Rodrigo Rato, exvicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar, busca el apoyo del exministro de Justicia Rafael Catalá para acreditar que saldó todas sus deudas con Hacienda, a través de la amnistía fiscal de 2012. En concreto, el expresidente de Bankia ha solicitado al tribunal que le juzgará por el presunto origen ilícito de su patrimonio que cite a declarar como testigo a quien fuera su compañero de partido en relación a unas declaraciones que realizó en abril de 2015, cuando se destapó la investigación de la Agencia Tributaria que terminó en los tribunales, en las que aseguró que se estaba investigando a más de 700 personas "expuestas políticamente" se habían acogido a la regularización fiscal impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Así consta en el escrito de defensa que Rato ha presentado este mismo lunes, al que ha tenido acceso La Información, en el que asegura que la declaración del que fuera titular de la cartera de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy "es necesaria", ya que confirmó que el también exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó el denominado como 'modelo 750' y que Hacienda abrió una investigación fiscal que no fue dirigida exclusivamente contra él, sino contra "hasta 750 personas de lo que se considera, de acuerdo con la ley de blanqueo de capitales, personas expuestas políticamente, que son personas que tienen que ver con la política, con las instituciones políticas".
En dichas declaraciones, Catalá -ya alejado de la vida política- consideró "prematuro" asegurar que Rato se acogiera a la amnistía fiscal porque su fortuna tuviera un origen ilícito. De hecho, el exministro precisó que lo que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) estaba analizando es "si el origen de esas rentas regularizadas es lícito o ilícito". Finalmente, la unidad de inteligencia financiera determinó que el patrimonio declarado a Hacienda en este trámite especial no era del todo legal, porque lo instó al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, dirigido por el magistrado Antonio Serrano-Arnal, que investigara penalmente la fortuna del exvicepresidente del Gobierno.
Un procedimiento judicial que acumula casi siete años y que está a las puertas de ser juzgado. En marzo de 2021 el juez instructor le procesó y tres meses después confirmó los indicios para juzgarle por la presunta comisión de una decena de delitos contra la Hacienda Pública entre 2004 y 2015, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de hasta 70 años de prisión. Ahora, pendiente de la resolución de varios recursos por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, la defensa del exdirigente 'popular' remite su escrito de defensa en el que insiste en que toda la investigación y acusaciones son "prospectivas o generales". "Se dirige la acción acusatoria contra todas y cada una de las personas que hayan podido tener cualquier tipo de relación (de amistad, familiar o empresarial) con mi patrocinado. Y ello por cuanto el objeto del presente procedimiento, por más que se trate de maquillar por parte del Ministerio Fiscal, no es otro que la persona de Rodrigo Rato Figaredo", asegura la abogada María Massó.
"No ha cometido delito fiscal"
La defensa de Rato, que en primer instancia persigue el archivo de la causa y la libre absolución por estos hechos, asegura que no se puede aceptar la acusación del Ministerio Fiscal, ya que "no ha cometido delito fiscal alguno". Así, tras recordar que el principal investigado del conocido como 'caso Rato' "ha sido un destacado político ocupando puestos de gran relevancia tanto a nivel nacional, en el Gobierno de España, como a nivel internacional, como director general del Fondo Monetario Internacional", recalca que el exministro "no solo no ocultó sino que declaró voluntariamente a la AEAT la titularidad de sus sociedades en el exterior, conforme a la legalidad vigente".
A lo largo de 100 páginas, la abogada María Massó señala que pese a que el exministro 'popular' pusiera "la totalidad de su patrimonio" en conocimiento de la Agencia Tributaria, sin que existiera algún tipo de "opacidad" o de "ocultación", Hacienda inició una investigación interna en abril de 2015, "de manera extraordinaria", desembocando un año después en un juzgado de Madrid. Todo ello después de que la Fiscalía presentara una denuncia temprana el 16 de abril de 2015, día en el que Rato fue detenido y su vivienda y despacho fueron registradas por la Policía, recuerda el escrito de defensa, que además tacha estas diligencias de "desproporcionadas y extralimitadas". Con todo ello, la letrada lamenta que "a lo largo de estos seis años de instrucción, con todos los bienes embargados, Rato ha tenido que acreditar, a sus expensas, información con la que ya contaba la AEAT con anterioridad a la interposición de la denuncia, pero que intencionadamente no quiso atender".
Por otro lado, la defensa del expresidente de Caja Madrid también hace referencia a los delitos que se le imputan en relación al presunto cobro irregular de 835.000 euros de comisiones por contratar la publicidad sobre el lanzamiento de Bankia como nueva marca tras la fusión de siete cajas de ahorro en el verano de 2010. El exbanquero defiende la legalidad de estos contratos y niega la elección 'a dedo' de las agencias Publicis y Zenit para este cometido: "Rodrigo Rato no tenía relación con ninguna de las agencias invitadas a los concursos, no participó en la confección de los pliegos, no evaluó ni falló las ofertas presentadas y, tampoco, participó en la reunión del Comité de Medios donde se aprobaron las propuestas de la Dirección de Compra". En este sentido, hace especial hincapié en que otro de los investigados, Alberto Portuondo, no fue contratado como asesor del presidente de la entidad bancaria, pues "jamás participaron en ninguna reunión, de manera conjunta, ni existen llamadas, ni correos entre ellos". Por ello, entiende que su imputación es "instrumental" para poder "construir el artificial delito de corrupción de los negocios".
Acusación sin justificación
Así las cosas, el escrito con fecha de este 30 de mayo de 2022, asegura que se ha creado un "macro procedimiento" con un número de acusados, que se sentarán en el banquillo junto a Rato, "elevadísimo y carente de justificación alguna". Asimismo, subraya que el delito fiscal del que se acusa a Rodrigo Rato se reduce a una "disconformidad" de Hacienda con la manera en la que el expolítico decidió tributar las rentas percibidas por sus trabajos de asesoramiento y consultoría. Lo hizo a través de sociedades profesionales en lugar de hacerlo directamente por vía IRPF. Para la abogada del exvicepresidente del Gobierno este asunto debería ventilarse vía contencioso-adminsitrativo y no penal.
A ello añade la figura de la prescripción del delito y afirma que "a lo largo de los seis años que ha durado la instrucción, el instructor y la acusación han destinado una inmensa cantidad de recursos y esfuerzos a tratar de acreditar la supuesta comisión de un delito de blanqueo", que en su opinión tampoco existe. "Podemos observar que, a día de hoy, la acusación sigue siendo incapaz de concretar las conductas que constituirían el blanqueo, que se reduce, esencialmente, al auto-blanqueo de las supuestas cantidades defraudadas a la Hacienda Pública, tal y como han admitido en este procedimiento tanto la UCO como la Audiencia Provincial de Madrid", zanja el escrito.
Por último, aunque Rato solicita que se anule la causa para no tener que llegar a juicio, también ha planteado las pruebas que considera que se deben practicar durante la vista oral para la que aún no hay fecha. Fuentes jurídicas consultadas por este diario apuntaron que no ven probable que se celebre antes de la primavera de 2023. En este punto, el exministro 'popular' solicita que declaren los policías que participaron en la entrada y registro de su domicilio y de su despacho; los funcionarios de Hacienda que analizaron la documentación incautada, así como los que han elaborado los numerosos informes que obran en el sumario de la causa. También los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han participado en la causa. A todo ellos se suma los testigos, entre los que se encuentran la exjefa de Antifraude Margarita García-Valdecasas; el exdirector general de la AEAT Santiago Menéndez; y el exministro Rafael Catalá.
Asimismo, pide al tribunal que no acepte llamar a declarar a varios testigos solicitados por la Fiscalía, al entender que no tienen relación con los hechos objeto de enjuiciamiento, como es el caso del que fuera director de Auditoría Interna de Bankia, Iñaki Azaola; u otros que ni siquiera han prestado declaración en la fase de instrucción como Mrabih El Assir Kassab, hermano del presunto traficante de armas Abdum Rahman El Assir; familiares como su sobrino José de la Rosa; su primo Gonzalo Alvargonzalez; o conocidos como el empresario Esteban Bartolomé López.
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