El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha alertado de que "vienen semanas duras en Madrid" ante el incremento sostenido de contagios y ha asegurado que actuarán "con determinación". A la espera de su reunión con la Comunidad de Madrid del 'Grupo Covid-19' para seguir la situación de la pandemia, que se producirá a partir de las 13 horas, ha indicado que van a analizar todas las medidas propuestas por el Ejecutivo regional, entre ellas la contratación de médicos extracomunitarios.
Las declaraciones se han producido en la rueda de prensa tras la reunión con la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá y las comunidades autónomas para analizar el comienzo del curso académico 2020/2021, donde el titular de Sanidad ha pedido no bajar la guardia y ha asegurado que los centros escolares "no son un foco de contagio".
Durante la reunión del Grupo Covid-19 planteará al Gobierno la petición de apoyo logístico militar urgente para labores sanitarias, la colaboración de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en los controles y la contratación de 300 médicos extracomunitarios. Este grupo es uno de los acuerdos alcanzados el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para coordinar y planificar respuestas contra la pandemia.
La primera solicitud ya parece resuelta. José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en Madrid, ha avanzado este jueves que las fuerzas de seguridad del Estado, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), Policía Nacional y Guardia Civil, se desplegarán a partir de este lunes. Pese a que ya estarían preparados para intervenir, el Gobierno responde a la solicitud del Ejecutivo regional que será quien marque "el momento y los lugares" del dispositivo.
La segunda cuestión es la falta de personal sanitario para atender el incremento de ingresos. El Ejecutivo regional solicita el inicio de los trámites necesarios para hacer realidad una reforma rápida de la normativa vigente, al objeto de propiciar la incorporación de médicos extracomunitarios que ya desempeñaron su trabajo en la región durante la primera parte de la crisis sanitaria.
La situación en la capital es límite. Este miércoles se notificaron 1.011 nuevos casos de las últimas 24 horas. Así, los datos reflejan que los casos siguen en aumento, mientras el número de pacientes hospitalizados se ha incrementado hasta situarse en 3.174 y el de pacientes en UCI hasta 430. Las próximas semanas, que se prevén "duras" como ha asegurado el ministro, serán clave para contener la curva. Ante esta situación, la Comunidad notificará este viernes la ampliación de las zonas con restricciones de movilidad, que entrarán en vigor a partir de este lunes y que se sumarán a las 37 ya confinadas para las que la Fiscalía ha avalado la medida.
A la espera del TSJM para que las restricciones sean efectivas
Pese a que las restricciones de movilidad se aplican desde este lunes en 37 zonas de salud, las actuaciones policiales se limitan por ahora a intervenciones informativas porque todavía no tienen capacidad para sancionar. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) está reunido para deliberar sobre las normas para hacer frente a la segunda parte de la pandemia para que sean efectivas y tengan vigencia.
La deliberación y fallo podría ser a última hora de este jueves o bien a primera hora del viernes, según precisaron fuentes del TSJM a EP. El plazo que prevé la ley para la resolución son tres días a contar desde que han entrado los escritos. Dos escritos de la Abogacía de la Comunidad de Madrid entraron este miércoles al registro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.
El pasado sábado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una modificación en la Ley para que no sea un juez de lo Contencioso el que tenga que avalar las medidas, sino que sea la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM cuando se esté ante medidas que puedan restringir derechos fundamentales y afecten a una generalidad. La modificación legal se produce en aras a unificar criterios entre los presidentes de las Salas de los TSJ de cara a la ratificación de medidas sanitarias que puedan afectar derechos fundamentales y ofrecer de este modo una mayor seguridad jurídica en materia de autorización.
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