La gran empresa maniobra por crear un frente común ante el 'trágala' del CGPJ

El acelerón del Gobierno para acometer una reforma de la justicia por la puerta de atrás no solo ha encendido todas las alarmas en Bruselas, sino que ha disparado hasta el infinito el nivel de inquietud de las grandes y medianas empresas que operan en España. La cuestión es motivo de indisimulada zozobra en los principales conciliábulos madrileños, un temor que en estas últimas horas se ha trasladado 'sotto voce' a las organizaciones empresariales más relevantes y a los propios partidos de la oposición -empezando por el PP-, con el fin de forjar un frente común para que el movimiento no se consume. Temen, sobre todo, que los fondos internacionales que recorren a menudo sus ya de por sí débiles estructuras de capital terminen por decir 'au revoir' ante el escenario de inseguridad jurídica que se podría dibujar en un futuro si la reforma se lleva a efecto. Dicho lo cual, sometidas a sus propias contradicciones y debilidades, estas empresas también esgrimen que se encuentran atadas de pies y manos.

No es casualidad que los grandes ejecutivos y corporaciones del Ibex 35 aparezcan flanqueando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cada enésima presentación oficial de planes económicos. Bajo condición del anonimato, desde una de esas empresas se encogen de hombros para explicar el fenómeno y exponen que en manos de Iván Redondo y del propio jefe del Ejecutivo estará el reparto de los fondos de la Unión Europea (UE), un maná de 140.000 millones (72.000 en transferencias durante esta legislatura y más de 27.000 en 2021) del que hasta los más modestos esperan un 'pellizco' para sanear sus maltrechos balances. 

Todo sin contar con que la mayor parte del Ibex opera en sectores regulados y, en consecuencia, depende de las decisiones de los ministerios. Cultivar esas relaciones de conveniencia, en las que caben desafecciones en tiempos de bonanza pero no en plena recesión económica, se ha convertido en un 'must' para el Ibex, también temeroso de la radicalización de algunos departamentos en manos de Podemos -el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha apostado por una nueva élite empresarial-. Desde esa más o menos discutible barrera, el Ibex justifica su silencio y apuesta por el 'lobby'.

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En este sentido y ante ese trabajo entre bambalinas intenso en los últimos días, incluso fuentes internas del PP no descartan dar un paso al frente para reconducir la situación y evitar un mal mayor. Supondría ejercer una suerte de responsabilidad de Estado pese a que, entienden, en la acera contraria dicha altura de miras brilla por su ausencia. Especialmente preocupa la rebaja de las mayorías para la elección por Congreso y Senado de los 12 vocales del turno judicial. Se pasaría de la mayoría de tres quintos a la mayoría absoluta en segunda votación, una degradación de los consensos que -entienden- empobrecería sin ambages la práctica democrática. 

El mundo de la empresa insiste a sus interlocutores cómo la inversión huye de aquellos países sin una justicia fuerte e independiente del poder político, al tiempo que recuerda el éxodo de firmas que ya se produjo, rumbo a las cortes de arbitraje internacional, a resultas de la rebaja en la retribución a las energías renovables pese a estar éstas consignadas por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un episodio iniciado durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cuyos laudos aún cargan las cuentas del Estado.

El PP ha saltado como un resorte ante la maniobra política impulsada por Sánchez e Iglesias. Fuentes populares reconocen a La Información su 'pecado original' al haber dejado pasar tiempo sin mover ficha y verse, ahora, con una patata caliente difícil de manejar. De momento se mantienen firmes y este lunes van a presentar su propia ley de "despolitización". "La reforma que han presentado PSOE y Podemos es una barbaridad, inconstitucional y contraria a los criterios de la UE. El partido admite haber cometido un error no pactando la renovación cuando el PSOE ofreció un 10-10 con presidente consensuado. Con la representación parlamentaria del PP era un buen acuerdo. Es duro aceptar que entre Podemos en este asunto pero, guste o no, está en el Gobierno", esgrimen en unas filas populares con dudas.

Otras fuentes de la formación de Pablo Casado indican también "la equivocación al no pactar la renovación del CGPJ. Pero, ¿qué hacemos ahora?". En Génova estarían trabajando en una estrategia para trasladar a la opinión pública las consecuencias para la sociedad y la economía del país de un 'golpe de mano' para controlar la Justicia. "Se barajan opciones. Alguna pasa por plantear unidad de acción en Congreso y Senado. Y también en el Parlamento Europeo, que es crucial para defender nuestra posición. Si esto sale adelante habrá consecuencias inmediatas: la gente y las empresas quieren seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica el 'desfile' de compañías puede ser terrible", añaden.

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Hay dos factores, además, que complican el contraataque del PP. El primero es la imposibilidad de trasladar a la calle las protestas como consecuencia de la pandemia de coronavirus. El segundo, qué compañeros de viaje aglutinar contra la reforma judicial que impidan tener que pagar una factura política como la de la 'foto de Colón'. En aquella imagen la presencia de Vox supuso un lastre para los de Génova, que no quieren ni oír hablar de sumar a los de Santiago Abascal en sus planes para reconducir el problema. La brecha se va a evidenciar en la moción de censura de este martes y miércoles que Casado no apoyará. El PP ha lanzado a través del portavoz de Justicia y consejero de Madrid, Enrique López, un ofrecimiento al PSOE para negociar siempre y cuando Podemos quede al margen; misión entre complicada e imposible porque en Moncloa aseguran que la coalición goza de "salud de hierro".

