El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama no recibió todas las respuestas que esperaba sobre la intervención precisa que tuvo la Junta Única de Resolución (JUR) en el Banco Popular. La responsable del organismo europeo, Elke König, restó importancia o esquivó varias de las cuestiones que se le plantearon, argumentando que muchas de ellas eran "hipotéticas", o asegurando que no tenía ciertos datos de primera mano. De hecho, llegó a instar al magistrado a que trasladara sus preguntas a otros miembros de la JUR, como al que fuera director de planificación Dominique Laboureix, quien testificó el pasado 14 de octubre. Es más, ante la exhaustividad del juez en su interrogatorio, König le espetó que no se “había preparado una lista de todas y cada una de las reuniones” en las que participó para tratar la crisis de la entidad financiera.
Así ocurrió cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 quiso indagar sobre las reuniones que tuvieron lugar entre la JUR y el Fondo de Reestructuración Ordinaria Bancaria (FROB) durante mayo de 2017, mes previo a la resolución del Banco Popular, según consta en la transcripción y segunda traducción de la declaración como testigo que prestó Elke König, por videoconferencia, el pasado 30 de septiembre, a la que ha tenido acceso La Información.
El magistrado solicitó una segunda interpretación de lo expresado por la presidenta de la JUR para evitar que no se quedara en el aire ningún detalle de relevancia para la investigación sobre la resolución del Banco Popular, después de que se constataran varias dificultades en la traducción simultánea del inglés al español. A lo largo de cerca de tres horas, König se amparó en varias ocasiones en que no podía dar todos los detalles que le pedían porque no quería “adelantarse” a discusiones que pudieran tener lugar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde están pendiente de resolver algunos recursos presentados por accionistas de la entidad extinta; o porque consideraba que no había razón por la que contestar “qué hubiera pasado si”.
Uno de esos regates llegó justo al inicio de la comparecencia cuando el juez Calama quiso indagar sobre los contactos que König mantuvo con las autoridades españolas días antes de acordar la resolución del Popular. La presidenta de la JUR indicó que, aunque tendría que “revisar su agenda” para saber si se reunió con el entonces gobernador del Banco de España, Luis María Linde, o con el exministro de Economía Luis De Guindos, ya que se encontraba “con todos los gobernadores de los bancos centrales con bastante frecuencia”; sí que recordó que “durante los últimos días” habló “por teléfono” con el exministro y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Eso sí, matizó que no habló con él de las medidas que se pretendían implementar.
“Mi trabajo como presidenta de la JUR en el caso de un banco que estaba atravesando dificultades es, por supuesto, mantener buen contacto con el supervisor, el Banco Central, si es necesario, y definitivamente también con los ministros para así recabar todo tipo de información necesaria para nuestro equipo”, explicó, al tiempo que precisó que esas comunicaciones se enmarcaban en un “procedimiento estándar y nada particular para el Banco Popular”. En este sentido, König enfatizó que las conversaciones que tuvo con el entonces subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, antes de intervenir la entidad financiera no tuvieron por objeto la situación de ésta, ya que se podía conocer por la “prensa española”. Así, concretó que, para conocer el detalle o “tomar la temperatura” del asunto e intercambiar información, los equipos técnicos de la JUR se reunieron con los del FROB.
“Creo que debería preguntar al BCE”
Preguntada por si De Guindos le hizo a alguna sugerencia sobre la posibilidad de que alguna entidad española pudiera hacerse cargo del Banco Popular tras el mecanismo de resolución, König respondió que no recordaba ningún comentario de este tipo. El exministro ha sido uno de los numerosos testigos de referencia que han comparecido en esta investigación judicial, que ya ha cumplido cuatro años, ya que se encontraba en el cargo cuando el banco entró en quiebra. En su declaración, afirmó que contactó con los cinco grandes bancos, si bien todos ellos descartaron presentar una oferta. Finalmente, pasadas las 3 de la madrugada del 7 de junio de 2017, la JUR conoció la decisión del Banco Santander de comprar el Popular por el valor simbólico de un euro, un hecho que König calificó de “suerte”, ya que, según explicó ante el juez Calama, la entidad que en ese momento estaba siendo dirigida por Emilio Saracho no podía abrir sus puertas al día siguiente y no existía un plan b para evitarlo.
El juez Calama tampoco recibió la respuesta esperada cuando inquirió a la presidenta de la JUR sobre la situación financiera del Popular. Aunque König indicó que la liquidez del banco justo antes de su resolución era “ajustada y en deterioro”, no quiso profundizar en la valoración que hizo el BCE sobre la solvencia de la entidad: “Creo que esta pregunta debería hacérsela al Banco Central Europeo. Hasta donde yo sé, al menos a 31 de diciembre de 2016, había evaluado que el banco era solvente y no había una medición diaria de su solvencia, pero esto es claramente una pregunta para el Banco Central Europeo y no para la Junta Única de Resolución”, contestó.
Identificación de trabajadores
Por otro lado, König también eludió identificar a los miembros del equipo interno que participaron en la resolución del Banco Popular, a petición de unas de las acusaciones. Pero tras la insistencia del magistrado instructor, se escudó en que no tenía los nombre delante y que los proporcionaría si el departamento jurídico de la JUR le confirmaba que esa “información se puede revelar”. “No tengo nada que esconder, en principio”, añadió. Esta situación se repitió cuando el juez le pidió los nombres y apellidos del ‘compliance officer’ -responsable de cumplimiento normativo- que investigó si la información que publicó la agencia Reuters el 31 de mayo de 2017 sobre el Banco Popular, sólo una semana antes de la resolución, procedía de una filtración interna de la institución europea. Aún así, König hizo especial hincapié en que “no hay ningún indicio de que esta declaración provenga de la JUR”, por lo que “recomendó” preguntar directamente al periodista que redactó dicha noticia.
Cabe recordar que el juez Calama citó a declarar a la presidenta de la JUR para que aclarara el origen de esta información, así como la entrevista que realizó el 13 de mayo del mismo año a Bloomberg, en la que afirmó que el banco español era uno de los casos que estaban revisando, aunque "no el único", al ser preguntada por el desplome del precio de sus bonos convertibles contingentes (CoCos). En opinión del magistrado, tanto estas manifestaciones, como la noticia de Reuters, no sólo "parecen vulnerar el 'parámetro de confidencialidad' exigible por ley", sino que pudieron tener un “impacto muy negativo” en la liquidez del Banco Popular. Sin embargo, König negó que sus palabras repercutieran en el mercado, ya que “la fuga de depósitos comenzó mucho antes”. “Ni el movimiento de precios ni los movimientos de liquidez reaccionaron de manera inesperada”, apostilló, al mismo tiempo que insistió en que las noticias negativas sobre la entidad financiera habían comenzado mucho antes de su intervención en la televisión, por lo que considera que sus declaraciones no fueron “un fiasco”.
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