Martes, 10.12.2019 - 23:24 h
Le atribuye delitos de malversación y fraude

Anticorrupción pide procesar a Ignacio González por la compra de Emissao

La Fiscalía culmina la investigación de esta pieza del caso Lezo y pide al juez que se juzgue a siete personas por presunto desfalco de 23 millones. 

Fotografía de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid
El magistrado levantó su acusación por la compra de Inassa en el año 2001. / EFE .

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado al frente del caso Lezo, Manuel García Castellón, que siga los pasos acometidos en la pieza de Inassa y se ponga fin a la investigación sobre la compra por parte del Canal de Isabel II de la brasileña Emissao en el año 2013. En el marco de la misma, el Ministerio Público solicita al instructor que dé los primeros pasos para sentar en el banquillo por los delitos de fraude y malversación de caudales públicos a un total de siete personas acusadas en esta parte del caso; entre ellas el expresidente madrileño Ignacio González, según confirman fuentes jurídicas a La Información.

El Ministerio Público pone fin de este modo a esta pieza primera de la macrocausa sobre las operaciones del Canal de Isabel II y pide al instructor que dicte procedimiento abreviado (previo paso a la apertura de juicio oral) contra González, presidente de la Comunidad de Madrid en el momento de los hechos y otras seis personas, entre las que se encuentran el que fuera hombre fuerte del Canal en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino; el exdelegado del Gobierno de Ceuta Luis Vicente Moro; la exdirectora de negocios del Canal María Fernanda Richmond; el también exdirectivo de Inassa Diego García Arias y el empresario que vendió Emissao, Sebastiao Cristovam.

El Ministerio Público considera que todos ellos deben responder penalmente por la operativa que habría supuesto un desfalco para las arcas del Canal de 23 millones de euros. Esta parte del procedimiento estaba a la espera de recibir los últimos informes de la Policía Judicial para tocar a su fin toda vez que en estos meses se han practicado los últimos interrogatorios en aras a esclarecer si se produjo desfalco con esta inversión de la empresa madrileña de aguas. Al respecto destaca la declaración que prestó en sede judicial Moro, el cual confirmó ante el instructor que existió un reparto de mordidas entre los participantes de la operación y que él se llevó medio millón de euros, tal y como pudo saber este diario.

Comisiones de 5,8 millones

A falta del cierre oficial de la pieza, el magistrado instructor ya apuntó hace meses que las pesquisas practicadas hasta el momento por la Policía Judicial permitieron determinar que se produjo un reparto de dádivas entre algunos de los acusados de 5,8 millones de dólares. En concreto, García Castellón expuso en octubre del pasado año que la "abundante documentación" que obraba en el sumario vendría a demostrar una sobrevaloración del precio de la operativa y que, dentro de este presupuesto, se incluyó esa partida para el reparto de "ilícitas comisiones" a "cargos públicos, personas conectadas con Inassa así como participantes en aquella operación".

También ha sido clave para el avance de la causa las comisiones rogatorias libradas en el extranjero en aras a seguir el rastro del dinero que los acusados ocultaron fuera de las fronteras del país. Al respecto destaca la declaración de Moro del pasado verano en la que explicó que ocultó 300.000 euros percibidos por participar en la compra de Emissao en cuentas bancarias de República Dominicana y que se ayudó para este cometido del exdirectivo de Inassa Diego García Arias. Las revelaciones de este último alto cargo del Canal fueron determinantes para que el Ministerio Fiscal apuntalara su acusación en tanto confesó el reparto de dádivas y que se efectuaron viajes a paraísos fiscales para depositar allí el dinero.

La versión del Canal

Los principales acusados, por su parte, han presentado durante este tiempo de instrucción -que arrancó en abril de 2017- que la compra de Emissao Engenharia e Construçoes, lejos de suponer un menoscabo para el Canal, fue una buena inversión. Para ello se apoyaron en numerosas periciales, como la aportada por KPMG, por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) o Ernest&Young. Este último lo entregó a la causa la defensa de Richmond la cual apeló también al bautizado como 'Dossier Emissao', incautado por los agentes en el registro de su domicilio, y que recogía un estudio actualizado de la empresa en 2013, según la cual el 75 por ciento de la misma tenía un valor de 41,4 millones de dólares (36,4 millones de euros).

Por su parte, el que fuera director financiero de la empresa pública de aguas Luis Gonzalo González, expuso en su declaración en calidad de testigo el pasado mes de marzo que el Canal pagó los 25 millones de dólares que costó la brasileña a cuentas de Suiza y no en Brasil por motivos de seguridad debido a la situación de inestabilidad que vive el país sudamericano. El exalto cargo del Canal, que en la actualidad figura como apoderado del mismo, explicó igualmente que en la operación medió la empresa pantalla Uruguay Soluciones Andinas del Agua por motivos fiscales pero que, en cualquier caso, se trató de una operativa ventajosa para la empresa madrileña, en la que también participaron Canal Extensia e Inassa. 

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