El Ejecutivo aprueba este martes un paquete de medidas de ayudas al alquiler tras el consenso alcanzado entre los socios de Gobierno para dar salida urgente a la crisis generada por el coronavirus. El real decreto que verá la luz este martes en el Consejo de Ministros incluye la posibilidad de que los inquilinos se beneficien de una quita de la deuda del 50% cuando la vivienda pertenezca a grandes tenedores y fondos de inversión. La norma también contempla que sea el Estado el que se haga cargo con fondos públicos de las deudas de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad.
La propuesta distingue entre los pequeños propietarios y los fondos de inversión, siendo estos últimos los que asumirán el impacto de la medida y los que tendrán que efectuar quitas o reestructuraciones en caso de que sus inquilinos tengan deudas. El consenso alcanzado implica además la suspensión de los procesos de desahucios para los hogares más vulnerables, es decir, que no tienen otra vivienda, por un plazo máximo de hasta medio año después desde que finalice el estado de alarma.
Los inquilinos más afectados por la crisis también se podrán acoger a una prórroga extraordinaria de seis meses de sus contratos de alquiler o a microcréditos exentos del pago de intereses o comisiones, de acuerdo con el texto del documento que ve la luz este martes. Esta financiación se podrá devolver el seis años aunque si pasado este tiempo no se reintegra la cuantía, la norma establece una prórroga de plazo de cuatro años más. Sobre este aspecto concreto el Gobierno también respalda al inquilino al ampliar las condiciones de acceso a los microcréditos siendo menos restrictivas que en aquellos casos en los que se usa el concepto de 'hogar vulnerable'.
Flexibilidad para solicitar las ayudas
De esta forma, se podrán acoger a las alternativas facilitada por el Gobierno todas las personas paradas, afectadas por ERTEs o con reducciones de jornada así como autónomos que no lleguen al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y dependientes a cargo). Además, aquellos que no puedan afrontar el pago de microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta un 100% del principal e intereses del préstamo suscrito. A ello se le suma que podrán hacerse con 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
La batería de medidas que lleva al Consejo de Ministros la cartera que dirige José Luis Ábalos no está cerrada, sino que todavía tiene pendiente de perfilar algunos flecos tales como la parte relativa a la moratoria de pago que se facilitará a los inquilinos que residan en viviendas de grandes propietarios. Con todo, se trata de una propuesta con la que se pretende aliviar el peso de la crisis para los pequeños propietarios (que son aquellos que tienen menos de ocho viviendas en arrendamiento). Aunque no hay datos oficiales, el Mitma calcula que entre el 85 % y el 90 % del mercado de alquiler está en manos de este sector que lo constituyen, en su mayoría, familias que necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades.
Por su parte, los fondos y otros grandes tenedores de vivienda también se han puesto manos a la obra en este sentido, pese a que de aprobarse finalmente el decreto deberán modificar las medidas alcanzadas. Es el caso de Lazora, que con más de 7.000 activos en todo el país anunció una moratoria de tres meses en el pago de la renta para aquellas personas que cuya situación económica se vea alterada por esta crisis sanitaria.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios