La idea de que la sepultura de Francisco Franco se instale en la cripta particular que la familia tiene en la Catedral de La Almudena, en pleno centro turístico de Madrid, ha hecho saltar todas las alarmas en el Gobierno, que busca desesperadamente el recoveco legal necesario para evitarlo, si es que es posible. A pesar de que tanto desde el Ejecutivo como desde las instituciones eclesiásticas no se quieren pronunciar de forma oficial sobre esta cuestión, fuentes cercanas al proceso aseguran que existe enorme preocupación en ambos lares.
De hecho, desde las cercanías de Moncloa hablan directamente de "conversaciones discretas" para evitar que la exhumación genere un problema mayor que el que se quiere evitar y que La Almudena se convierta en un lugar de enardecimiento del régimen del dictador. Otras fuentes, sin embargo, precisan que es el Ejecutivo quien trabaja a marchas forzadas para facilitar soluciones a la Iglesia, que poco puede hacer ante la demanda de una familia que tiene cuatro tumbas adquiridas en la cripta de la catedral. Lo que está claro es que han subido los decibelios.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, no ha querido comentar nada al respecto este lunes en un acto público, y se ha limitado a afirmar que "hemos resuelto el tema de la exhumación, pero no el de la reinhumación, así que ya veremos". Y el pasado jueves, desde la Vicepresidencia del Gobierno se admitía la complejidad legal que supone evitar que los restos lleguen a la cripta privada de La Almudena, si la familia así lo decide. Pero el objetivo declarado de tener aplicado el Real Decreto Ley de exhumación antes de final de año ha acelerado ahora las consultas entre miembros del Ejecutivo para explorar la fórmula legal que pueda evitar que los restos del dictador lleguen a la catedral.
Fuentes de Moncloa confirman a La Información que, de forma paralela a la puesta en marcha de la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos cuanto antes y sin grandes anuncios, para no generar demasiada expectación ni alarma social, en el seno del Gobierno se esta "estudiando evitar el hecho de que un punto de referencia de la capital (La Almudena), que es lugar de culto y de peregrinaje católico, pueda convertirse en un lugar donde se exalte la dictadura franquista".
La propia vicepresidenta, Carmen Calvo, viajara al Vaticano a finales de este mes para verse con el secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolin, y, aunque el tema de la exhumación de Franco no se encuentra en la agenda oficial del encuentro, la fuentes consultadas advierten que siempre puede ser un asunto que surja en la conversación. En un principio, la cita serviría más para abordar otros temas polémicos entre la Iglesia española y el Ejecutivo, como la inmatriculación que realizó de sus bienes hace más de una década, o el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en todos los edificios que no estén dedicados directamente al culto, y que ahora están exentos.
Una ofensiva anticlerical del Gobierno podría complicar las relaciones entre Moncloa y la Conferencia Episcopal, de forma que ambas partes desean un acuerdo satisfactorio con la exhumación de Franco. Hay que recordar que tras la moción de censura, fuentes del Ejecutivo se pronunciaron a favor de "adaptar el Concordato con la Santa Sede a la Constitución". Además, las tomas de posesión de los altos cargos del nuevo equipo de Sánchez ya se han realizado sin Biblia ni crucifijo.
A vueltas con el Código Canónigo
Fuentes jurídicas conocedoras de la situación han advertido que desde el Estado siempre se puede aludir a la regulación que sobre los cementerios hacer el propio Código de Derecho Canónigo para evitar que los restos de Franco sean trasladados a La Almudena, si bien se puede entrar con ello en un conflicto legal largo y tedioso que no interesa a ninguna de las partes. Los servicios jurídicos de la Iglesia y el Estado podrían analizar el capítulo quinto del Código, "de los cementerios”", que en el canon 1.242 establece que "no deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos".
El problema se encuentra en que dos cánones antes la norma establece que las iglesias y las parroquias deben tener cementerios propios o, al menos, un espacio "bendecido" en los cementerios civiles. Y de la misma manera, estipula en el canon 1.241.2, que "otras personas jurídicas o familias pueden tener su propio cementerio o panteón, que se bendecirá a juicio del Ordinario del lugar". Es decir, desde el punto de vista jurídico solo habría que demostrar que La Almudena también es una parroquia (que lo es), para fundamentar que la familia Franco puede utilizar a su antojo la cripta privada del sótano (apartada del lugar central de culto) con todas las de la ley.
Llegados a este callejón sin salida a través del Derecho Canónico, los abogados expertos en la materia consultados advierten que la única fórmula legal que le queda al Ejecutivo es legislar 'ad hoc' sobre el tema, con la justificación de la preservación del turismo en el centro de la capital, el orden público o la seguridad en zonas clave de Madrid, y así evitar la instalación de la tumba de Franco en la Catedral de Madrid, si bien son argumentos poco consistentes que pueden recibir un gran número de críticas. El recoveco legal paralelo que puede reforzar esos fundamentos, a su juicio, puede ser recurrir a la Ley de Memoria Histórica y su objetivo general de evitar la exaltación del franquismo para justificar que no se lleven los restos de Franco al centro de la capital.
Otra de las opciones que planean sobre todo el proceso negociador pasaría por convencer a la familia para que los restos de Franco se llevaran al panteón familiar del cementerio de Mingorrubio, que es donde está enterrada su esposa, Carmen Franco, junto con algunos de líderes destacados de régimen franquista, como Carrero Blanco o Arias Navarro.
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