El conocimiento que tenía el Banco de España de la inviabilidad del grupo BFA Bankia y que puso de manifiesto el inspector José Antonio Casaus durante el juicio que acoge la Audiencia Nacional ha servido a las acusaciones del procedimiento para pedir al tribunal que no pase por alto su testifical e incorpore cuatro correos internos que se intercambiaron en el supervisor entre los meses de enero y abril de 2012. Entre ellos destaca el que aludía a la reunión que los inspectores que vigilaban el plan de integración mantuvieron con Rodrigo Rato dos meses antes del hundimiento de la entidad.
Precisamente a este capítulo concreto se refirió el inspector crítico con la salida a bolsa de Bankia en su testifical del pasado 9 de abril. El alto cargo del Banco de España aludió entonces no solo a la existencia de los famosos correos que incorporó a la causa en fase de instrucción sino también a otras comunicaciones que se produjeron ya después de la salida a bolsa y en las que se seguía alertando de la inviabilidad del grupo. Así lo plasma el escrito presentado por la acusación que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) recogido por este diario y que concluye que se trata de material "sumamente relevante" teniendo en cuenta que algunos de ellos se enviaron semanas antes de que se presentaran a la CNMV las cuentas anuales de 2011 sin auditar.
Por fechas, el primero que pide la acusación que se requiera al Banco de España es uno relativo al mes de enero de 2012 remitido por Casaus y en el que resumía las impresiones de su reunión con el auditor externo de Bankia Francisco Celma. Dicho encuentro, que ya fue adelantado en sede judicial por el propio socio externo de Deloitte, sirvió para que el mismo le transmitiera su preocupación ante la falta de documentación clave que necesitaba la firma para poder dar el visto bueno de los estados anuales del ejercicio anterior, especialmente en lo relativo al área inmobiliaria. Igualmente las partes pusieron sobre la mesa la hipótesis de que la pérdida esperada era inferior a la que podría producirse; tal y como aseguró el propio Casaus en su declaración.
De hecho, Casaus -cuyos correos precipitaron la imputación en fase de instrucción de la cúpula del BdE y la CNMV- aseguró que Celma le trasladó "tres cosas fundamentales": la falta de papeles para auditar las cuentas (que finalmente se presentaron al regulador sin su visto bueno), la incertidumbre en el entorno ante la inminente aprobación del segundo Real Decreto de De Guindos y la estimación por parte de la firma de que se iban a producir unas pérdidas no esperadas de 5.000 millones de euros. Extremos todos ellos que el inspector al frente de la supervisión de Bankia expuso en estos correos remitidos en 2012.
La siguiente comunicación es la que envió el exdirector del Departamento de Cajas de Ahorros del Banco de España Pedro González al que fuera director general adjunto de Supervisión Pedro Comín y a los inspectores Casaus y José Antonio Delgado en las que se hacía alusión al encuentro que mantuvieron con Rato el 6 de marzo de 2012. Dicha reunión también salió a relucir en la testifical de Casaus, el cual explicó que le comunicó "sin miedo" todo lo que opinaban en relación con la gobernanza de la entidad y la inviabilidad del grupo. "Rato respondió que estaba de acuerdo", dijo el testigo en su densa intervención.
Igualmente la acusación que ejerce la CIC quiere que el tribunal incorpore otros dos correos más relativos a los meses de marzo y de abril de ese año. En el primero se resumía la reunión que los altos cargos del supervisor mantuvieron con el exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú Pons. En dicha cita, el considerado como héroe de las tarjetas black confirmó al inspector que BFA no era viable y comunicó la intención de la cúpula de presentar un plan de reestructuración del Grupo -bautizado como 'plan Rato'- asumiendo que la cuenta de resultados de ese ejercicio iba a arrojar cuantiosas pérdidas.
El último de los correos se intercambió apenas semanas antes de que se precipitara la salida de Rato y la llegada a la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri. Lo envió el propio Casaus a su superior directo José Antonio Gracia y en el mismo desaconsejaba la aprobación de este plan de saneamiento al entender que el cálculo contemplado era insuficiente y que la generación de resultados estimada no reflejaba la realidad del negocio. En opinión de de las acusaciones, la relevancia de estos documentos es "innegable" teniendo en cuenta que los siguientes testigos en declarar la próxima semana son Pedro González y Pedro Comín. Este último además deberá responder por las manifestaciones de Casaus acerca de que le encargó que "suavizara" su informe de seguimiento previo a la salida a Bolsa ocultando la necesidad de saneamientos que cifró entre 8.000 y 10.000 millones de euros.
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