Miércoles, 11.12.2019 - 17:15 h
Atiende el criterio de Anticorrupción y las acusaciones

Imputada la mercantil de Pérez-Maura por el encargo de 10 millones a Villarejo

El instructor cita como investigada a Pérez y Cía S.L por contratar al entramado del comisario para frenar un proceso de extradición a Guatemala.

El excomisario Villarejo / EFE
El juez se desplazará a Estremera el próximo 10 de julio para interrogar a Villarejo. / EFE. 

El magistrado de la Audiencia Nacional al frente de las pesquisas del caso Tándem, Manuel García Castellón, ha imputado formalmente por delito de cohecho a la mercantil Pérez y Cía S.L, propiedad de los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez-Maura. El instructor atiende el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones y cita como investigada a la empresa de los navieros para el próximo 11 de julio a las 10.00 horas por el encargo de 10 millones de euros que efectuaron al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que evitara la extradición a Guatemala del primero de ellos y frenara la investigación vigente en el país centroamericano por corrupción. 

El magistrado recuerda en su auto que la mercantil contrató, al menos verbalmente desde el 21 de abril de 2016 a través de Álvaro Pérez-Maura, los servicios del entramado empresarial del comisario jubilado -en concreto con las sociedades Cenyt y Stuart&McKenzie S.L- por un importe total de 10 millones de euros si bien finalmente se abonaron desde esta empresa 7,48 millones. "Dicha contratación, de por sí presuntamente delictiva, incluía una serie de actuaciones presuntamente constitutivas a su vez de otras infracciones penales", explica el instructor en el escrito recogido por este diario.

El contrato firmado entre las partes e investigado en el marco de la pieza cuarta del macroprocedimiento, supuso unos abonos desde el 22 de abril hasta el 2 de noviembre de 2017 de 7,48 millones de euros. Los servicios acordados recogían la actuación de Villarejo en la Audiencia Nacional para frenar la entrega del naviero a Guatemala y garantizar su impunidad en la causa abierta en dicho país por la adjudicación irregular de la explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal. De cara a que su empresa Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) se garantizara la licitación, se acusa a los hermanos y otros directivos de la misma de haber acordado pagos de hasta 30 millones de dólares al entonces presidente Otto Pérez-Molina y su 'número dos' Roxana Baldetti. 

Los pagos siguieron tras explotar la causa

El magistrado hace hincapié en que la relación contractual entre las partes se mantuvo hasta el 25 de mayo del pasado año a pesar de que tanto Villarejo como Rafael Redondo permanecían en prisión desde su detención a comienzos de noviembre de 2017. Igualmente desestima la pretensión de los Pérez-Maura de no imputar a la mercantil alegando que la entidad disponía de un plan de prevención de riesgos penales que la exoneraría de rendir cuentas como persona jurídica en el procedimiento. El magistrado García Castellón, razona que se van a tener que practicar una serie de diligencias de cara a esclarecer la verdadera aplicación del programa en la mercantil y por ello lo que procede ahora es su imputación y que designe a un representante. 

El contrato suscrito con Cenyt implicaba un pago inicial ligeramente superior a los dos millones de euros más 120.000 euros mensuales, de acuerdo con el informe elaborado en el marco de esta pieza Pit por agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. En el mismo se recogía que el entramado policial -apoyado por los empresarios también investigados Adrián de la Joya y Enrique Mestre- se encargaría de analizar la información de inteligencia empresarial en España, Estados Unidos y Unidos y Guatemala de cara a "hacer frente a la crisis reputacional" que atravesaba Pérez y Cía S. L. Mismas condiciones recogía la hoja de encargo suscrita previamente entre Álvaro Pérez-Maura, como representante de la empresa ahora imputada, y Rafael Redondo, en nombre del despacho Stuart&McKenzie.

Sin embargo, y de acuerdo con los audios que obran en el sumario de la causa, los acusados en este pieza concreta expusieron en diversos encuentros mantenidos con los hermanos cántabros que su poder de influencia era tal que podrían provocar un cambio de Gobierno en Guatemala impulsando la candidatura del exembajador guatemalteco en Estados Unidos Julio Ligorría con el respaldo del exasesor de Donald Trump, Paul Manafort, con quien se reunieron en diversas ocasiones a lo largo de 2016. De hecho llegaron a exponer que con sus planes conseguirían además frenar las pesquisas que seguía Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) teniéndole engañado sobre el avance del proceso de extradición que seguía la Audiencia Nacional contra Ángel Pérez-Maura.

Tanto es así que las conversaciones interceptadas denotan cómo Villarejo y su entorno alardeaban de sus labores de espionaje. "Es que si hay alguien en este momento introducido en la Casa Blanca y con información de la Casa Blanca ese soy yo", llegó a decir Adrián de la Joya en uno de los encuentros. Con todo, el expediente de extradición incoado el 27 de abril de 2016 tramitado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 nunca llegó a prosperar tras negarse el empresario español a su entrega al país guatemalteco. Los empresarios fueron detenidos el pasado mes de mayo en el marco de un operativo auspiciado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el cual también se produjo el arresto de De la Joya, Mestre y el CEO de TCB Javier Soucheiron. Cuando pasaron a disposición judicial, todos ellos expusieron que pensaban que los pagos eran legales y que no se produjo irregularidad alguna con la contratación del grupo Cenyt.

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