La tensa espera de material de protección en los hospitales de todo el país ha llevado a los sanitarios a tener que acudir a la Justicia. En las últimas horas las acciones judiciales por la vía de lo Social para intentar conseguir dotarse de mascarillas y batas impermeables ante la amenaza del coronavirus se han multiplicado en todo el territorio español. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), tras el triunfo obtenido en Madrid donde un juzgado ordenó medidas cuatelarísimas, ha recurrido a la vía judicial en otras cinco comunidades autónomas.
Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, se han presentado acciones similares a las de Madrid, en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra, mientras que se espera que hagan lo propio en Aragón a lo largo de este viernes. En total, seis comunidades autónomas han movido ficha con carácter de urgencia para que las consejerías de Sanidad de cada territorio doten en 24 horas de todos los equipos necesarios que precisa el personal de los centros médicos, ya sean públicos o privados. Hasta la fecha ya han conseguido dos victorias: Madrid y Comunidad de Valenciana.
Las denuncias de ausencia de equipos con los que atender a los pacientes infectados con el COVID-19 se han disparado en las últimas horas coincidiendo con los problemas que afronta el Gobierno de Pedro Sánchez para poder garantizar la seguridad de los facultativos. De hecho, mientras el Gobierno cerraba una 'macrocompra' de material sanitario con China por más de 432 millones de euros, un juzgado de la capital daba la razón al sindicato AMYTS (federación de CESM en Madrid). En concreto, la titular del Juzgado de lo Social 31 de Madrid, Carmen López, ordenaba apenas tuvo entrada el escrito en el juzgado, que la Consejería de Sanidad actuara en 24 horas ante la crisis generada.
Más de 5.000 sanitarios contagiados
De este modo, la petición de que se acuerden las medidas cautelarísimas (que se adoptan de manera provisional precisamente debido a la urgencia del asunto) se ha presentado en los partidos judiciales de cada comunidad autónoma de las seis en las que se ha actuado hasta el momento. A falta de que el titular de cada juzgado emita su dictamen, lo cierto es que la magistrada de Madrid que gestionó este trámite, Carmen López, no solo resolvió reconociendo la competencia de su ámbito para acceder a la petición de los médicos, sino que la consideró de extremada urgencia.
El principal reclamo del sindicato madrileño era que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso les proveyera de batas impermeables, mascarillas, gafas de protección y contenedores de grandes residuos. Todo este material se debía suministrar en la red de servicio de salud de la capital, además del SUMA y los centros asistenciales, ya sean de índole público o privado. El plazo vencía ayer jueves pero el sindicato denunciante no tuvo respuesta de este asunto en todo el día, según las fuentes consultadas. Desde la Comunidad de Madrid se han limitado a trasladar que recurrirán el auto de la magistrada.
La negativa del Supremo
No obstante, la Consejería de Sanidad tiene difícil cumplir con el requerimiento judicial, especialmente después de que la Comunidad de Madrid siga sin saber en qué punto se encuentran los dos aviones fletados de China que debían aterrizar en la capital cargados de mascarillas y respiradores. Se trata de material que el Ejecutivo regional compró al gigante asiático a finales de la pasada semana por importe de 23,3 millones de euros. Una crisis que se agudizó en el día de ayer tras reconocer el Ejecutivo central que los test comprados también a una empresa para detectar la infección del coronavirus no eran del todo fiables.
Así pues, aunque la titular del Juzgado de lo Social número 31 insistiera en que existe la obligación legal por parte de la Comunidad de Madrid de proteger a sus trabajadores, el Tribunal Supremo respondía en otra demanda diferente de forma completamente opuesta. La Sala de lo Contencioso-Administrativo resolvía de manera negativa la pretensión de CESM de obligar al Ministerio de Sanidad a proporcionar en 24 horas todas las medidas de protección necesarias para evitar que ascienda el número de personal médico contagiado, el cual supera ya la cifra de las 5.000 personas.
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