Jorge Fernández Díaz se planta en el caso Villarejo. El exministro del Interior ha remitido un duro escrito al magistrado para oponerse a su último encargo a la Policía. Manuel García Castellón, que trata de esclarecer quien ordenó el operativo de espionaje a Luis Bárcenas, pidió hace unos días a la Unidad de Asuntos Internos que informara si se podrían practicar nuevas diligencias sobre el dispositivo antes de devolvérselo a su dueño. Ahora, el exministro responde al instructor del caso Villarejo que es un encargo "improcedente".
El pasado mes de noviembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le requirió su teléfono móvil en busca de los famosos SMS que Francisco Martínez dijo que recibió de él con instrucciones concisas sobre el espionaje al extesorero del PP. Esta acusación ha sido rechazada en muchas ocasiones por Fernández Díaz, el cual también se ha desligado por completo de esta operación que se puso en marcha para sustraer a Bárcenas documentación comprometedora del partido en el que trabajó más de tres décadas. Tras el careo acordado por el magistrado y que enfrentó a la excúpula de Interior, se le requirió el teléfono móvil al ministro del Gobierno de Mariano Rajoy.
Tres meses después, en una diligencia del juzgado, se ordenó a la Policía Judicial de esta macrocausa que informase sobre diligencias que se pudieran practicar en la causa antes de devolver el teléfono a su dueño. Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso La Información, la defensa de Fernández Díaz explica que, con esta orden, se están vulnerando "los principios de legalidad y de seguridad jurídica". Además, dice que un encargo de este calibre, en la que se buscan unos mensajes concretos, no lo puede acordar el letrado de la Administración de Justicia sino que tiene que ser el propio magistrado el que lo ordene. Además, dice que no debiera ser la Policía la que informara de las pruebas que se pueden practicar sino que tiene que hacerlo el magistrado.
El abogado del exministro explica que, cuando el juez le pidió el teléfono y cuando solicitó identificarlo, lo hizo mediante dos autos en los que delimitaba el alcance de la orden. La misma se ceñía exclusivamente a contrastar si los SMS y Whatsapps que Francisco Martínez llevó ante notario eran de su superior jerárquico. "Siendo así, en ningún caso procede condicionar ahora la devolución del teléfono móvil a la práctica de 'nuevas diligencias' que no se concretan ni motivan y que parece han de ser sugeridas o solicitadas por la UAI del Cuerpo Nacional de Policía", explica.
"Por otra parte, tal requerimiento genérico, constituye una diligencia de investigación claramente prospectiva", dice el escrito, el cual añade que se está vulnerando su derecho a la intimidad. Según explica, este encargo de analizar de manera tan genérica el contenido de un teléfono vulnera este derecho porque no se delimita la investigación. "Huelga decir que dicho terminal puede contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos que son objeto de investigación en esta causa", añade. Según apunta, el estudio del terminal se hizo en enero comprobándose que no estaban los mensajes denunciados por su subordinado en la Secretaría de Estado de Seguridad.
Declarará el perito
En su empeño por demostrar que no es el autor de los mensajes registrados, encargó una pericial sobre las actas notariales de estos SMS. El perito informático Javier Rubio Alamillo concluyó que dichos mensajes que provocaron su imputación en la séptima pieza del caso Villarejo pudieron llegar al notario manipulados por parte de Francisco Martínez. Según expuso, los pantallazos aportados presentaban diferente morfología, lo cual implica que se tratarían de distintas aplicaciones. "Cabría presumir que se habría producido un 'cambiazo' entre aplicaciones del terminal", concluyó. Semanas después de estudiar este trabajo, el magistrado García Castellón ha dado luz verde para que declare en la Audiencia Nacional y explique en persona los motivos que le llevaron a desacreditar los mensajes de Martínez.
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