El Gobierno de Pedro Sánchez consigue un primer paso para intentar sacar adelante los Presupuestos de 2019. Moncloa mira a Cataluña y a pesar de que el listón de la Generalitat se encuentra en exdirigentes en prisión, el Ejecutivo central y el autonómico han acordado que Cataluña recibirá en los próximos cuatro años un total de 1.459 millones para infraestructuras pendientes y Mossos d'Esquadra.
Según el acuerdo que se ha alcanzado esta tarde en la primera Comisión Mixta sobre asuntos económicos, la Generalitat recibirá del Estado un total de 759 millones para inversiones en infraestructuras contempladas en la disposición adicional tercera del Estatut y otros 700 millones para la Policía autonómica. De la primera cantidad, Hacienda se compromete a incluir ya 200 millones a través de los Presupuestos del 2019, siempre y cuando sean aprobados.
Según ha explicado el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, el Gobierno central también aprobará en Consejo de Ministros la autorización a la Generalitat para que pueda refinanciar deuda a corto plazo y convertirla en deuda a largo plazo por importe de 2.763 millones de euros.
El propio Aragonès ha subrayado en rueda de prensa posterior a la cita con el Ministerio Hacienda que estos acuerdos no eliminan al reclamación de cuestiones de "fondo" de la Generalitat, como la celebración de un referéndum de independencia. "Son dos vías que avanzan en paralelo pero una no sustituye a al otra", ha afirmado.
Operación 'cortejo' a los independentistas
El Gobierno es consciente de que se juega su futuro en estas semanas otoñales y de que o hay Presupuestos de 2019 o Pedro Sánchez tendría serios problemas para continuar aguantando en La Moncloa con 84 diputados, con la reforma de la Ley de Estabilidad tumbada y con dificultades para llegar a acuerdos con sus socios de la moción de censura. En este escenario, el gabinete de Sánchez ha puesto en marcha una 'operación cortejo' a las fuerzas independentistas, especialmente a ERC. Los primeros pasos se han dado este mismo fin de semana y en un tema sensible, el de los presos.
Pudieron parecer declaraciones aisladas, pero no lo fueron. Abrió la veda Teresa Cunillera, veterana socialista y hoy delegada del Gobierno en Cataluña, que el sábado se mostró en Catalunya Radio "partidaria" de indultar a los políticos en prisión como Oriol Junqueras. Horas más tarde el propio Sánchez apoyaba estas palabras desde Canadá: "La reflexión de la delegada que yo comparto es que falta empatía. Durante demasiados años ha habido un lenguaje grueso, de confrontación y de división. Hay que reivindicar el diálogo. Se ha echado en falta esa empatía".
Ya el domingo, la vicepresidenta Carmen Calvo fue un poco más lejos y dijo en 'La Vanguardia' que si el juicio a los soberanistas tarda "no sería lógico alargar la prisión preventiva". Ese mismo día, el número dos del PSOE y ministro de Fomentó, José Luis Ábalos, afirmó en la Fiesta de la Rosa de Gavá que apoyaba las "declaraciones humanitarias" de Cunillera.
Todo estaba pensado y nada se hizo al azar, indican fuentes gubernamentales. Iván Redondo diseña y los ministros (y la delegada del Gobierno) pasan a la acción. La movilización ha sido potente para dejar claro que el Ejecutivo de Sánchez quiere dar "pasos", pero que no se puede saltar la ley. La condición de los independentistas es clara: si el Gobierno quiere pactar los Presupuestos la Fiscalía debería retirar la acusación de rebelión que pesa sobre los exdirigentes de la Generalitat. Una línea roja demasiado exigente para Moncloa pero ante la que puede haber un punto intermedio, según consideran.
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