La Abogacía del Estado solicita a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, la pena de 25 años de prisión por los delitos de falsificación en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y un delito de frustración en la ejecución. Además pide el pago de 7.768.129,74 euros de responsabilidad civil por la defraudación del IRPF en los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2012, a los que tendrá que hacer frente de forma conjunta y solidaria con su exmujer, Mercé Gironés.
Los servicios jurídicos del Estado han presentado su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso La Información, en el que excluye al expresidente catalán de cualquier tipo de responsabilidad en el origen presuntamente ilícito de la fortuna de la familia Pujol. El entonces juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata procesó a toda la familia por formar presuntamente una organización criminal para acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas". Todo ello, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas". Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión para Jordi Pujol y hasta 29 años de cárcel para su primogénito.
La Abogacía del Estado llega a esta misma conclusión, pues asegura que la investigación ha puesto de manifiesto que a lo largo de los años los miembros de la familia Pujol allegaron grandes cantidades de dinero, prevaliéndose del cargo que el padre ostentó como presidente de la Generalitat de Cataluña, entre 1980 y2003. Unas "cantidades que distribuyeron entre sí los miembros de la familia, manteniéndolas ocultas a la Hacienda Pública sin tributar por ellas". No obstante, subraya que "la dirección operativa de la captación y distribución de los fondos fue asumida por Jordi Pujol Ferrusola junto con su madre, Marta Ferrusola Lladós", cuyo sobreseimiento provisional fue acordado el pasado mes de mayo por su situación médica.
El 'modus operandi' para reunir "grandes sumas de dinero"
A lo largo de 70 páginas, la abogada del Estado Rosa María Seoane detalla el 'modus operandi' y explica los "sistemáticos repartos de dinero entre las cuentas andorranas de la familia, vía transferencia o mediante ingresos en efectivo". "Lo habitual era que Jordi Pujol Ferrusola fuera el receptor inmediato de grandes sumas de dinero, tanto en efectivo como vía transferencia en sus cuentas" de la entidad Andbank y seguidamente realizara el traspaso de las cantidades a las cuentas que tenían el resto de sus hermanos y su madre en el mismo banco.
A ello, se añade los ingresos en metálico que se hacían directamente en cuentas de terceros, sin pasar por cuentas de sus titulares, o el movimiento de capitales a otras jurisdicciones, algunas de ellas consideradas 'offshore', para garantizar al máximo la opacidad del dinero, indica la Abogacía del Estado. Asimismo, el escrito de acusación provisional apunta que se valieron de "mecanismos ilícitos de compensación internacional, con plena cooperación de los gestores de la entidad bancaria andorrana" y que se recurrió a los servicios de "cualificados profesionales o expertos en la creación de estructuras comerciales" para aflorar el dinero obtenido presuntamente de manera ilícita y su integración en negocios legales.
Para atribuir la dirección de toda este operativa al primogénito de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, los servicios jurídicos del Estado precisan que todos los miembros de la familia, simultáneamente, siguieron las instrucciones de éste y años después de abrir las cuentas en la antigua Banca Reig, las cancelaron, sacando el dinero en efectivo "para tratar de impedir la trazabilidad de los fondos", y moviéndolo a nuevas cuentas abiertas en BPA.
Continúa relatando el escrito que en un momento posterior, varios de los miembros de la familia, "organizadamente, y de acuerdo aparentemente con los responsables de la entidad bancaria", adquirieron estructuras societarias absolutamente opacas a las que transfirieron sus capitales, ocultándolos al fisco español. A finales de 2014, terminaron cerrando, simultáneamente, estas estructuras fiduciarias, si bien, previamente algunos miembros de la familia Pujol habían regularizado su situación tributaria, acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012.
No acusa a todos los miembros de la familia
La Abogacía del Estado no acusa a los hijos del expresidente catalán Oriol, Pere, Marta, Mireia y Oleguer -quien está investigado en otra pieza separada de esta causa sobre negocios inmobiliarios-, pero sí a Jordi y Josep. Sobre este último, indica que presentó una declaración tributaria especial "de forma incompleta e inexacta". A juicio de la acusación, tuvo una ganancia patrimonial no justificada por el importe de 800.000 euros, ya que no se ha acreditado "por ningún medio" el préstamo entre éste y el empresario Jorge Barrigón Lafita con el que se pretende amparar este ingreso. Así, solicita 18 meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública correspondiente con al IRPF del año 2010, así como otros tres años de cárcel por falsedad documental para Josep Pujol.
En cuanto a Jordi Pujol Ferrusola, la Abogacía del Estado asegura que directamente no hizo ninguna regularización de su situación fiscal. "Lo que hizo fue continuar con la estrategia de ocultar sus fondos, canalizándolos en ese momento hacia México", incluso una vez que ya se inició la investigación. En este sentido, recalca que el embolsamiento se articuló a través de sociedades "meramente instrumentales, carentes de medios personales ni materiales suficientes ni adecuados para prestar ningún servicio". Para ello contó con la "imprescindible colaboración" de quien era su cónyuge, Mercé Gironés, por lo que pide para ella 17 años y medio de cárcel por los mismos delitos que al hijo mayor del expresidente catalán, así como que haga frente de forma conjunta y solidaria de los más de 7 millones de euros que se reclaman.
Por último, la acusación también se dirige contra el exdirector de la Radio Televisión de Andorra y presunto testaferro de Jordi Pujol Ferrusola, Francesc Robert Ribe; y los empresarios Bernardo Domínguez Cereceres, José Barrigón Lafita, Gustavo Buesa Ibáñez, Josep Mayola Comadira, Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol, Josep Cornado Mateu, Alejandro Guerrero Kandler y Carlos Villarrubí Carrió, para quienes interesa dos años de cárcel por el delito de falsificación en documento mercantil.
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