Lunes, 22.07.2019 - 06:00 h
Reclamo al que se adhieren las acusaciones

La Fiscalía pide imputar a la mercantil de los Pérez-Maura por pagos a Villarejo

Pérez y Cía S.L abonó 7,5 millones de euros al entramado del comisario para que frenara el proceso de extradición de uno de ellos a Guatemala. 

El comisario Villarejo en el programa Salvados de La Sexta
El comisario jubilado José Manuel Villarejo. / EP 

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la imputación como persona jurídica por delito de cohecho de Pérez y Cía S.L, la mercantil de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura desde la que efectuaron pagos de 7,5 millones de euros al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Estos abonos responden al acuerdo suscrito entre las partes de cara a que el entorno del policía frenara el proceso de extradición a Guatemala del primero de ellos y evitara el avance de cualquier investigación en su contra, según fuentes jurídicas consultadas por este diario. 

A la petición, que ya estudia el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, se adhiere la acusación que ejerce Podemos al entender que resulta "indispensable" que se cite a la mercantil en calidad de investigada puesto que sus administradores únicos, los hermanos navieros, también están imputados en esta pieza concreta del caso 'Tándem'. El escrito basa su solicitud en el informe elaborado por agentes de la Policía Nacional y que recoge los contratos suscritos entre las partes y las transferencias efectuadas consecuencia del acuerdo alcanzado con el entramado de Villarejo y que inicialmente se cerró por 10 millones de euros. 

Los investigadores de la causa pusieron el foco en esta encomienda de los acusados de cara a que el policía entorpeciese la entrega de Ángel Pérez-Maura a Guatemala, que le solicitaba por su implicación en un caso de corrupción. En concreto, se acusa a los empresarios cántabros de acordar sobornos fijados inicialmente en 30 millones de dólares al expresidente del país centraomericano Otto Pérez-Molina para adjudicarse la explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal a través de su empresa Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB). La misma está participada en 61,20% por la mercantil cuya imputación piden ahora las acusaciones. 

De acuerdo con el informe de agentes de la Unidad de Asuntos Internos y que obra en el sumario de la causa, Pérez y Cía S.L abonó un total de 7,48 millones de euros entre abril de 2016 y noviembre del ejercicio siguiente en las cuentas de Cenyt así como de Stuart&McKenzie, sociedad integrada en el entramado empresarial del grupo. Los pagos responden al acuerdo suscrito entre ambas partes y que fue rubricado por Álvaro Pérez-Maura y Rafael Redondo, socio de los negocios de espionaje del comisario jubilado y también investigado en esta cuarta pieza de la causa, bautizada como 'Pit'. 

El contrato suscrito con Cenyt implicaba un pago inicial de 2,1 millones de euros más 120.000 euros mensuales mientras que, de acuerdo con la hoja de encargo suscrita con Stuart&McKenzie, los abonos mensuales eran de 48.000 euros al mes. A todo esto habría que sumar otro pago de 1,2 millones de euros como provisión de fondos por la supuesta contratación del entonces magistrado de la Audiencia  Nacional Baltasar Garzón, si bien no consta acreditado que refiriera dicha cuantía. El policía jubilado alardeó de sus contactos con el juez inhabilitado -a quien se referían con el sobrenombre de 'El Mago'- para que evitara que se hiciera efectiva la entrega a Guatemala. Garzón, por su parte, ha negado estos hechos. 

Plan de actuación a tres bandas

La acusación también basa su petición de imputación en las escuchas que obran en el procedimiento y que revelan que los acusados, ayudados del empresario de la jet Adrián de la Joya (a quien la Fiscalía atribuye el delito de organización criminal) precisaron con los navieros en sus múltiples reuniones que el plan de actuación se centraba en España, Guatemala y Estados Unidos. Esto es así porque les prometieron que, de cara a conseguir garantizar su impunidad, auparían a la presidencia del país centroamericano al exembajador guatemalteco Julio Ligorría ayudados por el entonces asesor de Donald Trum, Paul Manafort. Igualmente les garantizaron que evitarían el avance de las pesquisas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad que depende de la ONU. 

El encargo incluía igualmente el seguimiento de la investigación abierta en Guatemala contra Juan José Messeguer, apoderado de TCB. El empresario también estaba involucrado en los sobornos al exmandatario guatemalteco, su entonces 'número dos' Roxana Baldetti, y otros altos funcionarios para la concesión de la terminal de contenedores en esta zona estratégica del país por un plazo de 25 años. Aunque en un primer momento se negoció el pago de 3o millones dólares finalmente estipuló que 24,5 millones irían para los arriba mencionados y los "socios locales" mientras que 5 millones serían para otros mediadores apoderados "los argentinos" y medio millón para sufragar gastos.

Precisamente, por estos hechos el magistrado amplió el número de imputados en esta pieza cuarta de la macrocausa y citó a declarar a Julio Ligorría, Rafael Redondo, Villarejo (padre e hijo) y el inspector Antonio Bonilla, entre otros. Con todo, se ha visto obligado a suspender gran parte de los señalamientos previstos para esta semana, incluido el del principal acusado de Tándem, en prisión provisional desde noviembre de 2017, y quien alegó motivos de salud para no cumplir con su cita judicial señalada para el pasado miércoles.

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