Domingo, 24.03.2019 - 15:27 h
Diez años después de que estallara el caso

La AN condena al PP por lucrarse en Gürtel e impone a su extesorero 33 años

La sección segunda castiga con 51 años a Correa y 37 a Crespo. La exministra Ana Mato y la propia formación, sentenciadas como partícipes lucrativos

Bárcenas contra Correa: Se inventó las comisiones para perjudicarle a él y al PP
Luis Bárcenas, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Francisco Correa durante el juicio

La primera sentencia del caso Gürtel, la principal trama de corrupción que afectó al PP, golpea en el corazón al partido del presidente Mariano Rajoy. La sección segunda ha condenado a la propia formación como partícipe a título lucrativo de los delitos del grupo dirigido por Francisco Correa y ha impuesto a su exgerente y extesorero, Luis Bárcenas -la persona que dirigió durante años sus finanzas-, una pena de 33 años de cárcel y una multa que supera los 44 millones de euros. La mayor pena, ha ido, sin embargo al propio cabecilla de la trama, Francisco Correa, que acumula 51 años más de cárcel. Su número dos, Pablo Crespo, ha sido condenado a 37 años mientras que el que supuesto líder del grupo en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha salido absuelto.

La sentencia llega diez años después de que estallara el caso. El tribunal ha condenado a 29 de los 37 acusados a un total de 351 años de prisión por los delitos cometidos entre 1999-2005 (la llamada Época I). Los delitos apreciados son los de asociación ilícita, fraude a la administración, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal. La resolución cuenta con un voto particular del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que se ha opuesto frente a sus compañeros a la condena del partido por lucrarse de los delitos de la trama.

Gürtel

Las condenas más altas van para Correa, Crespo y Bárcenas, pero también para el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, sentenciado a 38 años. El exconsejero madrileño de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo se lleva 31 años y nueve meses, el contable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo, 17 años y siete meses; 15 años y un mes para Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas. El exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, es castigado con 14 años y 4 meses, una pena similar a la exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano.

La Época I de Gürtel se centró en los delitos cometidos en la localidad malagueña de Estepona, y en los municipios madrileños de Majadahonda, Pozuelo y la propia capital, así como en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León. El tribunal considera que entre 1999 y 2005, los años analizados, existió "una estructura de colaboración estable" entre el PP y el grupo de Correa consistente en la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos... Pero, según la sentencia, en paralelo se creó un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido".

Las empresas de Correa y otras, con el apoyo de los cargos públicos condenados, estaban "enchufados" en los contratos públicos a los que concurrían e inflaban los precios que se cobraban de las distintas administraciones para lucrarse a costa del erario público. Otras veces obtenían comisiones cuando las adjudicatarias de los concursos eran terceras empresas que acudían al entramado, comisiones que luego se repartían entre los miembros de Gürtel y los cargos implicados, que no solo recibían dinero, sino otro tipo de regalos como eventos, viajes, fiestas, celebraciones...

La caja B del PP

La sentencia también se refiere a la Caja B del partido, objeto de otra de la piezas del caso cuya instrucción lleva todavía el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. Parte de las cantidades malversadas de las administraciones implicadas iban a esa contabilidad en negro de la formación del Gobierno "una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas". En estas últimas "se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a miembros relevantes del partido". Entre las personas que supuestamente cobraron esas cantidades se encuentra el propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas, condenado a 33 años, aparece como una pieza fundamental de la trama. Con su presencia desde dentro del partido podía acercarse a los cargos públicos implicados en los contratos públicos a amañar a favor de Correa y otros empresarios. El exgerente y extesorero era quien hacía las gestiones necesarias "para que las adjudicaciones recayeran en el concreto empresario que les interesaba, en cuya ejecución se incluían los incrementos correspondientes, que luego eran repartidos de la manera que se tenía establecida", mantienen los magistrados.

El dinero que llegó a mantener en Suiza -en torno a 44 millones- era fruto de las comisiones que recibió por estas gestiones ilegales para conseguir adjudicaciones irregulares. Bárcenas se apropió también de la Caja B del partido, razón por la que se le condena por apropiación indebida pese a que el PP no haya reclamado esos fondos.

El PP pagará 245.492 euros de multa

La condena del PP como partícipe a título lucrativo se debe a los actos electorales que sufragaron las empresas de Correa en Majadahonda y Pozuelo, cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran los candidatos a alcaldes de esos municipios. Los actos delictivos descritos en la resolución, afirman los magistrados, "produjeron beneficios económicos cuantificables al PP, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido".

La formación tendrá que abonar 133.628,48 euros por los actos de Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado. En total, la cantidad que deberá devolver a la Administración el partido asciende a 245.492 euros.

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