El exgobernador del Banco de España Luis María Linde ha comparecido en la Audiencia Nacional para explicar la gestión que se siguió desde el supervisor con motivo de la caída del Banco Popular. Al respecto, el economista ha detallado durante una sesión que se ha alargado más de cinco horas que la crisis de la entidad que acabó siendo resuelta por la JUR "no tuvo nada que ver ni con la solvencia, ni con las provisiones" sino que únicamente "fue una crisis de liquidez", de acuerdo con fuentes presentes en su testifical consultadas por La Información.
Linde, que estaba citado a declarar a las 9.00 horas de este jueves, ha respaldado de este modo la tesis de los peritos del Banco de España que en su trabajo incorporado a este procedimiento penal apuntaron que la caída del entonce sexto grupo bancario del país se produjo por una "intensa" fuga de capitales en los últimos meses de banco de 16.000 millones de euros. Al respecto, ha expuesto en calidad de testigo que la crisis de la entidad que acabó comprando el Santander por un euro, "no tuvo nada que ver" con problemas de solvencia.
Según las fuentes consultadas, Linde ha explicado que los requerimientos que efectuó el Banco de España al popular bajo la presidencia de Ángel Ron y de Emilio Saracho, "no suponían ni una irregularidad administrativa ni penal" sino que eran requerimientos comunes que se hacían a todas las entidades. El economista es el segundo testigo al que llama a declarar el magistrado popular José Luis Calama Teixeira después de que la semana pasada hiciera lo propio la expresidenta de la CNMV Elvira Rodríguez, la cual delegó en el Banco de España todas las cuestiones relativas al control de solvencia de la entidad.
Rodríguez expuso entonces que la CNMV reforzó el control en la entidad hasta el punto de que la obligaron a incluir en el folleto que tenía que provisionar 4.700 millones de euros, de acuerdo con las fuentes presentes en esta testifical. Además expuso que se encargó un informe a KPMG para que evaluara el procedimiento de comercialización de las acciones en la ampliación de capital aunque ha delegado responsabilidades en el Banco de España en todo lo relativo a a solvencia y la presunta manipulación de las cuentas.
El siguiente testigo en desfilar por la Audiencia Nacional (si se mantiene el calendario estipulado por el juzgado) será el actual presidente de la CNMV Santiago Albella. Su testifical es doblemente importante no solo por el papel que ha podido jugar en el asunto el regulador sino porque cuando se aprobó la ampliación de capital de 2.505 millones de euros Albella formaba parte del despacho de abogados de Linklaters que dio el visto bueno a la operación de 2016. De hecho, el que fuera secretario del Consejo de Administración del Banco Popular, Francisco Aparicio Valls, expuso en sede judicial que, pese a ello, la CNMV ya bajo su presidencia acabó abriendo expediente sancionador por infracción muy grave a los exaltos cargos del banco por irregularidades en las cuentas de ese año.
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