La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una batería de escritos en el juzgado que investiga a Podemos en los que se opone categóricamente a las peticiones de las acusaciones. De este modo, el Ministerio Público descarta muchas de las diligencias solicitadas en los últimos días, entre las que se incluyen la imputación de toda la ejecutiva del partido así como de la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por los complementos salariales autorizados por el partido. Según explica, se trata de una petición que excede el ámbito de esta causa en cuyo eje central se encuentra la contratación del partido con la consultora Neurona.
En concreto la fiscal ha presentado cinco escritos ante el juzgado de instrucción número 42 de Madrid en los que da respuesta una a una a las solicitudes de las acusaciones. En primer lugar concluye que son "absolutamente innecesarias" las peticiones de Vox acerca de que se requieran los libros contables de 2017 a 2020 del administrador de Neurona, Elías Castejón. Considera que la causa se centra en esclarecer los verdaderos motivos de la contratación a esta consultora con motivo de las elecciones del 28 de abril de 2019 y por tanto "no son objeto de este procedimiento" ni lo que concierne a las cuentas de Castejón ni tampoco el rastreo de los ingresos de uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero.
El magistrado Juan José Escalonilla le imputó el pasado mes de febrero a tenor de un informe policial que alertó de posibles irregularidades en el cobro de de 26.000 euros provenientes de Neurona por trabajos de consultoría. El político compareció en sede judicial el pasado día 15 de marzo aportando la factura de este servicio que se prestó en 2018; antes de que se registrara en España la matriz de esta sociedad mexicana. Según dijo, el documento era real y no se realizó 'a posteriori' ni para encubrir este abono. En lo que respecta a Monedero la Fiscalía considera que el asunto debe quedarse aquí y que, por tanto, estaría fuera de lugar acordar más diligencias relacionadas con sus ingresos.
"No hay administración desleal"
En un segundo escrito impugna también el recurso de reforma interpuesto por la exsenadora de Podemos Celia Cánovas contra el auto por el cual se dio carpetazo al asunto de los sobresueldos en el partido. En este caso concreto, el instructor investigó las denuncias de la que fuera responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona. La abogada, despedida de la formación, expuso que se pudo haber cometido administración desleal por parte de la gerente Rocío Val y del responsable de finanzas, Daniel de Frutos, a tenor de los complementos que cobraron por motivos de coordinación y coordinación ejecutiva y que fueron de 210,32 euros y 400 euros, respectivamente. El magistrado archivó esta línea de la investigación al considerar que estas subidas salariales fueron autorizadas por el Consejo Ciudadano Estatal al ser el órgano que aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2019 en junio de 2020.
La Fiscalía, que ya pidió el cierre de esta línea, insiste en que "no existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado" y que "lo mismo puede decirse en relación al reembolso de gastos respecto de los que no existía indicio alguno de su ilicitud". Recurre a la normativa del partido para apuntalar que la gestión de recursos humanos y la patrimonial se atribuye a la gerencia y añade que, incluso aunque Val se hubiera extralimitado en sus funciones, el delito de administración desleal exige un perjuicio que no se ha determinado dado que el propio Podemos no se considera víctima de este asunto. Al respecto, declina también extender esta causa a la actual ejecutiva de la formación y a la ministra Belarre matizando que el asunto de si estas subidas salarias fueron o no éticas se debe discutir en otros foros.
Vox también pidió en su recurso que se abriera esta parte de la causa, pero la Fiscalía se mantiene firme y recuerda que los estatutos del partido que lidera Pablo Iglesias permiten a Val (también imputada) crear complementos salariales, de conformidad con sus normas. "No deja de extrañar como hemos venido manifestando reiteradamente que sea la acusación popular la que ve indicios de delito de administración desleal cuando el perjudicado, el propio partido político, no se considera como tal. Y lo hace sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna, solicitando incluso en el escrito de reforma, se considere a Ione Belarra (que certifica la regularidad de los complementos) como investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal", responde la fiscal a Vox.
En cuarto lugar la Fiscalía se opone a la petición de Vox de incluir a la investigación varios documentos aportados por una testigo relativos a expedientes sobre la contratación o el uso fraudulento de los fondos de la caja de solidaridad. De nuevo esta parte de las pesquisas las archivó el magistrado a petición de la fiscal al entender que las transferencias que se hicieron de este fondo a #404 Comunicación Popular respondían a trabajos concretos prestados por esta sociedad, detrás de la que figuran miembros de Podemos. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid admitió el recurso de la exsenadora de la formación morada y ordenó al juez seguir investigando el destino final de las donaciones de los militantes ante la sospecha de que se hubiera podido constituir una caja 'B'.
Finalmente, en su quinto escrito tumba también las pretensiones de Podemos, imputado en la causa como persona jurídica. Aunque considera que mucha de la documentación aportada por Carmona debe ser "expulsada del procedimiento" porque no guarda relación con el mismo, también les recuerda que es preciso pronunciarse acerca de tres extremos que el juez ha dado luz verde en investigar, tal y como adelantó La Información. Se trata de la presunta utilización por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de una persona a sueldo de partido como cuidadora de sus hijos, el supuesto cobro por parte de Pablo Iglesias de las costas de un procedimiento judicial y las donaciones a la Escuela Popular Pablo Freire. Estos asuntos constituyen una ampliación de la denuncia inicial que dio origen a esta causa y la Fiscalía entiende que hay que investigarlos por si revisten carácter de delito.
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