Nuevo giro de 180 grados en el caso Tándem. El testigo hasta ahora clave que apuntaba a la cúpula de Iberdrola por los contratos con José Manuel Villarejo es un nuevo imputado en la causa. El que fuera directivo de Riesgos en la compañía, José Antonio Del Olmo, será interrogado en sede judicial el próximo 2 de diciembre por el famoso informe que redactó en 2004 en el que alertaba de un sistema de facturas falsas para pagar los servicios de José Manuel Villarejo y del que sería conocedor José Ignacio Galán. Las últimas pesquisas y las declaraciones prestadas por los imputados de la eléctrica han llevado al instructor a cambiarle su condición dentro de un procedimiento penal en el que ha declarado, al menos, en tres ocasiones.
Así lo explica el instructor en un auto al que ha tenido acceso La Información y en el que se hace eco del testimonio aportado por el que fuera número dos de Iberdrola, José Luis San Pedro. El exdirector de Administración y Control de Iberdrola declaró en sede judicial el pasado día 10 de este mes que nadie en la cúpula de la compañía conocía de la existencia de este informe que además acabó llevándose ante la notaría de Luis Ramallo. Al respecto dijo que Del Olmo redactó este documento y lo protocolizó para cubrir su responsabilidad como controller de las facturas que se giraron a Cenyt en aquel 2004. Ahora Manuel García Castellón explica que, como "no puede descartarse la posibilidad" de esa tesis así como tampoco que lo elaborase 'ad hoc' procede imputarle en esta pieza decimoséptima del caso Tándem.
Además, el juez, que acuerda esta diligencia ante la petición formulada por Anticorrupción el 17 de noviembre, también se apoya en la documental aportada a la causa por Iberdrola y más en concreto en un informe de la dirección de Cumplimiento de junio de 2018 en el que se recoge que Del Olmo era 'controller' de validación en el procedimiento de tramitación de facturas de Iberdrola entre 2004 –año que se produjo el primer encargo al entramado de Villarejo- y 2009. Según el escrito de contestación de Iberdrola al requerimiento del juzgado, el ahora imputado también controló la factura emitida por Cenyt de 14 de febrero de 2012 por importe de 29.500 euros y que guarda relación con los “servicios de apoyo y logística de seguridad del personal en Rumanía”.
Los papeles de Iberdrola
Con todo, el magistrado recuerda que a ello hay que sumarle el conflicto vigente entre la compañía que preside Galán y este exempleado el cual apuntó que el sistema de pagos se saltó los controles de la compañía por orden entonces del exjefe de seguridad, Antonio Asenjo, apoyándose para ello en Casesa, su proveedora de seguridad. De este modo expuso que la compañía giró las facturas a Castellana de Seguridad para que fuera ésta la que abonara los pagos a las empresas de Villarejo. Los mismos ascendieron a un total de 1,1 millones de euros, según ha acreditado la investigación, por encargos que se produjeron desde 2004 hasta 2016. Tras la publicación en prensa de este documento la compañía negó su existencia y trasladó al juzgado que no se había encontrado en ningún fichero de la multinacional. Mismas conclusiones alcanzó el forensic elaborado por PwC.
Este cruce de acusaciones tuvo su derivada judicial puesto que la eléctrica le interpuso varias querellas contra Del Olmo en un juzgado de Bilbao y ante la Fiscalía Anticorrupción por falsedad en documento privado. Con todo, el juzgado de instrucción número 3 de Bilbao se inhibió a favor de la Audiencia Nacional para que fuera ésta quien investigara el asunto al tratase de "hechos conexos" a los que se indagan en este macroprocedimiento por los encargos de espionaje de Villarejo. Del Olmo, por su parte, expuso en sede judicial que plasmó estos hechos en su documento 'Contabilización de facturas anómalas por la Dirección de Seguridad Corporativa' y dijo que no dio la voz de alarma por miedo a repercusiones en su trabajo.
En su interrogatorio, Asenjo no solo se explayó acerca de todos los encargos efectuados por la eléctrica sino que hizo alusión también al enfrentamiento que mantuvo a su llegada a la compañía en 2001 con el entonces jefe de seguridad, Marcos Peña. Según expuso, su aterrizaje en Iberdrola se produjo en septiembre, unos cuatro meses después de que Sánchez Galán fuera nombrado consejero delegado bajo la presidencia de Íñigo de Oriol. Asenjo apuntó que su nuevo cargo como director de Seguridad hizo que las funciones asignadas hasta entonces a Peña quedaran relegadas a la seguridad privada de Oriol y de las centrales nucleares. Aquella situación de enemistad tiene su repercusión en este asunto en tanto Peña (que declaró como testigo en esta causa) fue la persona que llevó a Del Olmo a la notaría de su amigo, el exdiputado del PP Luis Ramallo.
¿Creado ad hoc?
Desde Iberdrola se ha puesto en duda no solo la existencia del documento sino también la finalidad de su redacción hasta el punto que así lo explicaron en sede judicial los tres cargos imputados José Luis San Pedro, Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo. Al respecto el juez explica en su auto que podría tratarse de un informe "creado ad hoc para su protocolización junto con un documento explicativo de los hechos firmados por los tres comparecientes ante el notario de Madrid Luis Ramallo", explica. Sea como fuere, los directivos imputados en la causa eliminaron las sospechas que pesan sobre Galán asegurando que desconocía lo recogido en el documento de Del Olmo y también negaron presiones a su autor para que firmara un acta el pasado mes de diciembre en el que se dejaba constancia de que el informe en cuestión no había sido encontrado dentro de la compañía.
Las confesiones del directivo díscolo con Galán en la Audiencia Nacional llevaron a los investigadores a indagar si efectivamente se produjeron pagos a Cenyt desde Casesa. Pese a que sus exdueños negaron cualquier relación con el comisario jubilado, Anticorrupión detectó un informe de Hacienda según el cual, Casesa declaró haber soportado facturación de Cenyt por importe total de 337.560 euros, de acuerdo con el sumario de la causa al que ha tenido acceso este diario. La compañía por su parte, aportó abundante documental entre la que se encuentran 17 facturas sobre los proyectos acometidos. Entre los mismos se encuentran el proyecto Arrow (en el cual se investigó un movimiento vecinal contra la instalación de una central en Cádiz); proyecto Blackboard (sobre Manuel Pizarro) o el último de todos, 'Wind'. Este consistió en investigar a la rumana Eólica Dobrogea por incumplimiento de un laudo con Iberdrola.
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