Juego de tronos en el TC: el pago de favores domina las nuevas entradas

El tinte político de las nuevas incorporaciones en el Tribunal Constitucional ha sido uno de los aspectos más criticados en el seno del sector jurídico, que conocía la noticia de sus nombres la noche del pasado jueves. La vinculación política de los cuatro nuevos magistrados del tribunal de garantías ha hecho saltar las alarmas sobre que PSOE y PP han utilizado la renovación de esta institución para “pagar favores”, en vez de atender a los criterios objetivos de mérito y capacidad de muchos de los candidatos puestos encima de la mesa de negociación.

A una parte de los expertos, juristas y jueces consultados por La Información no les ha cogido por sorpresa que los magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Juan Ramón Sáez Valcarcel; la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Inmaculada Montalbán; y el letrado de las Cortes Generales Enrique Arnaldo, sean los elegidos para sustituir a los cuatros magistrados del órgano de garantías cuyo mandato caducó hace dos años. Precisamente porque han sido escogidos por formaciones políticas, indican, y porque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, sino que está sometido a la Constitución y a su propia Ley Orgánica.

Mira también

El magistrado que absolvió a Trapero y la juez apartada en Gürtel llegan al TC

Este último punto es el que subraya la otra parte del sector, el crítico con los cuatro elegidos, para resaltar el hecho de que tres de ellos sean jueces y sólo uno sea catedrático en Derecho Constitucional, que es el caso de Arnaldo. Según recuerdan estas fuentes jurídicas, el Tribunal Constitucional “lleva el apellido de tribunal de garantías” porque es el único órgano que puede ‘controlar’ los tres Poderes del Estado, pues, por un lado, interpreta si las resoluciones que adoptan los tribunales, y en el última instancia el Tribunal Supremo, son conforme a la Carta Magna y los derechos fundamentales. De hecho, destacan el caso de los dos magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que aspiraron a ser miembros del Alto Tribunal y, que sin llegar a conseguirlo, ahora pasarán a revisar sus sentencias.

Por el otro lado, el Constitucional, a través de los recursos de inconstitucionalidad, tiene la capacidad de avalar o anular las leyes aprobadas por las Cortes generales y parlamentos autonómicos. Y lo mismo ocurre con muchas actuaciones del Poder Ejecutivo, que también acaban recayendo en este tribunal, como ha ocurrido con los estados de alarma decretados por la pandemia de coronavirus. Aún así, ambos bloques del sector jurídico aplauden que el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, hayan encontrado consenso para hacer una elección que cumpla las expectativas de paridad. Así, una vez tomen posesión Espejel y Montalbán, serán tres las mujeres que integren el Pleno del Tribunal Constitucional, junto a María Luisa Balaguer, ganando solo una figura femenina, pues la actual vicepresidenta, Encarnación Roca, es una de las magistrados salientes.

Lo cierto es que las normas establecen que los miembros del Tribunal Constitucional han de ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función. Unos requisitos que no parecen incumplir los cuatro elegidos por el Gobierno y los ‘populares’. 

Las supuestas 'cercanías'

No obstante, a las fuentes consultadas les llama poderosamente la atención la vinculación política de todos ellos, así como que todos han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aún sigue sin renovarse. Así, en el caso de Enrique Arnaldo, letrado de las Cortes, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y habitual colaborador de la Fundación FAES, las fuentes destacan su cercanía al consejero madrileño del PP Enrique López, a quien defendió en unas diligencias abiertas en un juzgado de Madrid por un incidente de tráfico después de que la Policía le pillara conduciendo su moto sin casco y ebrio, motivo por el que presentó su dimisión como magistrado del TC.

Asimismo, en las últimas horas se ha destapado en varios medios de comunicación que Arnaldo también tuvo cierta relación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, pues aparece en los audios del ‘caso Lezo’, que se investiga en la Audiencia Nacional, en los que hablaría de realizar gestiones para colocar a un Fiscal General del Estado, en sustitución de Consuelo Madrigal, que fuera “bueno” y no le perjudicara en las investigaciones sobre el ático que el exdirigente madrileño tenía en Estepona (Málaga).

En el caso de Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, resalta su afinidad al PP. Por ello, ante las dudas de falta de apariencia de imparcialidad, fue 'apartada', junto a Enrique López, del tribunal que juzgó el 'caso Gürtel', una de las principales tramas de corrupción de este país. A esta magistrada también le persigue una de las frases que pronunció la exsecretaria general de los 'populares' María Dolores de Cospedal, siendo todavía presidenta de Castilla-La Mancha, cuando le entregó la medalla dela Orden de San Raimundo de Peñafort. "Querida Concha", dijo con afecto.

Por la parte del PSOE entrarán en el Tribunal Constitucional los magistrados Juan Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán. Las fuentes jurídicas consultadas recalcan del primero, experto en Derecho Procesal Penal, los derechos humanos, la justicia universal y los crímenes internacionales, la amistad con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. De la magistrada del TSJ andaluz subrayan su "importante perfil técnico" como experta en violencia de género, pues fue la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, pero también su coincidencia en el CGPJ con la ministra de Justicia, Pilar Llop, donde fue letrada del Gabinete Técnico del CGPJ.