Intervención, plurinacionalidad y politización en medios, policía y educación

La propuesta política y económica de Podemos, resumida en 98 páginas, no ha gustado a los dirigentes del PSOE, que han expresado su sorpresa y su malestar ante un texto en el que priman las medidas de control y vigilancia, estatalización y la multiplicación de organismos públicos de supervisión, además de la politización numerosos ámbitos, desde la educación, a los medios de comunicación, pasando por la justicia.

El portavoz del PSOE en el Senado,Óscar López, ha destacado que supone "una involución democrática que Iglesias proponga ahora controlarlo todo", tras plasmar en el documento Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías la intención de controlar el CNI, la Policía, los jueces, los fiscales y la televisión pública, entre otros organismos.

Si no conviene, se cambia

La reforma constitucional es una de las premisas de Podemos, pero ante una coyuntura en la que el PP tiene un 30% del electorado y es necesario para la reforma una mayoría cualificada, la formación morada plantea otras alternativas, como "activar la vía popular sobre la base del artículo 1 (soberanía del pueblo español), del artículo 23 (derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos) o del artículo 92 (referéndum consultivo)". Asegura que hay instrumentos para convocar un referéndum y que la pregunta "clara y concisa" sería acordada sólo por las fuerzas partidarias de abrir el proceso.

Politización de la lucha contra la corrupción

También despierta recelos una de las propuestas estrella del programa "del cambio": la creación de una Secretaría de Estado contra la Corrupción, que dependería orgánicamente de la vicepresidencia de Iglesias y que "velaría para que las administraciones públicas dispongan de mecanismos preventivos frente a la corrupción, trabajará de manera coordinada con la Oficina de Contrataciones Públicas, así como con el cuerpo de Interventores y Auditores del Estado, y promovería la especialización del personal funcionario para la detección y denuncia de la corrupción".

Investigaciones "impropias"

La posible "politización" de la lucha contra la corrupción genera incertidumbres entre los jueces. Según Raimundo Prado, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, "tiene que haber personas especialistas que sepan cómo se puede luchar contra la corrupción. Todos estamos de acuerdo en que cualquier conducta que afecte a los valores y principios de la sociedad debe ser totalmente erradicado. Pero los jueces, cuando tengamos que juzgar delitos por corrupción tenemos que ser independientes y no estar sometidos a presión de ningún tipo".

Cambio de la ley electoral, a la medida

Desde Podemos se aboga por reformar la LOREG y creación de las circunscripciones autonómicas. "El Gobierno del Cambio determinará las autonomías como circunscripciones electorales con una representación de diputados proporcional a su población. Este cambio permitiría reconocer el criterio de corrección territorial a fin de garantizar el efecto centraliza
dor que tendría una circunscripción única".

Memoria histórica y derechos humanos

Podemos recupera e impulsa el apartado de la memoria histórica del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pretende crear además una Oficina de Derechos Humanos del Gobierno, que gestionaría personalmente el vicepresidente -el cargo que demanda Pablo Iglesias-.

"Partiendo de la doble premisa de que la memoria es un derecho ciudadano y de que en España no se ha implementado todavía una verdadera política pública de memoria, es imprescindible un proyecto sobre memoria democrática y cultura de los derechos humanos, articulada, al igual que lo hace el derecho internacional en esta materia, en torno a la tríada memoria, verdad y justicia, de acuerdo con las recomendaciones que el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dirigió a España en julio de 2014", asegura.

El debate de la plurinacionalidad

Uno de los principales objetivos de Podemos es el reconocimiento de múltiples nacionalidades en España. Para eso, aboga por la modificación del artículo 2 de la Constitución española, para que se comprometa a reconocer y respetar la realidad plurinacional y de comunidades políticas que conforman España.

"Esta condición conlleva el establecimiento de mecanismos de concertación y bilateralidad acordes al nuevo modelo territorial que debe derivarse de este reconocimiento", señala.

Fin a la prohibición de federarse

La propuesta de Podemos recoge la supresión de la prohibición de federarse que recoge el artículo 145 de la actual Constitución.

