La familia Pujol ya tiene sobre la mesa las peticiones del Ministerio Público por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad, contra la Hacienda y frustración de la ejecución. La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel para Jordi Pujol i Soley, expresidente de la Generalitat de Cataluña, hasta 29 años para Jordi Pujol Ferrusola, 10 años para Josep Pujol Ferrusola y nueve años para sus otros cinco hijos. A los empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil, según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal.
No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado el caso Pujol, por motivos de salud, para Marta Ferrusola, que evitará así ir a juicio. Unas semanas después de que la Audiencia Nacional avalase juzgar a la familia por estos delitos, como había propuesto el anterior magistrado instructor, Marta Ferrusola sale de la causa, como así solicitó hace tiempo debido a la demencia que sufre.
Su defensa presentó a inicios de año un informe de la unidad de neurología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona que certifica que Ferrusola padece alzhéimer desde 2018, enfermedad que se ha visto agravada por un accidente doméstico el pasado mes de agosto, y pidió que se la sometiese a un examen forense para acreditarlo.
Multas millonarias
En cuanto a las multas que solicitan para el clan, el Ministerio Público interesa la más alta para el mayor de los hermanos Pujol, para el que pide 6,84 millones de euros sobre todo por delitos contra la Hacienda Pública, mientras que para su ex mujer Mercé Gironés la cantidad asciende a 668.000 euros, para Josep Pujol 932.000 euros y para el patriarca asciende a 204.000 euros.
A estas cantidades hay que añadir las reflejadas en el apartado de blanqueo de capitales, en el que Fiscalía indica que la multa debe ser de las cantidades de las que dispusieron todos ellos (los siete hermanos, el padre y Gironés) que ascendieron a 38.7 millones de euros; 8,17 millones de dólares americanos; 2,73 millones de dólares mexicanos y 95.344 libras esterlinas.
Para los empresarios acusados en esta causa, el Ministerio Público pide penas de dos y tres años por delitos de falsedad en documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales y les impone multas que van desde los 200.000 euros a los 8 millones de euros. Sobre el patriarca del clan, Jordi Pujol Soley, el escrito señala que acordó con su cónyuge, Marta Ferrusola -exonerada por su situación médica-, que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus siete hijos, en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank. Igualmente, concluye Anticorrupción que los padres acordaron que fuera su primogénito Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia.
Se aprovechó de su posición política
Así, según el relato de la Fiscalía el entonces president aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual su primer hijo y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC. El patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años.
Unos, Pujol Soley y su cónyuge, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusola, gestionando los beneficios de la actividad descrita; otros, finalmente, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación. Entre estas mecánicas, la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra, tal y como se relata detalladamente en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación de estos hechos costó siete años y concluyó en julio de 2020, cuando el juez José de la Mata puso fin a la investigación de la pieza principal del caso contra toda la familia Pujol Ferrusola y otra decena de personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales.
No se ha acreditado la herencia del abuelo
La procedencia del patrimonio, según concluyó el juez en su auto de procesamiento proviene de distintas fuentes que en algún caso es desconocida, si bien destaca que existen "indicios sólidos" que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florenci Pujol. El juez llegó a tiladar de "paradójico" que los investigados nieguen tener "conocimiento del lugar donde estuvo el legado, la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado, el momento y forma en que llegó a Andorra y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades)".
En otras ocasiones el origen de los fondos estaría presuntamente en los supuestos pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, las cuales realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Finalmente otros pagos se verificaban simplemente según el juez instructor para "congraciarse" con la familia o para "mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales".
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