Nuevo informe de la UDEF. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón espera la llegada de un nuevo análisis de la unidad especializada en Delincuencia Económica y Fiscal que será calve para impulsar la investigación que inició en diciembre de 2020 sobre si en la reventa de las fábricas de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña se saquearon sus cuentas. Según han informado fuentes jurídicas a La Información, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 quiere conocer estas conclusiones de los investigadores policiales antes de practicar más diligencias, como la citación de imputados y testigos que solicitan las acusaciones.
La causa se inició a raíz de una querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP), a la que se adhirieron CCOO y UGT, que denunciaron irregularidades en el proceso de venta de las dos fábricas que el fondo de inversión suizo Parter adquirió en julio de 2019, por el valor simbólico de un dólar, a la multinacional Alcoa Inespal -que no está imputado en la causa como persona jurídica- y que poco después, en abril de 2020, vendió al Grupo Industrial Riesgo, ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
Durante el año de instrucción, la magistrada instructora se ha servido de los informes que le han ido remitiendo tanto el administrador judicial (que ha advertido de presuntas maniobras que habrían llevado a las fábricas a la insolvencia) como de la UDEF. De hecho, hasta el momento, solo ha escuchado como imputados al presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, y a la que fuera la administradora de la empresa en España, Christine Keener. Una cita que tuvo lugar el pasado 28 de febrero y en la que ambos defendieron la legalidad de la venta de las factorías de aluminio. Desde la multinacional siempre se ha subrayado que dicho proceso se produjo con total transparencia, contando con el aval del Gobierno y el apoyo de los representantes de los trabajadores.
Así, tras tomar estas declaraciones, la juez Tardón ha dado el paso de interrogar a los detenidos en la operación policial que se llevó a cabo en marzo de 2021, en la que se practicó la entrada y registro de varios inmuebles, entre ellos la sedes de A Coruña y Avilés. Así, ha convocado el próximo 22 de marzo a Luis Losada, administrador de System Capital, una de las sociedades que gestiona las plantas de A Coruña y Avilés; y a Alexandra Camacho, exdirectora ejecutiva de Alu Ibérica. Dos días después, el 24 de marzo, será el turno de Víctor Rubén Domenech, propietario del Grupo Industrial Riesgo, según han informado fuentes jurídicas.
Sobrecostes y compra de bitcoins
No obstante, fuentes conocedoras de esta causa judicial recuerdan que las querellas van dirigidas contra más personas tanto físicas como jurídicas, si bien la magistrada instructora prefiere esperar a conocer los indicios y los detalles que la UDEF plasmará en el documento que se incorporara al sumario antes de acordar sus comparecencias. Según explican las mismas fuentes, del nuevo examen policial dependerá también el sentido que tome la práctica de nuevas diligencias para aclarar si los nuevos dueños de los centros de producción de aluminio actuaron con el objetivo de desviar fondos para su beneficio. En un anterior informe, la Policía Judicial rastreó los movimientos bancarios de algunos de los investigados y detectó sobrecostes, negocios ficticios y el uso de fondos procedentes de las fábricas para la compra de bitcoins con el fin de descapitalizar la empresa.
Tras esta revelación, la juez Tardón ordenó el pasado mes de septiembre a los directivos del Grupo Industrial Riesgo imputados que restituyeran "las cantidades detraídas por importe total de 13.000.000 euros con origen en las pólizas de crédito suscritas por las sociedades titulares de las plantas de producción". Con esta medida, la magistrada buscaba "garantizar la existencia de fondos" para mantener la actividad de las plantas. En concreto, los investigadores sospechan que Parter sacó dicha cantidad de las cajas de las fábricas y se la 'prestó' al Grupo Riesgo para facilitarle el proceso de compraventa.
No obstante, la orden de reintegro fue anulada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al entender que dicha reclamación se debe hacer una vez que la instrucción haya finalizado y se estimen las posibles responsabilidades pecuniarias de los entonces acusados. Aún así, la juez María Tardón sigue indagando en la presunta operativa de desfalco y ha reiterado a Suiza, que ya denegó una primera comisión rogatoria, su petición para que averigüe si el montante millonario se encuentra en una cuenta bancaria de Blue Motion Technologies (empresa que el fondo de inversión suizo utilizó para comprar las dos plantas de Alcoa), después de que System Capital (la compañía que utilizó el Grupo Riesgo para comprar las mismas) se lo transfiriera, según consta en un escrito firmado por la magistrada el pasado 15 de febrero, que ha podido ser consultado por La Información.
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