Ignacio González, a un paso del banquillo por la compra de Emissao en el caso Lezo

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado el primer paso para sentar en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El instructor del caso Lezo ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha procesado al principal acusado de este procedimiento junto con otras seis personas, entre las que se encuentra el que fuera hombre fuerte del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, por la presunta compra fraudulenta de la brasileña Emissao en el año 2013. De acuerdo con el auto del juez, el proceso "estuvo plagado de ilicitudes" y supuso un desfalco de fondos para el Canal de entre 6,4 y 9,6 millones de euros.

Los hecho serían constitutivos de delitos de fraude y malversación de caudales públicos por sacar adelante esta operativa que contó con el criterio contrario de los informes periciales de KPMG "que desvelaban las graves deficiencias de información" de la compra. Igualmente el instructor determina que se repartieron suculentas mordidas que, según expuso el magistrado en un auto de octubre de 2018, ascenderían a 5,8 millones de dólares entre "cargos públicos, personas conectadas con Inassa así como participantes en aquella operación". Ahora, el instructor determina que ese reparto ha sido de 5,4 millones de dólares.

La investigación sobre la compra de Emissao en el año 2013 por parte del Canal se investigó durante toda la instrucción en la pieza primera de la causa, la misma en la que también se indagó la compra de Inassa. Sin embargo, una vez finalizadas las pesquisas sobre la adquisición de la colombiana (que culminó con el archivo de la causa para el también exmandatario madrileño Alberto Ruiz-Gallardón), el instructor mantuvo las diligencias de Emissao en pieza separada. Las últimas han consistido en la incorporación de informes policiales y en declaraciones en sede judicial, derivaron el pasado viernes en que Anticorrupción pidiera formalmente el cierre de la misma que ahora acuerda García Castellón.

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La clave del avance de las pesquisas reside en dos aspectos principales: por un lado, las confesiones de los principales acusados del reparto de mordidas con esta operativa y, por otro, el desvío de gran parte de estos fondos a paraísos fiscales. Ya el primer instructor del caso Lezo, Eloy Velasco, apuntó en sus autos por el cual enviaba a prisión a los ahora procesados que el proceso de adquisición estuvo plagado de irregularidades y que el Canal pagó de más 25 millones de dólares con esta maniobra por la que ahora han sido procesados, además de González y Rodríguez Sobrino, el exdelegado del Gobierno de Ceuta Luis Vicente Moro; la exdirectora de negocios del Canal María Fernanda Richmond; el también exdirectivo de Inassa Diego García Arias y el empresario que vendió Emissao, Sebastiao Cristovam. Igualmente se archiva la causa para otros 14 acusados hasta el momento.

De hecho, Arias confesó ante la Justicia española que se abultó la operativa para un posterior reparto de dádivas que habría corrido a cargo de Edmundo Rodríguez Sobrino y que viajaron a paraísos fiscales (como República Dominicana) para esconder allí estas cuantías. De hecho, se han practicado comisiones rogatorias en estos lugares que han permitido el avance de las diligencias. Uno de los últimos movimientos de los investigadores fue la toma de declaración del que fuera delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro a mediados del pasado mes de julio.

El magistrado explica ahora que Moro fue el que ideó todo este proceso en el año 2012 al proponer a González que, aprovechando su alto cargo en el Gobierno madrileño, "hiciera lo necesario" para que el Canal adquiriera el 80% de Emissao mediante la sociedad Essentium "pagando un sobreprecio indebido para que pudieran repartirse comisiones ilegales". González aceptó y encomendó el encargo a Rodríguez Sobrino. A finales de mayo de 2013 elaboraron un borrador de contrato por 32,6 millones de dólares. Curiosamente, cinco meses antes Cristovam aceptó vender ese mismo porcentaje de Emissao por 23,7 millones de dólares.

Al respecto, el exalto cargo del PP (que declaró a petición propia) expuso que Rodríguez Sobrino les prometió "premios" a todos los que participaron en esta operativa de 2013. Moro confesó a puerta cerrada que a él le 'tocaron' 300.000 euros, a otros intervinientes de la operación 600.000 euros y a González, 1,8 millones de euros; hechos que este último ha negado en todo momento y que el juez considera probados. De hecho, determina que el resto cobraron 900.000 dólares cada uno a excepción de Richmond, de la cual dice que "al día de la fecha no consta que llegara a percibir ninguna comisión".

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También ha sido clave en todo este tiempo de instrucción, que arrancó en abril de 2017, la declaración que prestó el pasado mes de marzo el que fuera director financiero del Canal Luis Gonzalo González, ya que ofreció al instructor todos los detalles de esta operativa, que se efectuó mediante la sociedad pantalla de Uruguay Soluciones Andinas del Agua por motivos fiscales. Su declaración, que se produjo a petición de María Fernanda Richmond, sirvió también para esclarecer los pormenores del pago el cual, lejos de efectuarse en Brasil, se llevó a cabo en Suiza "por motivos de seguridad", según expuso el directivo en sede judicial.

Esta pieza del macroprocedimiento cuenta con numerosa documentación así como periciales acerca del verdadero valor de Emissao. Al respecto, muchos han sido los acusados que han presentado informes ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 intentando demostrar que la compra no estuvo abultada, como sostiene Anticorrupción, y que de hecho la empresa se ha revalorizado. Por ese motivo, Richmond, exdirectora financiera del Canal, apeló al bautizado como 'Dossier Emissao', incautado en el registro de su domicilio, que recogía una valoración actualizada de la empresa en 2013, según la cual el 75 por ciento de la misma tenía un valor de 41,4 millones de dólares (36,4 millones de euros).