La audiencia permite finalmente que mas declare por videoconferencia en el juicio por el cerco al ‘parlament’

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido permitir que el presidente de Cataluña, Artur Mas, pueda declarar por videoconferencia en el juicio contra los 20 jóvenes acusados por los altercados que tuvieron lugar el 15 de junio de 2011 cuando el movimiento del 15-M cercó los accesos al Parlamento de Cataluña.
Los magistrados de la Sección Primera de lo Penal, el órgano que se encargará de celebrar el juicio, han permitido en contra del criterio de la Fiscalía que Mas declare por videoconferencia desde su despacho y se evite así el ‘paseíllo’ por la Audiencia Nacional. “Causar las menores molestias a las personas que son llamadas a cumplir con sus obligaciones para con la justicia como testigos y peritos añade valor a la legitimidad de jueces y tribunales”, señala el tribunal, presidido por Fernando Grande-Marlaska, en un auto dictado hoy.
También podrán declarar por videoconferencia la presidenta del ‘Parlament’, Nuria de Gispert, y los entonces parlamentarios Ramón Espadaler, Antoni Fernández, Montserrat Tura, Joan Boada, Gerard María Figueras, Josep María Llop, Jordi Turrul, Alfons López Tena, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milá y Santi Vila i Vicente.
De Gispert, el actual consejero catalán del Interior, Ramón Espadaler, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila i Vicente podrán declarar desde sus despachos oficiales en atención a sus cargos mientras que el resto de testigos tendrán que declarar por videoconferencia desde la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Todos ellos han sido llamados a declarar como testigos por la Audiencia Nacional por haber presenciado e incluso algunos de ellos haber sido víctimas de agresiones en su intento por acceder a la Cámara autonómica el 15 de junio de 2011.
PRIVILEGIO PARA TESTIGOS
El tribunal ha tomado esta decisión con la oposición de la Fiscalía, quien entiende que Mas y el resto de testigos no tienen derecho al ‘privilegio’ de la videoconferencia y tienen medios suficientes para desplazarse hasta Madrid para prestar declaración en el juicio. “Ni la distancia geográfica entre el lugar de su residencia y el de celebración del juicio permite considerar gravoso el desplazamiento a la sede del tribunal; ni su estado o circunstancias personales avalan que pueda ser perjudicial la asistencia a la sede del juicio”, señalaba el informe del Ministerio Público.
Los magistrados de la Sección Primera de lo Penal contestan a la Fiscalía señalando que “obligar a comparecer personalmente a decenas de testigos que ejercen autoridades (…) implica el desplazamiento a Madrid, y una vez en la capital, hasta San Fernando, con la consiguiente pérdida de jornadas de trabajo y el perjuicio para los servicios que desempeñan”.
“El empleo de la videoconferencia, como de otros medios tecnológicos de comunicación, permite dotar de mayor eficacia al desarrollo del juicio y hace más cómodo el contacto de ciudadanos y personas con la administración de justicia”, señala el tribunal en el auto dictado hoy.
DECLARACIÓN POR ESCRITO
Los magistrados, sin embargo, han rechazado que Mas pueda declarar por escrito en el juicio, una medida que había sido solicitada por la representación del presidente catalán. El tribunal entiende que esta medida vulneraría del derecho de los acusados, quienes deben tener la oportunidad de interrogar a los testigos en el juicio oral.
El juicio comenzará el 31 de marzo y, a pesar de haberse especulado con la posibilidad de celebrarlo en Barcelona, la vista oral se desarrollará finalmente en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, unas instalaciones habilitadas para ‘macrojuicios’.
El tribunal también ha rechazado celebrar el juicio en Barcelona, tal y como habían solicitado alguna de las partes argumentando que la mayoría de acusados y testigos viven en la capital catalana. Los magistrados, si bien señalan que podrían hacerlo al tener jurisdicción “en todo el Estado”, entienden que se crearía un agravio comparativo ya que muchos de los juicios que celebra la Audiencia Nacional se dirigen contra personas que viven fuera de Madrid y obligaría a los magistrados a un “peregrinación permanente”.
La Fiscalía pide que se condene a una pena de cinco años y medio de cárcel a los 20 jóvenes acusados. La fiscal encargada del caso, Teresa Sandoval, atribuye a los acusados un delito contra las altas instituciones del estado en concurso con un delito de atentado contra la autoridad.
“A lo largo de la mañana varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlamento, mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en su seguridad personal, acciones en las que todos los acusados tuvieron una activa intervención”, asegura la representante del Ministerio Público en su escrito de acusación.
Los acusados son Javier Tadeo Orellana, Cristóbal Nicolás Araya, Daniele Vinci, Rubén Molina, José María Vázquez, Marta Pi, Alejandra Calderón, Francisco José Cobos, Alessia Borge, Antonio Dolz, Jordi Raymond, Javier Villanueva, María Duran Gurnsey, Ignacio Antolino, Joan Peiró, Ángela Bergillos, Ciro Morales, Álvaro Cano, Olga Álvarez y Carlos Munter.