Descargar de gastos superfluos las cuentas de la Seguridad Social y conseguir liquidar en cinco años los números rojos que el sistema público de pensiones arrastra desde el inicio de la crisis. Lo que el Pacto de Toledo no fue capaz de plasmar en un documento tras más de dos años de deliberaciones ha aflorado de manera natural en los debates sobre economía mantenidos en los últimos días por los representantes de los cuatro partidos con mejores expectativas en las elecciones del 28-A, según las encuestas conocidas hasta la fecha.
Las recetas para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo son indisimulables, pero el consenso entre PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos es total respecto a lo que hay que hacer a corto plazo para estabilizar el sistema: recurrir a los recursos del Estado para liquidar lo antes posible el 'pesado' déficit de la Seguridad Social, no sólo por la carga financiera que supone para el sistema público sino, como defiende la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), para atenuar esa sensación de amenaza permanente sobre el futuro de las pensiones públicas que traslada a la ciudadanía.
"Tenemos que dar un paso más en la separación de las fuentes de financiación del sistema", aseguró este miércoles Manuel Escudero, delegado especial de España ante la OCDE e ideólogo del programa económico socialista, en un debate organizado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). "Hay que descargar las cuentas de la Seguridad Social de gastos superfluos y destinar los ingresos por cotizaciones al pago de las prestaciones contributivas".
"No hay que dramatizar sobre la situación de las pensiones. Las cotizaciones pagan ya un 98,1% de las prestaciones contributivas. Arrastramos los efectos de la crisis y de la devaluación salarial propiciada por las políticas del PP", subrayó Iván Ayala, de Unidas Podemos. "Es un déficit motivado por razones coyunturales que se puede corregir perfectamente con una aportación del Estado".
El diagnóstico del PP, lógicamente, es bien diferente. Según Javier Escribano si las cuentas de la Seguridad Social están ahora como están es por los devastadores efectos de las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero, pero puestos a mirar hacia el futuro el PP se alinea también con las tesis de la Autoridad Fiscal en relación a que el Estado salga a corto plazo al rescate de la Seguridad Social para cerrar el agujero de más de 17.000 millones de euros con que cerró 2018 y que se espera, en cuantía similar, para el año 2019, según las previsiones del Gobierno.
Ciudadanos también asume que el respaldo financiero del Estado será necesario para cerrar el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. "De hecho ya lo está haciendo a golpe de aportaciones del Tesoro Público", recalcó Francisco de la Torre. "Y lo que sí sería deseable es no cargar con más endeudamiento, que probablemente no se va a pagar en el futuro, a las cuentas de la Seguridad Social"
Discrepancias sobre las soluciones a largo plazo
Las posiciones divergen cuando se trata de qué hacer para garantizar la sostenibilidad de las pensiones pública en el largo plazo, cuando el sistema tendrá que soportar el impacto de las jubilaciones de la generación del 'baby boom', un evento que todos los expertos coinciden en señalar como crítico para la estabilidad financiera del sistema.
Las discrepancias en torno al modo de 'surfear' ese 'tsunami demográfico' augura turbulencias en el futuro Pacto de Toledo. El discurso del partido en el Gobierno sobre el particular suena confiado y se encomienda a los caprichos de la demografía. Manuel Escudero recalcó este miércoles que solo hay un camino para resolver esas tensiones futuras y pasa "por la natalidad y por las políticas migratorias, como también dice la Autoridad Fiscal". En realidad, lo que dice la Autoridad Fiscal es que en determinados escenarios de entrada bastante masiva de inmigrantes y de repunte significativa de la natalidad esa presión financiera sobre el sistema podría ser inferior.
Por lo que pudiera pasar, el PSOE tiene un plan B que pasa por la creación de un impuesto específico para obtener los ingresos que se necesiten para afrontar el 'shock' sobre el sistema de la salida del mercado laboral de los llamados 'baby boomers'.
El Partido Popular, por su parte, defiende el modelo implantado en 2013. Reivindica su controvertido Índice de Revalorización de las Pensiones (IRV) bajo el argumento de que si bien apenas permitía una revalorización mínima del 0,25% en las pensiones mientras el sistema estuviera en números rojos, permitía también revalorizaciones de hasta el IPC más 0,5 puntos cuando el sistema estuviera saneado. "Es decir, que permitía mejorar las pensiones sin comprometer el sistema".
Podemos sencillamente entiende que las tensiones financieras sobre el sistema no son estructurales, como sostiene la Airef, sino coyunturales y que su resolución se producirá de manera natural a poco que mejore la calidad del empleo y los salarios de los trabajadores, por lo que hay que centrarse en eso más que darle muchas vueltas a como garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
La receta de Ciudadanos pasa por estimular la mejora de la natalidad, con medidas que protejan más a las familias y proporcionen potenciales futuros cotizantes al país.
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