La sentencia sobre los 'papeles de Bárcenas' se llevará al Supremo. Las acusaciones populares están en desacuerdo con la condena a dos años de prisión y la multa de 1,2 millones de euros que la Audiencia Nacional ha impuesto al extesorero del PP Luis Bárcenas, así como al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros de la cuota que el encargado de gestionar las cuentas del partido defraudó a Hacienda por pagar parte de la reforma de la sede nacional de la formación política con dinero procedente de la caja 'b'. Por este motivo, han anunciado a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano que ha juzgado estos hechos, que recurrirán la resolución dictada el pasado 28 de octubre ante el Alto Tribunal para reclamar unas penas más elevadas, tal y como han solicitado desde el inicio.
Las acusaciones populares ejercidas por dos agrupaciones del PSOE -impulsados por diputados socialistas valencianos y la madrileños-; por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade); Izquierda Unida; y por la Asociación Observatori Derechos Humanos (Desc), no son las únicas que han advertido que presentarán un recurso de casación. También lo ha hecho el propio Partido Popular, representado por el abogado Jesús Santos, según el anuncio que ha hecho a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso La Información, para evitar tener que responder por el delito fiscal relativo al Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2007 correspondiente a Unifica, el despacho de arquitectos que desarrolló la reforma del edificio situado en la calle Génova de Madrid, por el que fue condenado Bárcenas en calidad de cooperador necesario. No obstante, los magistrados han absuelto a la formación política del delito contra la Hacienda pública por el Impuesto de Sociedades de 2008.
El PP, que la semana que viene volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por las actividades de la trama Gürtel cometidas en el ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, ha defendido durante todo este procedimiento -y fuera de él- que es una víctima de Bárcenas, a quien le reprochó "mala praxis" y "abuso de la confianza" por anotar en unos documentos cantidades que no se reflejaron en la contabilidad oficial del partido, los denominados 'papeles de Bárcenas'. En este sentido, en el juicio que se siguió en la Audiencia Nacional por el uso del dinero de la caja 'b' para pagar las obras de la sede nacional o la adquisición de acciones de Libertad Digital, la defensa de la formación dirigida por Pablo Casado aseguró que durante la vista oral sólo se pudieron corroborar un "3,7 por ciento" de los apuntes.
Los magistrados de la Audiencia Nacional asumieron el criterio expuesto por el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral y subrayaron que los 'papeles de Bárcenas' no tienen valor como documento contable en su integridad, pero sí recogen acontecimientos que son reales o verosímiles en tanto han sido corroborados con otras pruebas. Esta es la primera vez que se ha valorado la veracidad y credibilidad de dichos apuntes manuscritos, que han llevado a la Justicia a abrir distintos procedimientos judiciales, como la destrucción de los ordenadores que el extesorero usaba en el PP, causa de la que el partido salió absuelto; o la pieza separada del caso 'Tándem', sobre los negocios 'oscuros' del comisario jubilado José Manuel Villarejo, donde se ha investigado si la cúpula del Ministerio del Interior y los altos cargos policiales orquestaron en 2013 la 'operación Kitchen' con el fin de evitar que la documentación comprometedora para el PP que Bárcenas guardaba llegara a la Audiencia Nacional, que en ese momento investigaba la trama Gürtel y la caja 'b', que acaba de ser sentenciada.
Hechos no valorados
Los jueces aplicaron atenuantes de reparación del daño y de confesión a la condena del exgerente y extesorero 'popular' por su "colaboración real, activa y eficaz” derivada de su confesión sobre cómo funcionó durante dos décadas lo que en su día denominó como "contabilidad extracontable". No obstante, la Sala no entró a valorar si las entradas de dinero por parte de empresarios anotadas en los documentos manuscritos de Bárcenas eran finalistas o no, es decir si se entregaron a cambio de recibir alguna adjudicación pública, ya que se trata de un asunto que aún sigue en trámite en el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuya investigación ya ha terminado pero aún falta por conocerse si el juez Santiago Pedraz decide proponer juzgar a algún investigado o archivar la causa.
El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora Alarcón también estableció límites en su sentencia de 454 páginas para no profundizar tampoco en el pago de supuestos sobresueldos. Durante los tres meses que se alargó la vista oral 'desfilaron' virtualmente ante el tribunal -la mayoría declaró por videoconferencia-, y como testigos, exaltos cargos 'populares', entre ellos los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, o los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes -todos ellos exsecretarios generales del partido-, Federico Trillo y Rodrigo Rato, que negaron haber recibido los "complementos salariales" que según la versión de Bárcenas se entregaron desde la Tesorería del PP.
También rechazaron analizar el supuesto sufragio de gastos electorales con dinero procedente de la caja 'b', ya que estos hechos quedaron excluidos de su enjuiciamiento. Sin embargo, las acciones populares, a quienes los acusados, en especial la representación del PP, echaron en cara su presencia en el procedimiento por su vinculación política a partidos de la oposición, insistieron en que las anotaciones que hacían referencia a dichas conductas presuntamente delictivas también debían ser estudiadas en el juicio, por lo que atribuyeron a los encausados delitos de asociación ilícita, delito electoral, falsedad contable o blanqueo de capitales.
Acusación sin apoyo del fiscal
En esta línea, según se desprende de uno de los anuncios de recurso presentado ante la Audiencia Nacional, que ha podido ser consultado por este diario, las acusaciones populares impugnarán las críticas del tribunal por solicitar penas por delitos para los que no estaban "legitimados" para acusar, es decir que lo hicieron sin el apoyo de la acusación particular ejercida por la Fiscalía Anticorrupción o la Abogacía del Estado, como el supuesto delito fiscal de 2008 del PP y blanqueo de capitales, cuya cuantía no alcanzaría el límite establecido por ley o la acusación, según indica la sentencia, o por otros delitos contra la Hacienda Pública que habrían prescrito.
Asimismo, las acusaciones populares buscarán en el Supremo librarse de la condena en costas impuesta por actuar con "temeridad y mala fe procesal". La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también afeó a PSOE, IU, Desc y Adade, que mantuvieran en solitario y "durante seis años" la acusación contra la trabajadora de Unifica, Laura Montero, por un delito fiscal y falsedad en documento mercantil, provocando su asistencia en el juicio y "el consiguiente perjuicio económico y descrédito profesional". Esta acusación fue retirada en el trámite de conclusiones definitiva, pero según la Audiencia Nacional esta rectificación llegó demasiado tarde.
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