Fuego cruzado en el caso Púnica. La irrupción de Luis Bárcenas atribuyendo el cobro de dinero negro a Esperanza Aguirre para la campaña electoral de 2007 ha provocado la reacción no solo de la exmandataria regional sino también de uno de sus entonces hombres de confianza. Francisco Granados ha respondido con dureza al testimonio del extesorero y ha pedido al magistrado que dé luz verde a un careo con el extesorero popular. Su defensa asegura que el exconsejero madrileño nunca estuvo en la reunión a la que aludió el exgerente y apunta a un relato orquestado sin pruebas que lo respalden para incriminar a sus antiguos compañeros de filas en la recta final de esta causa.
Así consta en un escrito remitido a la causa y al que ha tenido acceso La Información en el que añade además que, pese a hacer alusión a la existencia de más pruebas de la caja 'B', ninguna tendría que ver con la trama Púnica. Según explica, Bárcenas negó en sede judicial que tuviera grabaciones o anotaciones que evidenciaran el circuito de pagos ilegales en el PP madrileño y matizó que, la referencia a las cajas de documentación que dijo atesorar "afectaba a piezas distintas" a esta causa. "De las manifestaciones efectuadas por el Sr. Bárcenas ha de concluirse que no dispone de ningún medio de prueba en apoyo de lo declarado. Prueba de cualquier índole o naturaleza, inclusive grabaciones tan traídas y llevadas en otras piezas y causas", dice Granados antes de pedir al juez un cara a cara con el exsenador.
Bárcenas, que compareció a petición propia tras anunciar que va a colaborar con la Justicia, explicó en su declaración que no contaba con evidencias que respaldasen su relato ya que éstas le fueron sustraídas en el marco de la trama que Villarejo bautizó como 'operación Kitchen'. Según expuso, fue testigo de un pago que el empresario Luis Gálvez (dueño de la constructora Ploder) efectuó al fallecido Álvaro Lapuerta. Explicó que le hizo entrega de un sobre con 60.000 euros dentro que iría destinado a la campaña de Aguirre. Acto seguido, ambos exgerentes de la formación bajaron a la planta del PP madrileño en Génova y entregaron este dinero a la expresidenta regional en presencia, según dijo, de Granados. Unas manifestaciones que el letrado del también exalcalde de Valdemoro tacha de "falsas" e "inciertas".
"Plan establecido"
"Es tremendamente curioso que el único testigo traído a colación, en cuanto al cobro alegado, lo fuera el desgraciadamente fallecido Álvaro Lapuerta", responde ahora Granados el cual recuerda que es "ilógico" incluirle en una reunión relativa a una campaña electoral cuando él no ostentaba ese cargo. "El secretario de campaña en aquel momento era Ignacio González", alega. De este modo apunta a la existencia de un "plan establecido" y a que recibió "instrucciones" detalladas en aras a 'atar' las pruebas incriminatorias contra los principales imputados en esta causa que encara ya su séptimo año de instrucción en la Audiencia Nacional. "En definitiva, nos encontramos antes una declaración testifical con mucho bombo y revuelo mediático, pero sin relevancia alguna para estas diligencias", apunta.
Durante su declaración, el abogado de Granados preguntó a Bárcenas si fue testigo de más pagos y si entregó él en mano el sobre con el dinero de la constructora, a lo que éste respondió que no y que solo acompañaba a Lapuerta. No obstante, pidió en ese momento al juez que cortara la testifical y que le citara como imputado al verse incriminado en esta supuesta dinámica ilegal, pero Manuel García Castellón declinó la solicitud. Con todo, ahora recuerda que se le insistió mucho a Bárcenas en aras a esclarecer si fue testigo de cualquier otro pago de este calibre a lo que él respondió que únicamente presenció este episodio, que primero fechó en 2008 y, después, rectificó. Para Granados las fechas son clave ya que, según expone, si esa parte es cierta, esa reunión se tuvo que producir antes de las elecciones autonómicas de 2007 que es para las que, según dijo Bárcenas, iba destinado el dinero.
El castigo legal de las donaciones
"Si el pago se tratare para la financiación de la campaña de Esperanza Aguirre solo podía referirse al año 2007 y no al 2008, ya que Aguirre, salvo error u omisión, solo se presentó a la elecciones municipales y autonómicas, en mes de mayo del año 2007, no habiéndose presentado en el año 2008 a las elecciones europeas, por lo que la referencia que trata de hacer al año 2008 es falsa, incierta e irrelevante", dice. Advierte además que en la fecha que alude Bárcenas todavía no había entrado en vigor la modificación de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos, la cual data de julio de ese año. De manera que en aquel momento la entrega de la donación que superaría el límite legal de aportaciones que puede recibir un partido político, no estaba tipificada como infracción penal y por tanto no sería constitutiva de delito.
Granados insiste en que esta declaración tiene más fondo mediático que otra cosa y recuerda que la investigación se está eternizando sin que se avance hacia el cierre de la misma. "(Mi representado ha sufrido) casi 3 años de prisión, acusándosele, entre otras cosas, de haberse apropiado de 700 millones de euros para que los últimos informes hagan referencia a cantidades irrisorias que son patrimonio personal", explica. Con todo, no es el único imputado en la causa que ha reaccionado a las confesiones del extesorero. Nada más concluir su testimonio en sede judicial, Aguirre anunció que interpondría una querella criminal contra él por falsedad de testimonio. El nuevo abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, contraatacó y anunció acciones legales contra Aguirre por acusarle de urdir esta declaración con el único fin de ayudar a la que sería su pareja Isabel Jordán. La exempleada de una de las empresas de Francisco Correa fue condenada en el mismo juicio de Gürtel que también sentó en el banquillo a Bárcenas.
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