Viernes, 24.11.2017 - 05:11 h
La estrategia del Gobierno en Cataluña

Interior 'blinda' aduanas, aeropuertos y nucleares en Cataluña a la espera del 155

El Gobierno aprovecha el dispositivo especial desplegado en la autonomía para asegurar las infraestructuras estratégicas ante una eventual DUI

Áreas de especial protección
     

El Ministerio del Interior ha activado un protocolo de actuación para asegurar el control de las infraestructuras estratégicas del Estado en Cataluña. Desde hace un par de semanas se ha intensificado la presencia de policías y guardias civiles en aeropuertos, puertos, centrales energéticas, dependencias de la Administración General del Estado o puestos de vigilancia aduanera. El objetivo es doble: proteger a los empleados públicos que allí desempeñan sus tareas, y que en las últimas semanas han sido víctimas de escraches y diferentes acciones de presión, y garantizar el control de infraestructuras clave para el funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña.

Las áreas de especial protección por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son las que están definidas en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, un completo documento elaborado por el recién bautizado Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Seguridad (CNPIC). En Cataluña hay más de un centenar de estas infraestructuras consideradas de vital importancia para el Estado. A saber: aeropuertos, puertos, aduanas, medios de transporte, edificios públicos del Estado...

Entre los edificios y lugares protegidos de manera especial por Policía y Guardia Civil también se incluyen las centrales nucleares situadas en la comunidad autónoma y otras instalaciones de producción energética, las depuradoras de agua, así como los edificios de los medios de comunicación de titularidad pública, desde las oficinas y platós de TVE hasta los de Tv3, según explican fuentes de Interior.

Infraestructuras estratégicas

Entre los lugares especialmente protegidos estos días por este plan específico de contingencia se encuentran tanto el aeropuerto de El Prat como las estaciones del AVE en Cataluña, como la de Sants. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconoció la semana pasada que se trata de un dispositivo diseñado "para garantizar el funcionamiento de estos servicios públicos y la seguridad de las personas", en caso de que se produjera algún tipo de ataque por parte de los independentistas. Prevención, ante todo. 

La estrategia del Gobierno tiene su dimensión preventiva. La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundación de la República que la Generalitat ha asumido como base jurídica para la independencia de Cataluña establece, entre otras medidas para que "una vez proclamada la independencia el nuevo estado pueda empezar a funcionar de forma inmediata con la máxima eficacia", la asunción de las competencias para exigir en territorio catalán todos los tributos y todas las cuotas de todo tipo del sistema de Seguridad Social y de clases pasivas y la toma de control de la vigilancia aduanera y del régimen catastral.

Según fuentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, después del 1-O empezó a reforzarse de forma progresiva la presencia policial en los diferentes puestos ubicados en Cataluña, coincidiendo con el inicio de concentraciones de protesta ante diferentes sedes de dependencias estatales y también ante el riesgo cada vez más inminente de que la Generalitat de Cataluña declarara la independencia e intentara activar las disposiciones previstas en la Ley de Transitoriedad.

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