El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ya tiene fecha para comparecer como investigado ante el juez del caso 'Tándem'. El magistrado instructor Manuel García Castellón le interrogará por su presunta participación en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo el próximo 18 de enero de 2022, junto al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker. Un día antes se iniciará una ronda de declaraciones, ya que acudirán a la Audiencia Nacional, también como investigados, el que fuera jefe de Gabinete de Iberdrola Rafael Obergozo; y el actual 'número dos', Francisco Martínez Córcoles. Asimismo, el día 20 de enero ha sido citado a declarar el representante de la filial Iberdrola Renovables Energía, imputada como persona jurídica.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, dictó el pasado 23 junio un auto en el que acordó citar a declarar como investigados por un delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil al presidente de Iberdrola y a su equipo directivo en la época en la que, a través del exjefe de Seguridad de la compañía Antonio Asenjo, se realizaron una serie de encargos al agente encubierto repartidos entre 2004 y 2017. Las declaraciones estaban previstas para principios del pasado mes de julio, pero la petición de nulidad de parte la causa que interesaron los abogados de la empresa del Ibex 35, y a la que se adhirió la defensa de su máximo responsable, provocó que estas citas se aplazaran 'sine die'.
La fecha de las declaraciones que tendrán lugar en el marco de la pieza 17 del caso 'Tándem', centrada en los presuntos trabajos de espionaje que Villarejo realizó, aún estando en servicio activo en la Policía Nacional, para proteger los intereses de Iberdrola, ya ha sido fijada en el calendario, según una providencia del juez de refuerzo Joaquín Elías Gadea, a la que ha tenido acceso a La Información. Todo ello después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional allanara el camino al magistrado instructor avalando parte de sus resoluciones y aclarando la situación procesal de la compañía eléctrica en este procedimiento.
Por un lado, los magistrados de la Sección Tercera confirmó la imputación acordada el pasado 9 de julio a la filial destinada a la energía renovables por el abono de una factura al Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, por el importe de 29.500 euros correspondientes al último servicio que prestó el comisario jubilado, el 'proyecto Wind', relativo al supuesto espionaje a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y a sus dueños, con quien la eléctrica se alió para poner en marcha un proyecto en Rumanía. Por otro lado, la Sala volvió a imputar al que fuera 'controller' de Iberdrola, José Antonio del Olmo, por un presunto delito de falsedad y devolvió la condición de perjudicada a la compañía.
La 'guerra' abierta con un exdirectivo
Precisamente esto último tiene su origen en la petición de nulidad de parte de esta línea de investigación. El equipo jurídico de Iberdrola el pasado mes de julio, tras la imputación de Sánchez Galán y la cúpula directiva, solicitó al juez García Castellón que dejara sin efecto las diligencias practicadas en el último año, ya que aún no le había dado acceso al sumario tras haber aceptado su personación en julio de 2020 como acusación particular. El magistrado instructor había asumido en dicha fecha la competencia para investigar los hechos por los que la empresa se había querellado contra el que fuera jefe de Control Corporativo ante un juzgado de Bilbao por la elaboración de un informe, que no consta registrado internamente en la compañía, en el que acusaba al presidente de Iberdrola de ser conocedor de presuntos pagos a Villarejo fuera del circuito legal de facturación.
Fue entonces cuando el juez de la Audiencia Nacional, tras recabar el informe de la Fiscalía Anticorrupción, afirmó que los hechos denunciados habían prescrito y, por tanto, archivó la querella, lo que supuso dejar a Iberdrola fuera del procedimiento como acusación. Una decisión que ahora ha sido revocada por la Sala de lo Penal y que ha llevado a Iberdrola a reclamar al juez instructor a que interrogue a su ex 'controller' cuanto antes. Cabe destacar que Del Olmo ha sido condenado recientemente por un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao por un delito de violación de secretos empresariales por sacar las facturas de la oficina sin permiso y depositarlas ante notario para su uso posterior.
No obstante, aunque en el caso 'Tándem' vuelva a estar imputado, el juez García Castellón le considera un "testigo clave" por la elaboración del informe en cuestión sobre las irregularidades en los pagos a proveedores de Seguridad, señalando el 'proyecto Arrow', cuyos trabajos se comprendieron entre los años 2004 y 2006, con el objetivo de superar los obstáculos que estaban surgiendo en la construcción y puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Indicios de facturas falsas
De hecho, el juez García Castellón, en el auto de imputación de Sánchez Galán y los otros tres directivos, sustenta gran parte de su decisión de llamarles a declarar en lo manifestado por Del Olmo en sede judicial, así como en el documento que dejó en un sobre cerrado bajo notario. También en el testimonio del exdirector de Seguridad, que, aunque negó que el presidente de Iberdrola conociera la forma de pago al agente encubierto, reconoció un sistema de facturación falsa. Asimismo, la imputación, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, llegó tras recibir un oficio policial en el que se recogen transcritas las grabaciones de las conversaciones que el comisario jubilado mantuvo con el Asenjo, en las que el agente encubierto aludió a Sánchez Galán llamándole "Don Ignacio", "el jefe", o "señorito".
Así las cosas, con las recientes resoluciones de la Sala de lo Penal, y justo después de recibir un nuevo informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que fue requerido el pasado mes de septiembre para recabar todos los indicios que consta en la causa sobre Sánchez Galán y su cúpula, el juez García Castellón ya tiene 'vía libre' para realizar estos interrogatorios que finalmente se producirán más de seis meses después de la imputación.
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