Un nuevo modelo público que ponga fin a la colaboración público-privada en el que tengan protagonismo el Tercer Sector, las cooperativas o las comunidades locales y se prescinda de las empresas concesionarias actuales. Esa es la propuesta de Unidas Podemos para las residencias de ancianos tras la grave crisis vivida en estos centros durante la pandemia de coronavirus, y que pasa por la supervisión pública total en la que se confía el cuidado de estas personas a entidades que estén en su entorno habitual y que se tendrían que adaptar a las necesidades de cada uno de ellos. Algo que implica acabar con la "mercantilización" y poner fin a la "privatización" de un sector que, según la confluencia, no ofrece una atención personalizada a sus internos.
Según exponen los morados en una Proposición No de Ley presentada en el Congreso, y a la que ha tenido acceso La Información, lacrisisde la Covid-19 "haprovocadoquesalganalaluzlasenormescarenciasdelmodeloresidencialennuestroEstado". Unos problemas que se han cobrado la vida de miles de mayores, cifras que consideran "escandalosas", y que ha "desnudado las vergüenzas de nuestros centros residenciales" y ha demostrado "el insostenible modelo de cuidado de personas mayores imperante en España". Para darle la vuelta a esta cuestión, UP propone que se impulse un "sistema de residencias público universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración con el Tercer Sector o con la comunidad". Algo que se desarrollaría "mediante diferentes fórmulas".
"Uno de los problemas de la pandemia ha sido la mercantilización de los cuidados. No ha dado buenos resultados que fondos de inversión que buscan el negocio entraran en las residencias, porque nos lleva a resultados como estos", explica la diputada morada Pilar Garrido en conversación con este diario. El objetivo que persiguen es "cambiar la colaboración público-privada por otra basada en el enfoque comunitario que ponga fin al modelo privatizador". "Hay que sacar el cuidado de los mayores de las ideas de negocio. En esta crisis han surgido muchas redes de apoyo mutuo entre distintos colectivos, y esa proximidad la agradecerían mucho", defiende Garrido. Algo que se traduciría en que firmas del Tercer Sector o cooperativas de proximidad asumieran la gestión para cambiar las "factorías de cuidado despersonalizadas" por "modelos que pongan el hogar y la atención en el centro".
En esta línea, Unidas Podemos reclama en su PNL que se impulse la "coordinaciónyasignaciónconjuntaenlasprestacionesentreSaludyServiciosSociales". Una línea que es la que ya está estudiando el Gobierno central, que está elaborando protocolos para que haya una interconexión entre residencias y hospitales que aclare los protocolos a seguir si hay rebrotes del virus e impida que se rechace a los internos por motivos de edad o de patologías previas. Para ello, UP insta a aplicar "unmodelodecuidadosquerespetelaautonomía,dignidadypreferenciasdecadapersona,evitandoasímodelosqueloinstitucionalicen".
La otra "vergüenza" que ha destapado la crisis sanitaria es "la debilidad de nuestro modelo de bienestar", destaca Garrido. Como señala el texto registrado en el Congreso, la OCDE estima que España destina un 0,7% a la dependencia, frente al 1,34% de Francia o el 2% de Bélgica. Unos "déficits de carácter estructural" que también se notan en la oferta de plazas por cada 1.000 mayores de 65 años, en la que el país está según los morados en la parte baja de la tabla en comparación con el resto de estados europeos. "Nos han faltado camas y tener una sanidad más fuerte. Todo viene de esos recortes y privatizaciones. Al retirarse el control público y dar paso a entidades privadas que buscaban hacer negocio, se ha dado esa situación extrema", defiende la diputada, que añade que "eso es lo que teníamos frente al Covid".
Mejora de condiciones y transparencia
Las otras propuestas de la confluencia para reformar el modelo asistencial de los ancianos tienen que ver con mejorar esa supervisión pública y con "dignificar" el trabajo de cuidados. La primera aboga por "reforzar los mecanismos de inspección y control necesarios", que se desarrollaría con un "Programa de Acreditación de Calidad de Residencias de Mayores". Un protocolo que ya está recogido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, pero que tendría que ser asumido por las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de esta actividad.
En cuanto a las condiciones de quienes trabajan en los centros, donde el 90% son "mujeres precarizadas" según los morados, se reclama que se les garantice "unsalarioadecuadoysuficiente" dentro de unmarcolaboral "queasegurequeeldesempeñodesutrabajosedesarrolleencondicionessegurasycontodoslosmediosdeprotecciónnecesarios". Lo que no persigue Unidas Podemos con esta iniciativa es abordar la medicalización de las residencias. Una medida reclamada por las organizaciones patronales que ellos rechazan. "No hay que convertir las residencias en hospitales. La protección sanitaria obliga a que tengan las prestaciones adecuadas en los centros. Pero no hay que transformarlas de esa manera", expone Pilar Garrido.
Esa beligerancia de la confluencia morada con las empresas privadas que gestionan las residencias no es algo que comparta el Gobierno. Ni mucho menos, las propias aludidas. Tanto el Ejecutivo de coalición como los representantes de las firmas coinciden en que las que no han trabajado bien durante la crisis "son una minoría" y que los problemas han venido de que "el sistema sanitario ha fallado a los ancianos", según fuentes de ambas partes. Aun así, tanto UP como los otros dos actores quieren evitar que se produzcan los triajes que se practicaron en algunas comunidades, donde se llegó a rechazar a los internos por el simple hecho de serlo. Hasta el momento, casi 20.000 mayores han fallecido en residencias desde que comenzó la pandemia hace más de dos meses.
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