La justicia plurinacional

También se adecuará el poder judicial a la realidad plurinacional. "Se considera necesaria una reforma del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional a fin de que incluya la participación de los gobiernos de las naciones y comunidades políticas que lo deseen en la elección de sus miembros y en el proceso de conformación de un nuevo modelo territorial y de creación de un Tribunal de arbitraje competencial".

Control y auditoría del sistema judicial

Aseguran que pretenden restaurar el principio de justicia universal "suprimido por el Partido Popular en el año 2014. Es del todo inadmisible que crímenes cometidos contra la humanidad queden impunes, lo que vacía de contenido derechos constitucionales básicos, tales como el acceso a la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos de las víctimas", admiten.

Entre otras medias, pretenden una auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar una fotografía constructiva y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que precisen refuerzo, de manera que se establezcan criterios de optimización de los recursos.

Revisión de los contenidos educativos y plurinacionalidad

Podemos aboga por la revisión de los contenidos educativos en las materias de historia y ciencias sociales "para integrar una visión plurinacional del proceso de construcción y ordenación del Estado con el objetivo de superar la visión homogeneizadora de la historia de España".

Un cuerpo de policía, al mando del vicepresidente

Iglesias pretende la creación de una nueva fuerza policial adscrita al vicepresidente de forma orgánica. En su documento asegura que "es necesario que los jueces y fiscales dispongan de una auténtica policía judicial, con una dependencia funcional —que no orgánica—, de forma que permita tener el control de las investigaciones policiales que en cada instrucción o procedimiento penal deban realizarse, así como el control directo de medios personales y materia les aplicados, de los tiempos y de los dispositivos policiales utilizados para el buen fin del procedimiento.

Control y vigilancia de las empresas

Del control gubernamental no se librarán tampoco las empresas, que tendrán vigilantes y organismos supervisores en varios ámbitos. Así, se propone la creación de una comisión estatal de seguimiento y control de los planes de igualdad en las empresas, con capacidad de trasladar propuestas para eliminar las discriminaciones, así como una comisión estatal de seguimiento de la lucha contra el acoso laboral.

Supervisión y participación en los medios

Entre las medidas propuestas por Podemos, se apunta a que los miembros del Consejo de Administración de RTVE accederán por concurso público y deberán ser ratificados por el Congreso.

Además, el Presidente será elegido en función de su proyecto de futuro, en el que detalle la reforma de la corporación que propone, y deberá serratificado por mayoría cualificada de 2/3.

"Los representantes de los trabajadores en el Consejo de Administración se elegirán por votación directa específica como ocurre con el Consejo de Informativos, el referéndum acerca del Jefe de Informativos pasará a tener carácter vinculante y la elección del Defensor de la Audiencia por parte de la ciudadanía, en votación directa a través de medios interactivos", apunta (formará parte del Consejo de Administración y rotará cada tres años).

Además, abre la puerta a participación popular en TVE, creando un Consejo Social amplio y con competencias a través del cual la sociedad civil pueda decidir los principios de gestión de la radiotelevisión pública y vigilar su cumplimiento.

También impondrán restricciones y controles para una gestión eficaz y transparente. Así, "para cortar de raíz con la opacidad y los alarmantes casos de corrupción, se adoptará un estricto código de transparencia e incompatibilidades".

Con relación al resto de medios audiosivuales, abogan por la gestión del espectro radioeléctrico con un proceso transparente, inclusivo y objetivo a la altura de los estándares europeos para la adjudicación de concesiones con criterio pluralista, de manera que garantice un reparto equilibrado del radioespectro como bien común limitado y evite fenómenos de concentración mediática.

Además, proponen la creación de un consejo del audiovisual independiente integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), similar a los que existen en la mayoría de los países europeos.

Por último, instan al cumplimiento de la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual en lo relativo al reconocimiento del tercer sector de la comunicación (medios comunitarios sin ánimo de lucro), cuyo papel dinamizador y democratizador debe fomentarse y protegerse como hacen la mayoría de los países en Europa, siguiendo las recomendaciones marcadas por la Unesco.