El mercado de las criptomonedas no se encuentra en su mejor momento. El anuncio de Tesla de prohibir estas monedas como método de pago, sumado a la decisión de China de no permitir el uso de las bitcoins en las transacciones en el país, ha originado una gran crisis en la última semana. Asimismo, el presidente de EEUU, Joe Biden, presentó el jueves un plan de choque fiscal a diez años, en cuyo informe elaborado por el Departamento del Tesoro advierte de que las monedas virtuales "ya representan un problema de detección significativo al facilitar la actividad ilegal en general, incluida la evasión de impuestos".
Esta visión es compartida por la Justicia española, que desde hace un tiempo centra parte de sus esfuerzos en investigar el mal uso de las criptodivisas y ya hay dos casos abiertos en la Audiencia Nacional por presuntas estafas en el uso de este tipo de instrumentos virtuales, susceptibles incluso de convertirse en demandas colectivas por tratarse de unos mismos hechos que afectar a miles de perjudicados.
"En los últimos años en el entorno tecnológico están proliferando las conocidas como estafas de inversiones o chiringuitos financieros que, a través de ofertas engañosas de alta rentabilidad, frecuentemente en criptomonedas o criptoactivos, logran captar la atención de usuarios de la red", señaló la fiscal de Sala coordinadora en materia de criminalidad informática, Elvira Tejada, en una entrevista difundida por la Fiscalía General del Estado el pasado 17 de mayo con motivo del Día Mundial de Internet.
Tejada explicó que los usuarios "atraídos por la información que se les facilita y las ventajas económicas ofrecidas, trasladan a los delincuentes importantes cantidades de dinero". Además advirtió de la "habilidad con la que los delincuentes han ido adaptando los modelos y formas de defraudación a las peculiaridades de la situación vivida", como por ejemplo la pandemia del coronavirus, que ha permitido "captar más fácilmente a víctimas especialmente preocupadas por asegurar sus caudales".
Querellas en la Audiencia Nacional
Los tribunales ya tiene en sus manos varios asuntos relacionados con la comisión por presuntos delitos cometidos a través de criptomonedas. De gran magnitud es el que estudia el Juzgado Central de Instrucción número 1, dirigido por Santiago Pedraz -que también se encarga de los asuntos del Juzgado Central de Instrucción número 5-, donde ha recaído una querella presentada por 300 afectados contra Javier Biosca, su esposa y su hijo, por la presunta estafa de más de 200 millones de euros en inversiones en monedas virtuales.
Por otro lado, el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, examina una estafa piramidal realizada con criptomonedas, cuyo perjuicio económico se estima en más de 41 millones de euros, aunque podría alcanzar los 100 millones de euros. El juez dictó un auto el pasado 21 de abril en el que asumió la competencia para investigar este caso, denominado 'Arbistar', después de aceptar la inhibición de un juzgado de instrucción de Arona (Tenerife).
Los investigados, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, usaban la empresa de éste, Arbistar 2.0 SL, para estafar presuntamente a sus clientes. Por ello se les atribuye los presuntos delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.
El 'modus operandi'
Para llevar a cabo el engaño, los inversores creaban una cuenta 'Exchange' para realizar acciones de compra venta y daban de alta un monedero electrónico donde almacenar criptodivisas. Al mismo tiempo, debían crearse un usuario en Exchange Coinbase -plataforma de comercio de criptomonedas con sede en San Francisco (California), que ofrece servicio de intercambio de criptomonedas y monedas fiduciarias en alrededor de 32 países- y efectuar una transferencia por el valor de su inversión a una cuenta bancaria de la plataforma en Estonia.
Tras ello, los clientes debían hacer aportaciones a los monederos electrónicos de Arbistar 2.0 SL, que se quedaban con ese dinero al menos durante los dos meses siguientes, por lo que el usuario perdía todo control sobre la inversión, explica el magistrado en su auto.
Es más, el juez de la Audiencia Nacional afirma que la actuación de los investigados consiste en una operación fraudulenta de inversión que responde al esquema de estafa piramidal o tipo 'Ponzi' en la que se finge una inversión rentable. Esto permitía a la trama "atraer a nuevas personas que al ver que los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores" se animaban a participar. "Pero lo que se hace es pagar los intereses de los inversores con el capital que no se invierte o con el de los nuevos inversores", zanja la resolución.
Miles de perjudicados
El magistrado apunta que de momento el número de víctimas de esta trama piramidal con criptomonedas alcanza las 1.127 personas, pero que la cifra también podría crecer hasta 32.000 perjudicados.
De hecho, el abogado José Ramón Oulego, especializado en derecho bancario, ha indicado en declaraciones a La Información que estudia personarse en esta causa en representación de numerosos afectados en toda España y Latinoamérica. Según ha explicado, por el momento está analizando los casos particulares de cada uno de los perjudicados para presentar una denuncia conjunta en la Audiencia Nacional.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios