El partido político Podemos ha pedido al magistrado Manuel García Castellón su personación como acusación popular en unas diligencias abiertas en la Audiencia Nacional sobre las actividades de Francisco Javier Gómez Iglesias, más conocido como 'el pequeño Nicolás'. La formación morada, ahora socia de la coalición de Gobierno con el PSOE, ha dado este paso en aras a poder acceder al contenido de esta investigación que se inició hace aproximadamente un año a tenor del material incautado en los registros de los domicilios de José Manuel Villarejo y que la Policía Nacional aglutinó en tres DVDs por contener información relacionada con las actividades presuntamente ilícitas del joven de 25 años.
De este modo, Podemos ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 al que ha tenido acceso La Información en el cual explica que está legitimado para acusar también en este procedimiento penal teniendo en cuenta que está intrínsecamente relacionado al caso Tándem (que indaga todos los encargos de espionaje que cerró Villarejo) y también a la causa del 'pequeño Nicolás' que se investiga en los juzgados de Plaza Castilla. Con todo, el asunto se remonta a diciembre de 2018, cuando la Unidad de Asuntos Internos dio cuenta al juzgado del que es titular García Castellón de la entrega de tres DVDs y un anexo documental elaborado a tenor de todo el material incautado a Villarejo en noviembre de 2017 tras su detención por organización criminal.
El magistrado decidió entonces abrir unas diligencias separadas con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, el Ministerio Público expuso en un escrito recogido por este diario que se trató de un "hallazgo casual" sobre la comisión de una "nueva actividad delictiva" y que en principio no estaba intrínsicamente relacionada con el caso Villarejo. "El acceso a la documentación intervenida ha revelado datos de extraordinaria relevancia sobre otros hechos delictivos, también de naturaleza grave, objeto de investigación de otro procedimiento penal", reza el escrito de enero del 2019.
Rechazo al informe policial
Todo ello motivó que García Castellón abriera causa nueva y, acto seguido, remitiera toda esta documentación al juzgado de instrucción número 2 de Madrid. La titular del mismo, Pilar Martínez Gamo rechazó en agosto su acumulación a la investigación abierta devolviendo de esta forma los DVDs a la Audiencia Nacional. En este 'impasse' el partido que lidera Pablo Iglesias, y que figura como acusación popular en ambos procedimientos, dirigió numerosos escritos a la magistrada Martínez Gamo para que ésta le trasladara los motivos por los cuáles declinó investigar el contenido de los documentos policiales si bien no obtuvo respuesta a sus peticiones.
Precisamente fue en esta investigación de Plaza Castilla, que se remonta al año 2014, donde nace el germen del caso Villarejo. El juzgado abrió diversas piezas separadas siendo la más relevante la relativa a la presunta grabación por parte de Villarejo de una reunión entre miembros del CNI y el exDAO Marcelino Martín-Blas en la que se habló de una investigación abierta en el momento de los hechos al pequeño Nicolás. El agente encubierto afronta por estos hechos una petición de la Fiscalía de 4 años de cárcel (siete en el caso de las acusaciones populares) y todo apunta a que será la primera pieza de las muchas en las que se le investiga por la que se sentarán en el banquillo de los acusados, toda vez que la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su procesamiento el pasado mes de octubre.
Aunque en esta pata concreta no se acusaba a Francisco Nicolás, éste sí está procesado en otras como la relativa al viaje a la localidad gallega de Ribadeo en el año 2014 en el que se hizo pasar por emisario del Rey Juan Carlos. La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto acoger la vista oral contra el joven el pasado mes de mayo, sin embargo el tribunal acordó suspender el juicio tras la renuncia de su defensa letrada que denunció presiones e injerencias. A este asunto, por el que afronta una petición de 11 años de prisión, se suma también su implicación en una presunta estafa a un empresario de Toledo y por el acceso a bases de datos policiales y, por tanto, confidenciales.
Diligencias de interés público
De este modo, y teniendo en cuenta que Podemos acusa en todos estos procedimientos, su objetivo ahora es que el magistrado García Castellón les dé luz verde para poder personarse en las diligencias del pequeño Nicolás abiertas a tenor de los hallazgos de los agentes en noviembre de 2017. Al respecto inciden en que el partido de Pablo Iglesias cumple con los requisitos "objetivos y subjetivos" para actuar en esta investigación y recuerda el código ético del partido según el cual "todo cargo público de Podemos tiene el deber y la obligación de denunciar a la justicia las ilegalidades que se encuentre durante el ejercicio de su cargo".
Igualmente ponen de manifiesto la trascendencia de todas estas pesquisas teniendo en cuenta no solo la gravedad de los delitos que se atribuyen a los principales acusados -tales como presunta organización criminal, cohecho, blanqueo, revelación de secretos o usurpación de funciones públicas- sino también que en la lista de imputados figuran, además de Villarejo, otros exaltos mandos policiales. Tal es el caso del exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino; el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño (alias 'El Gordo') o el comisario Andrés Gómez Gordo. Todos ellos están investigados en la pieza séptima del caso Tándem, relativa al presunto espionaje con fondos reservados al extesorero del PP Luis Bárcenas.
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