Casado se ha negado a negociar con Sánchez la renovación del CGPJ mientras el Gobierno no cumpla tres compromisos: en primer lugar, que retire su Proposición de Ley para cambiar las mayorías para elegir al órgano de gobierno de los jueces; en segundo lugar, que Sánchez rompa con Podemos en esta negociación; y, en tercer lugar, que el PSOE apoye la citada norma que este lunes va a presentar Casado en el Congreso. Las posturas siguen alejadas y no se esperan entendimiento a corto y medio plazo. 

Además, no hay que olvidar que el órdago lanzado por PSOE y Podemos en relación con la justicia se produce apenas días después de que Iglesias y Alberto Garzón, ministro de Consumo, cargaran contra Felipe VI por una presunta falta de neutralidad en una llamada al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, tras ser el Rey excluido de la ceremonia de entrega de despachos judiciales en Barcelona. La debilidad inducida por el mismo Gobierno a pilares del estado de derecho como la propia Jefatura del Estado y la Justicia refuerzan el temor entre los empresarios a un régimen cada vez más presidencialista, sin contrapoderes ni una arquitectura institucional férrea que puedan moderar la actuación del gabinete encabezado por Sánchez. 

El PP no descarta dar un paso al frente y evitar un mal mayor. Supondría ejercer una suerte de responsabilidad de Estado

Se trata de un mensaje devastador para el mundo de los negocios cuando la economía española empeora a marchas forzadas sus previsiones, alejándose de las más moderadas caídas de sus socios comunitarios. No es casualidad tampoco que el Ibex acumule caídas significativamente más importantes que otros selectivos europeos, dejando a compañías estratégicas del país con cotizaciones a ras de suelo, a tiro de opa y necesitadas de la 'golden share' de Sánchez. Mejor guardar silencio.

El Ibex se mueve, pero entre bambalinas

La gran empresa está preocupada por lo que está sucediendo y así lo trasladan sus principales representantes en privado. Bien es cierto que la reforma del CGPJ es, de momento, una propuesta, pero Moncloa ya ha dado pistas de que quiere llegar hasta el final e incluso ha sondeado a sus socios de investidura. En ERC la música suena bien y el PNV considera que si no hay más remedio y el PP no se aviene a negociar apoyaría el cambio. Los números, por tanto, darían. Los comentarios que circulan entre los grandes del Ibex hacen referencia a la necesidad de "salvar España" ante "un país que corre serio peligro de desarticulación institucional". Creen que el Gobierno de coalición está actuando con un "poder absolutísimo", aunque apenas cuente con 155 escaños, y se arrogue la potestad de cambiar, cuando así lo considere, las reglas del juego. Hay gran tensión con esto.

La preocupación, exponen las fuentes consultadas, es generalizada en la gran empresa, aunque nadie eleve la voz. Ni están ni se les espera a los críticos. Los comentarios se limitan a las reuniones y relaciones, la mayoría de ellas en formato almuerzo, que mantienen presidentes y consejeros delegados donde repasan el escenario en el que tienen que desarrollar sus negocios. Las fuentes consultadas descartan, por tanto, que se vaya a conformar un grupo de presión al estilo Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), donde los grandes del Ibex puedan exponer su visión en conjunto. Sus miradas se dirigen hacia otro lado: la CEOE y a Antonio Garamendi como el principal ariete a la hora de posicionarse en público.

Runrún en las patronales

Desde las grandes organizaciones empresariales del país manifiestan también en privado una preocupación extrema de sus socios ante una degradación institucional que, aseguran, se está produciendo a velocidad importante. Desde el prestigioso Círculo de Empresarios a la CEOE y sus brazos en Madrid (CEIM) y Barcelona (Foment del Treball) consideran imprescindible recuperar la lealtad institucional y rechazan de plano los ataques frontales a instituciones como la Monarquía, el Poder Judicial o, incluso, las Fuerzas de Seguridad del Estado. "España proyecta hoy una imagen de inseguridad jurídica y debilidad institucional que socava la confianza internacional", advierten desde el Círculo de Empresarios que preside John de Zulueta. "Necesitamos instituciones sólidas y prestigiosas que garanticen el funcionamiento de la democracia, que es vital para la economía", añade el líder de la patronal madrileña, Miguel Garrido, en conversación con La Información.

Las patronales juegan un papel clave en esta crisis. Como agentes de la sociedad civil, mantienen mesas de negociación abiertas con varias carteras ministeriales para encauzar las futuras reformas y canalizar adecuadamente los fondos europeos, a la vez que son testigos de la deriva de la calidad institucional y claman por la seguridad jurídica necesaria para encauzar la ansiada recuperación económica. Todo ello, evitando herir las distintas sensibilidades de sus asociados. No es ningún secreto que existe una elevada tensión a nivel interno en las estructuras de las organizaciones en esa compleja búsqueda de equilibrios, pero el pulso generalizado en el ámbito empresarial late a ritmo de preocupación. Un posicionamiento unánime a nivel oficial tampoco se espera, pero la movilización transversal ante el 'trágala' en la justicia y la quiebra institucional es cada vez menos silenciosa.