La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en las facturas de la empresa de seguridad de Iberdrola. Pese a que la que fuera proveedora de la eléctrica negó en sede judicial cualquier vínculo con el entramado empresarial de José Manuel Villarejo, los investigadores del caso Tándem le han solicitado una batería de documentación después de descubrir un informe de Hacienda que vendría a acreditar que hubo una relación contractual entre la extinta Castellana de Seguridad (Casesa) y el Grupo Cenyt en los primeros años en los que Iberdrola contrató con Villarejo.
De acuerdo con el sumario al que ha tenido acceso La Información, el Ministerio Público reclamó esta facturas a Casesa en febrero, apenas semanas después de haber escuchado en sede judicial a José Antonio del Olmo. La aparición del exdirectivo de Funciones Corporativa en esta pieza del caso Villarejo avivó el conflicto con Iberdrola al aportar un documento redactado en 2004 y que vendría a recoger un presunto circuito que la eléctrica habría diseñado con su proveedora para efectuar los pagos a Villarejo a través de esta firma. Del Olmo, que ha declarado hasta en tres ocasiones como testigo por estos hechos, aportó el documento que firmó ante el notario (y exdiputado del PP) Luis Ramallo.
Casesa e Iberdrola respondieron con sendos escritos a la Audiencia Nacional asegurando que esas facturas se correspondían con servicios reales y que incluso alguno de los trabajos justificados los podía subcontratar a proveedores perfectamente homologados. Sin embargo, según las bases de datos de la AEAT, en el ejercicio de 2004 Casesa declaró haber soportado facturación de CENYT por un importe total de 337.560 euros. Unos datos que, a juicio de los fiscales al frente del caso, confirmarían "una parte del contenido" del informe en el que Del Olmo denunció la existencia de facturas anómalas. En concreto, el documento, adelantado por El Confidencial, implicaba a Sánchez Galán en estos pagos que corresponderían con el primer encargo a Villarejo: el proyecto Arrow.
Pagos de 400.000 euros
Este trabajo contaba con un presupuesto de 469.301 euros y tenía como objetivo neutralizar a la plataforma 'No a las térmicas' por la campaña en contra que estaba impulsando en Arcos de la Frontera para evitar la instalación de una centro de ciclo combinado. Se trata de un proyecto que Iberdrola compró a la norteamericana Enron cuando ésta se declaró en quiebra, tal y como relató el exdirector de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo. El exdirectivo desligó a Galán de esta encomienda y dijo que la finalidad era controlar el ambiente hostil contra este proyecto, recalcando que contaba con todas las autorizaciones necesarias para que viera la luz.
Los que fueran dueños de Casesa, por su parte, defendieron en sede judicial los servicios prestados a Iberdrola aquellos años. Javier Saldaña y Antonio Holguín dijeron que los conceptos que recogían las facturas se correspondían con trabajos de 2004 muchos de los cuáles guardaban relación directa con cuestiones de seguridad. De hecho, y según las fuentes consultadas por este diario, expusieron ante el magistrado Manuel García Castellón que se les contrató con motivo de la Junta de Accionistas que se celebró en abril de ese año para garantizar el traslado de los directivos a Bilbao y que el evento transcurriera sin incidentes. Las facturas aportadas a la causa se emitieron entre el 1 de mayo y el 8 de septiembre de 2004 y recogen importes que oscilan entre los 23.780 euros y los 81.200. La suma total de todos los albaranes es de 402.740 euros.
¿Hubo contratos por esos servicios?
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción quiere aclarar si existió vínculo entre Casesa y Cenyt y si el mismo se produjo para encubrir los pagos que en realidad vendrían de Iberdrola. La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán siempre ha negado de este documento y ha insistido que giró un total de 17 facturas con el entramado del comisario jubilado por los encargos realizados entre 2004 y 2017 por un importe de 1,1 millones de euros. No obstante, el instructor aceptó la petición de Fiscalía y requirió a Casesa que aportara en un plazo máximo de 72 horas los contratos de estos servicios y aclarara con qué departamentos y personas de Iberdrola negociaban los importes que se plasmaban como contraprestración.
Del Olmo denunció en este sentido que la cúpula estaba al tanto del presunto sistema de facturas falsas y, de hecho, en sede judicial apuntó a los altos cargos de la eléctrica por ello. Por su parte, Asenjo expuso en su largo interrogatorio que existía una enemistad manifiesta desde su misma llegada a Iberdrola en 2001 y vinculó a Del Olmo con Marcos Peña, antecesor de Asenjo como jefe de seguridad. Se da la circunstancia de que Peña era íntimo amigo de Luis Ramallo, el notario que avaló el documento de Del Olmo. A ello hay que añadirle las denuncias que interpuso la propia Iberdrola o algunos de sus empleados como Pablo Insunza por el contenido de este documento. Algunas de ellas ya obran en el sumario de esta pieza del caso Tándem. Precisamente Insunza autorizó esta facturas en nombre de Del Olmo (de quien era su superior en 2004), de acuerdo con las entrevistas realizadas por PwC, firma encargada del forensic interno.
El actual director del Departamento de Administración es uno de los cargos que se querelló contra su excompañero por injurias. En el acto de conciliación que tuvo lugar a finales del año pasado Del Olmo se negó a llegar a un acuerdo revelando que el informe del que es autor, se firmó ante notario hace ahora 16 años. El magistrado Manuel García Castellón acordó la imputación de Insunza, Juan Carlos Rebollo (director de Administración y Control) y del exnúmero dos de la eléctrica José Luis San Pedro. En su próxima comparencia en sede judicial (que no será el lunes puesto que el magistrado ha suspendido la citación), se les preguntará no solo por la veracidad del documento sino también por si cometieron algún tipo de coacción contra este directivo díscolo de Galán al insistirle para que negara la existencia de un papel del que el forensic de PwC no ha encontrado ni rastro.
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