A pesar de que el empresario Javier López Madrid ha negado en todo momento que se sirviera de testaferros y, en concreto, de su hermana Miriam, para entrar a formar parte de la mercantil Bustren junto con Francisco Granados y Jesús Trabada, la Guardia Civil plasmó en un informe aportado al caso Púnica una serie de correos intercambiados entre los administradores de Bustren que vendrían a poner de manifiesto la intención del empresario de no aparecer como titular de las acciones. "Él no quiere figurar y va a proponer como hacerlo", reza uno de los correos.
La Policía Judicial de la causa traza en esta nueva prueba documental los pasos que siguieron los investigados desde la misma creación de Bustren, en el año 2011, utilizada, según la tesis de los investigadores, para ocultar mordidas desviadas de la adjudicación de las obras de Metro Ligero en Madrid. Los principales implicados en estos hechos son el exconsejero delegado de OHL, Francisco Granados, y Jesús Trabada, consejero delegado de la empresa pública Mintra entre los años 2003 y 2011. Desde la misma, que se disolvió también el año 2011, se adjudicaron contratos públicos de la Comunidad de Madrid a empresas amigas a Granados, entonces consejero de Transportes.
Los investigadores apuntan que tanto el exsecretario general del PP madrileño como López Madrid (que entró en la sociedad tiempo después de su creación) eran los "accionistas de hecho" de la misma pese a que en nombre de ambos figuraran Ignacio Palacios y la hermana del empresario a través de su sociedad Noyer Proyectos S.L. Esta última adquirió un 12,5% en 2014 de esta mercantil, dedicada, según su objeto social, a servicios de ingeniería, arquitectura y consultoría para el sector del transporte.
Reuniones a tres bandas
Los correos intervenidos del ordenador personal del empresario madrileño datan desde noviembre de 2011 y se intercambian entre este y su secretaria. Uno de ellos recoge cómo esta última le transmite el deseo de los acusados de reunirse con él: "Javier, Paco Granados quiere reunirse contigo y con Jesús Trabada mañana", reza. Las comunicaciones avanzan y ya en diciembre de ese año el exconsejero delegado de Mintra remite un correo mucho más explicativo en el que detalla los pormenores de las negociaciones y los beneficios a repartir entre los socios por contratos en Kuwait, Qatar y Brasil.
"Estimado Celestino, ya he llegado a un acuerdo con Javier López Madrid para cederle el 22,5% de Bustren por 600.000 euros. Como ya te comenté, él no quiere figurar y va a proponer cómo hacerlo, pero me ha pedido una copia de la escritura de la constitución para ver qué hace", reza otro de los correos electrónicos que Trabada envió a su entonces asesor. Para los agentes de la UCO, son todo evidencias que demostrarían que estos acusados en la trama Púnica se valieron de empresas y personas cercanas para ocultar que eran los verdaderos titulares de la mercantil investigada; extremos que ya denunció el constructor confeso David Marjaliza en sede judicial.
Todo ello llevó a la Fiscalía Anticorrupción a determinar que los acusados en esta red obtuvieron más de 6 millones de euros en 'mordidas' como resultados de los contratos amañados desde el ente público Mintra y, más en concreto, a través del 'Plan de ampliación del metro de Madrid'. Por ese motivo solicitaron al magistrado instructor la imputación de César Sánchez y Cristóbal Medina, los dos empresarios que habrían canalizado el desvío de mordidas desde OHL a Bustren a través de su mercantil KV Consultores, así como la testifical de Miriam López Madrid. Propuestas ambas a las que el magistrado de refuerzo de este juzgado, Alejandro Abascal, dio el visto bueno.
En lo que respecta a los empresarios imputados, el juez les citó por los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles. Miriam López Madrid, por su parte, sí cumplió con el requerimiento del juez y explicó el pasado día 17 en sede judicial que efectivamente figuró como administradora de la sociedad Noyer Proyectos S.L. porque se lo pidió expresamente su hermano y accedió por la confianza que le tiene, aunque descartó cualquier irregularidad. El exconsejero delegado de OHL, por su parte, niega todos estos extremos y acusa directamente a los agentes de la UCO que elaboraron este informe.
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