El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, saca su última baza para lograr que le desvinculen de cualquier responsabilidad judicial que pueda tener Iberdrola Renovables Energía por contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Su defensa ha aportado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional documentación oficial del Registro Mercantil que demuestra que el máximo responsable de la compañía del Ibex 35 no solo no ha presidido la empresa que ha sido imputada por un presunto delito de cohecho, sino que nunca ha formado parte de su Consejo de Administración.
Todo comenzó el pasado 9 de julio cuando el juez que investiga el 'caso Tándem' imputó a la empresa filial por requerir en 2011 y en 2016 los servicios del comisario jubilado para presuntamente espiar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que Iberdrola Renovables se había aliado para acometer proyectos en Rumanía. El magistrado Manuel García Castellón ha subrayado en todo momento que estos trabajos tuvieron lugar bajo el mandato de Sánchez Galán, si bien dicha afirmación ha sido rebatida por la defensa del presidente, que asegura que su cliente "no ha ocupado jamás cargo alguno en los órganos de administración de esa empresa". Por ello, solicitó al instructor una rectificación y que eliminara de dicha resolución cualquier hecho que vincule al presidente de Iberdrola con la compañía de energías renovables.
Sin embargo, el juez no accedió a cambiar su auto al entender que lo que se pretende es "impugnar el relato fáctico de los hechos". Así las cosas, Sánchez Galán llevó la queja a una instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que insta a que corrija al juez instructor por incluir en sus resoluciones "hechos o datos cuya desconexión resulte palmaria". En su empeño por conseguir que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 deje de ligarle a la empresa investigada, la defensa del presidente de la cotizada acaba de aportar documentación oficial que le ayudaría a demostrar aquello en lo que lleva insistiendo desde hace dos meses y a zanjar el asunto.
Se trata de un certificado expedido por el Registro Mercantil de Vizcaya el pasado 17 de septiembre, al que ha tenido acceso La Información, en el que se hace constar que Sánchez Galán "no ha sido miembro del órgano de Administración, desde la constitución de la sociedad Iberdrola Renovables Energía hasta la fecha actual". Un documento que precisamente este miércoles ha sido entregado a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal junto a un escrito en el que recuerda que la jurisprudencia establece que todos los documentos públicos tienen "alcance probatorio pleno".
Los distintos trabajos de Villarejo
Cabe recordar que Sánchez Galán se encuentra imputado desde el pasado 23 junio por la contratación de Iberdrola al comisario Villarejo para superar los obstáculos que podrían impedir la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz) -lo que se denominó 'proyecto Arrow'-. Pero también para que presuntamente espiara a aquellos posibles 'rivales' a la compañía eléctrica, como el expresidente de Endesa Manuel Pizarro, o al presidente de ACS, Florentino Pérez. Por estos hechos, el juez le atribuye la presunta comisión de un delito continuado de cohecho activo, otro contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.
La comparecencia como investigado aún no se ha producido, pues pese a que estaba prevista para el pasado 7 de julio, el magistrado la aplazó 'sine die' ante la petición de nulidad que planteó Iberdrola y su abogado. Fue justo unos días después, y tras pedir a las partes que opinaran sobre la situación procesal de la multinacional vasca, cuando el juez acordó la imputación de Iberdrola Renovables Energía, en cuyo auto salió a relucir el nombre del presidente de la eléctrica. El hecho por el que la compañía que preside Sánchez Galán no está siendo investigada es porque la contratación de Villarejo tuvo lugar entre 2004 a 2011, momento en el que no existía la persecución penal de las personas jurídicas. El artículo 31 bis del Código Penal que permite investigar a empresas se introdujo en 2010 y no entró en vigor hasta un año más tarde.
Por ese motivo, el juez del 'caso Tándem', siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, limitó la imputación a Iberdrola Renovables Energía, empresa sobre la que consta el abono al agente encubierto a partir de ese año. En concreto, lo que Villarejo bautizó como 'proyecto Wind' se dividió en dos fases, pero el juez centra la investigación en la primera de éstas. Así, la empresa contrató en 2011 los servicios del comisario jubilado para obtener información de Eólica Dobrogea, su accionista mayoritario Christopher Kaap, y su apoderado Corneliu Dica. Por este encargo, la compañía pagó en febrero de 2012 al Grupo Cenyt -el entramado empresarial liderado por el expolicía- una factura por el importe de 29.500 euros "en concepto de servicios de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumanía".
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