La nueva ley de enjuiciamiento criminal facilitará la incautación de bienes a corruptos y mafiosos

El Consejo de Ministros estudió este viernes el anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que, entre otras cuestiones, facilitará la incautación de bienes a corruptos y mafiosos. Para ello, a imitación de Francia, se creará una “oficina de creación y recuperación de activos” de estos grandes delincuentes.
Así lo explicó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo, donde aseguró que la propuesta de Lecrim que ha elaborado su departamento nace con “vocación de integración” e incluye medidas que han generado “gran consenso” entre los expertos.
El anteproyecto, tras ser analizado por el Gobierno, se trasladará primero para su examen al CGPJ y la Fiscalía, tras lo cual pasará al Consejo de Estado. El ministro explicó que la previsión es que el texto legal, ya convertido en proyecto normativo, sea remitido al Congreso.
"REGLAS DE CONEXIDAD"
Respecto al contenido de la reforma, el titular de Justicia explicó que entre las medidas más destacadas están que se incluyen procedimientos para evitar las ‘macrocausas’ y que se limitará las investigaciones judiciales a un máximo de seis o 18 meses, aunque estos tiempos serán prorrogables. También se regula la interceptación de comunicaciones; se generaliza la segunda instancia penal; y se establece un nuevo sistema de decomiso de bienes de corruptos y mafiosos.
Otras novedades son que se establecerá un sistema de aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para hacer frente a situaciones como la derogación de la "doctrina Parot'. Según el ministro, este asunto generó "cierta tensión", algo que se intentará evitar con la reforma en marcha.
Sobre la incautación de bienes de corruptos y mafiosos, Catalán aseguró que el anteproyecto de Lecrim incluye “nuevas formas de decomiso”, como el “decomiso autónomo”, que facilitará la incautación de bienes de grandes delincuentes. También se creará la “oficina de creación y recuperación de activos”, a imitación de Francia, donde este órgano ha recuperado más de 1.000 millones de euros en activos tras dos años de funcionamiento.
Respecto a las ‘macrocausas’, Catalá explicó que el proyecto de Lecrim lo que hace es modificar las “reglas de conexidad” de las causas para evitar las investigaciones judiciales dilatadas en el tiempo. Esto implica que, cuando se apruebe la reforma, cada delito relacionado con una misma persona podrá tener una “una instrucción diferenciada”, lo que permitirá sentencias en “plazos muchos más cortos”.
TIEMPO MÁXIMO DE INSTRUCCIÓN
Otras novedades son que las faltas sin autor conocido se tramitarán administrativamente hasta que haya detenidos o avances en la investigación. En cuanto a la limitación de las instrucciones judiciales, éstas se dividirán entre las referidas a “asuntos sencillos” y los de “instrucción compleja”. Los primeros se tramitarán en un tiempo máximo de seis meses y los segundos en 18, aunque estos plazos serán ampliable.
A este respecto, indicó que esta ampliación, que podrá pedir el fiscal y decidir el juez, se podrá dar “cuando las causas lo justifiquen” y no debería provocar “ninguna desconfianza”. Según el ministro, los jueces tendrán tiempo suficiente para la investigación, ya que podrá haber prórrogas cuando sea “por motivos justificados”.