villar Mir abonó para evitar el avance del expediente sancionador. Por este motivo, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional también requiere a la Comunidad de Madrid para que aporte a la causa los expedientes reguladores o sancionadores instruidos a cualquiera de las mercantiles del Grupo Obrascon Huarte relacionados con la adjudicación presuntamente ilícita.
López Madrid utilizó a su hermana como testaferro
Las fiscales al frente de la causa también apuntan que Granados utilizó como testaferro al que fuera su jefe de gabinete en la Consejería de Presidencia, Ignacio Palacios, mientras que López Madrid se habría servido de la sociedad Noyer Proycetos S.L, administrada por su hermana Miriam. Por ese motivo, entre la batería de diligencias solicitadas por Anticorrupción destaca la testifical de esta última si bien el magistrado Abascal responde que se acordará conforme avance la instrucción.
También descarta el juez librar oficio al juzgado de lo mercantil número 11 de Madrid de cara a que suspenda la vista fijada después de que KV Consultores solicitara concurso de acreedores. Ahora bien, aunque este procedimiento paralelo seguirá su curso, sí que se le comunicará a este juzgado en concreto las nuevas imputaciones así como las ya existentes de López Madrid y Villar Mir. Además, la Audiencia Nacional también le requiere que remita el listado de acreedores presentado por la mercantil que canalizó los pagos a los acusados para incorporarlo al sumario de la trama Púnica.
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