La futura ley de infancia que está tramitándose en el Congreso también se ocupará de los menores que estén en medio de un posible caso de violencia de género. PSOE y Unidas Podemos han pactado una enmienda a la norma en la que quedaría establecido que cuando se produzca una denuncia o haya sospechas de violencia machista en el ámbito familiar, sea siempre la madre la que se quede con los niños, para evitar así que permanezcan junto al presunto agresor. Tras la publicación de esta información, el Ministerio de Igualdad matiza que sí sería necesaria una orden de protección a la mujer para que se produzca esta circunstancia. Aun así, la propuesta apela directamente a las administraciones, que serían las encargadas de ocuparse de que esto se lleve a cabo. Y que desde fuentes gubernamentales se justifica con la necesidad de evitar que situaciones de este tipo se traten como una "ruptura familiar" que pueda generar "desprotección y/o rectivimización" a los más pequeños.
Con esta medida se obligaría al Estado a implicarse más en casos de violencia machista, como establece la enmienda. En concreto, el texto señala que "las administraciones públicas deberán prestar atención a la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes que convivan en entornos de violencia de género". Algo que se concreta en que garanticen "el apoyo necesario" para que los menores "de cara a su protección, atención especializada y recuperación, permanezcan con la mujer". Por lo que se llevaría a cabo esta política de discriminación positiva con las mujeres, como confirman fuentes del Ministerio de Igualdad. Pero en la mañana de este jueves, desde el departamento de Irene Montero matizan que sí sería necesaria la intervención de un juez, que tendría que ser el que dictara una orden de protección a la víctima. Algo que no aparece en el texto de la enmienda. La única salvedad que proponen socialistas y morados para que esto no ocurra es que el niño muestre su rechazo a que sea así, para no ir contra "su interés superior".
Esta situación ha de conllevar una serie de obligaciones para los poderes públicos, como recuerdan las fuentes consultadas. En concreto, hay una apelación a los servicios sociales, a los que se insta a asegurarse de llevar a cabo "la detección y la respuesta específica a las situaciones de violencia de género". Lo que se suma a "la derivación y coordinación con los servicios de atención especializada a menores de edad víctimas de violencia de género". Unas políticas de refuerzo que, según las fuentes consultadas, persiguen que se consolide la "obligación de detección, derivación y asistencia especializada a los niños y las niñas que crecen en entornos de violencia de género".
Según explican socialistas y morados en la motivación de su enmienda, la idea es que se diferencien los potenciales casos de violencia de género de las situaciones de ruptura familiar que se recogen en el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Es decir, no quieren que se mezclen las separaciones y divorcios con casos en los que hay acusaciones de violencia machista de por medio. Algo que según su criterio no queda lo suficientemente claro en la norma preliminar que elaboró la Vicepresidencia de Derechos Sociales que lidera Pablo Iglesias. Por lo que, "desde un enfoque de género", abogan por delimitar cada caso "para adecuar la respuesta a las mismas".
Dudas de los juristas
La propuesta de los partidos que conforman el Gobierno central no ha dejado indiferente a los juristas. Según las consultas realizadas por esta redacción a profesionales del derecho, actualmente ya hay un procedimiento por el que los menores quedan protegidos en situaciones de posible violencia de género. "Hay una comparecencia inmediata tras la denuncia y recibir declaraciones rápidas a víctima, testigos y denunciado y en ella se señalan dos cosas principalmente: si hay orden de alejamiento o alguna medida de protección y las medidas de orden civil sobre los hijos, que tienen carácter temporal", señala un experto. Por eso consideran que, de producirse esta reforma en los términos en los que está planteada, sin alusiones en el texto a las órdenes de protección, sería una "barbaridad".
"Pondría en duda la presunción de inocencia. Y el derecho de los niños a relacionarse con ambos padres por igual en la medida de lo posible, te lo cargas también", explica un jurista. Además, asegura que "en la práctica, una denuncia supone que el padre pierda la custodia en el 95% de los casos", por lo que "no creo que los tribunales vayan más allá de la protección que ahora mismo tienen las víctimas".
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