La imputación de Alcoa Inespal y su cúpula directiva se encuentra en el aire. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón estudia archivar la causa abierta por la reventa de las fábricas de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña contra la multinacional de aluminios y tres de sus directivos, después de que los sindicatos personados en procedimiento hayan anunciado la retirada de la querella dirigida contra ellos por el delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida. Los representantes de los trabajadores consideran que ya no tienen motivo para acusar a la compañía tras haber alcanzado un acuerdo transaccional con el que se han satisfecho las pretensiones laborales de los empleados.
Según han informado fuentes jurídicas a La Información, la magistrada instructora ha preguntado al resto de las partes personadas en la causa si procede acordar el archivo del procedimiento, que se inició en diciembre de 2020, con respecto a la multinacional; Álvaro Dorado Basega, que acaba de dejar la presidencia de Alcoa España; y los ejecutivos Ignacio León Moro y Kai Rune Heggland. No ocurriría lo mismo con los altos cargos de Alu Ibérica y Grupo Industrial Riesgo que se encuentran imputados en la causa por presuntamente haber vaciado las cuentas de las plantas de aluminio para llevarlas a la insolvencia.
El examen de la situación procesal de la compañía y sus directivos llega después de que Confederación de Cuadros Profesionales y las secciones de industria de los sindicatos CCOO, UGT y USO presentaran el pasado 21 de abril un escrito de desestimiento, por el que renuncian a mantener "cualquier tipo de acción legal -penal, civil, laboral o de cualquier otra índole-" contra la mercantil y sus altos cargos. En dicho documento, según ha podido consultar este diario, los colectivos afirman que la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional "ha permitido despejar las iniciales sospechas que dieron lugar a la interposición de la querella" contra la multinacional estadounidense de aluminio y llegar a la "convicción" de que la "actuación de Alcoa Inespal y de sus representantes ha venido presidida por la buena fe y ha sido plenamente ajustada a Derecho".
Por ello, los sindicatos manifiestan su "expresa y definitiva" intención de apartarse del procedimiento en relación a los hechos atribuidos a Alcoa y sus directivos, si bien hacen especial hincapié en que mantienen la acusación contra el resto de querelladas, como Víctor Rubén Domenech, propietario del Grupo Industrial Riesgo, la empresa que compró las plantas de Avilés y A Coruña; Luis Losada, administrador de System Capital, una de las sociedades que gestiona ambas fábricas; o Alexandra Camacho, exdirectora ejecutiva de Alu Ibérica.
Con el "respaldo" del Gobierno
A raíz de la retirada de esta acusación, los abogados de Alcoa han solicitado también el archivo de la causa. En su escrito subrayan que el cierre de las plantas se debió a la "complicada situación energética vivida en los últimos años", sumado a "otros problemas estructurales, como su tamaño y su tecnología obsoleta". Así lo explicó Dorado en su declaración ante la juez, comparecencia en la que apuntó que las fábricas habían acumulado unas pérdidas de alrededor de 150 millones de euros en los tres últimos años anteriores a la venta. En este sentido, la defensa de la multinacional destaca que el proceso de despido colectivo no se hizo de manera unilateral, ya que se mantuvieron diversas conversaciones y reuniones con los representantes de los trabajadores y con el Ministerio de Industria con el fin de buscar una solución satisfactoria para los empleados.
Asimismo, Alcoa insiste en que el proceso de venta de las fábricas de Avilés y A Coruña iniciado en 2019 "fue transparente para los trabajadores" y contó con el "respaldo" del Gobierno central y de los autonómicos de Asturias y Galicia. De hecho, recuerda que la elección del fondo Parter como comprador también vino "avalada" por los sindicatos y por el Ministerio de Industria. En este sentido, la multinacional asegura que no solo el fondo de inversión suizo incumplió su parte del contrato, sino que tampoco tuvo conocimiento "de la forma en que se financió la venta a Grupo Industrial Riesgo". Cabe recordar que la gestora suiza se deshizo de las plantas de aluminio en menos de un año, pues en abril de 2020 las vendió al grupo encabezado por Domenech, ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
Precisamente gran parte la investigación que dirige la juez María Tardón se centra en esclarecer si Parter sacó de las arcas de las fábricas 13 millones de euros para prestárselos a Grupo Industrial Riesgo y financiar la operación de compra. Por ello, la magistrada instructora ha librado una comisión rogatoria a Suiza para rastrear si dicha cantidad se encuentra en la cuenta bancaria de Blue Motion Technologies (empresa a través de la cual el fondo Parter controló Alu Ibérica), después de que System Capital se lo transfiriera. Lo cierto es que las autoridades helvéticas denegaron en una primera ocasión localizar el montante millonario, si bien la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional insistió en su petición y trasladó un detallado informe para hacer ver la importancia de la diligencia para aclarar si existió una operativa de desfalco.
"Ninguna actuación en común"
Con todo ello, Alcoa enfatiza que durante el año y medio que lleva en curso la investigación judicial se ha podido "acreditar" que "no tuvo nada que ver con dicha operación" y que "tampoco tenía acceso a las cuentas bancarias desde las que se llevaron a cabo tales movimientos económicos". La defensa de la multinacional añade que también hay suficientes pruebas que demuestran que "no ha existido ninguna actuación realizada de común acuerdo con el resto de los querellados para defraudar a los trabajadores o despatrimonializar las sociedades". Una de ellas, señalan los abogados, es que la compañía estadounidense ha ido abonando todos los pagos acordados en el contrato de compraventa con Parter.
La juez Tardón abrió esta causa en diciembre de 2020 tras admitir la querella presentada por Confederación de Cuadros Profesionales, a la que se adhirieron el resto de colectivos sindicales, para investigar si en el proceso de reventa de las fábricas de Avilés y A Coruña se desviaron fondos para el beneficio de los nuevos dueños de los centros de producción de aluminio. Según un informe que consta en el sumario de la causa, la Policía Judicial rastreó los movimientos bancarios de algunos de los investigados y detectó sobrecostes, negocios ficticios y el uso de fondos procedentes de las fábricas para la compra de bitcoins con el fin de descapitalizar la empresa. Asimismo, la intervención judicial llegó a advertir de las sospechas acerca de actuaciones dirigidas a descapitalizar las plantas al constatar que altos cargos de Alu Ibérica cobraban elevados sueldos, que alcanzaban los 25.000 euros mensuales. La Audiencia Nacional congeló estas retribuciones de manera cautelar.
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