El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso 'Tándem', Manuel García Castellón, está viendo cuestionadas todas las decisiones que ha ido adoptando en las últimas semanas con respecto a la investigación de los contratos de Iberdrola con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. La última de ellas ha sido el "error" de atribuir a Ignacio Sánchez Galán la Presidencia de Iberdrola Renovables Energía, imputada por requerir los servicios de espionaje del agente encubierto. Después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se negara a corregir dicha afirmación, la defensa del presidente de Iberdrola ha llevado ante la Sala de lo Penal el asunto para que obligue al magistrado instructor a eliminar de sus resoluciones cualquier hecho que le vincule con la empresa filial.
La 'guerra' con el instructor comenzó el pasado 11 de julio, después de que éste afirmara dos días antes en el auto de imputación de Iberdrola Renovable Energía que los contratos con Villarejo tuvieron lugar cuando Sánchez Galán ya había alcanzado la cúpula del Grupo Iberdrola, "y en concreto", de su filial. En un primer recurso presentado ante el propio juez, el abogado Carlos Domínguez, que ejerce la defensa del presidente de la compañía eléctrica, reclamó la subsanación de dicho error, asegurando que su cliente "no ha ocupado jamás cargo alguno en los órganos de administración de esa empresa -Iberdrola Renovables-".
Asimismo, afeó al juez García Castellón que en dicha resolución identificara al que fuera director de Control Corporativo de la compañía, José Antonio del Olmo, como "uno de los testigos claves" cuando en verdad, según indica el letrado, aún ostenta la condición de imputado. El escrito subraya que el magistrado ha acordado el sobreseimiento libre con respecto al exdirectivo en relación a la querella que la compañía interpuso contra él por la elaboración de un informe en el que acusó a Sánchez Galán y a su equipo de estar al tanto de los negocios con Villarejo, un delito que, según señala, "nada tiene que ver con el de cohecho, que, como se ha visto, motivó su imputación en la causa, a instancia de la Fiscalía".
El juez García Castellón no aceptó ninguna de estas dos peticiones. En su opinión, lo que se busca con ellas es "impugnar el relato fáctico de los hechos, debiendo arbitrar dicha imputación a través de los recursos correspondientes", tal y como indicó en una providencia con fecha del pasado 15 de julio. Así, siguiendo las 'instrucciones' del magistrado, la defensa de Sánchez Galán ha acudido a una instancia superior para insistir en que "en la búsqueda de la verdad material, no cabe la inclusión, en resoluciones judiciales, de hechos o datos cuya desconexión con la realidad resulte palmaria". En cuanto al ex 'controller' de Iberdrola, el recurso de apelación presentado ante la Sala de lo Penal recuerda que para que Del Olmo -que pasó de ser testigo a investigado en la pieza 17 del caso 'Tándem'-, deje de estar imputado en esta causa, debe haber "una previa decisión judicial, en la actualidad inexistente".
En busca de anular la causa
Esta decisión no es la única que la defensa de Sánchez Galán ha tratado de rebatir al juez de la Audiencia Nacional. El pasado 9 de julio, el mismo día que acordó otorgar la condición de investigada como persona jurídica a Iberdrola Renovable en relación a una factura emitida en 2011 por el Grupo Cenyt -empresa de Villarejo-, que presuntamente corresponde a un espionaje a la sociedad suiza Eólica Dobrogea; el abogado pidió la nulidad todas las resoluciones dictadas desde el 20 de julio de 2020, entre las cuales se encuentra la imputación del presidente de Iberdrola. Así, se sumaba a la queja ya manifestada unos días antes por la propia Iberdrola por no haber recibido ninguna notificación sobre las actuaciones realizadas, ni haber tenido acceso al sumario un año después de que el juez aceptara acumular a la causa la querella interpuesta contra Del Olmo por falsedad documental en un juzgado de Bilbao, que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional.
La compañía eléctrica interesó que todas las decisiones del magistrado fueran anuladas tras conocer que éste había solicitado a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes que informaran sobre la situación procesal que debía tener Iberdrola ante un posible "conflicto de intereses". Por un lado, la cotizada pedía poder ejercer como acusación particular contra Del Olmo; y por otro lado, alguno de los perjudicados de los trabajos del comisario jubilado pidieron la imputación de todo el grupo empresarial. A la espera de resolver este asunto, el juez acordó aplazar -aún sin fecha- las declaraciones como investigados de Sánchez Galán, su 'número dos', Francisco Martínez Córcoles, y de los exdirectivos de la compañía Fernando Becker y Rafael Obergozo, previstas para los pasados 6 y 7 de julio para evitar la posible "indefensión" de la empresa.
Finalmente, aunque en el auto de imputación de la cúpula directiva de Iberdrola ya advirtió de presuntas irregularidades en los controles internos sobre los pagos a Villarejo, quien fue contratado para diversos trabajos entre los años 2004 y 2016, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, siguiendo el criterio del Ministerio Público, decidió imputar solo a la filial de la eléctrica por el denominado 'proyecto Wind', que tuvo lugar en 2011. Las empresas únicamente pueden ser 'perseguidas' por las actos cometidos posteriormente a la introducción en 2010 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 31 bis del Código Penal. Por ello, el juez ha requerido a Iberdrola Renovables Energía que designe abogado, procurador y un representante, para poder tomarle declaración judicial, comparecencia para la que todavía no ha puesto fecha, al contrario que en el caso de Repsol y CaixaBank, que fueron imputadas también en el caso 'Tándem' un día antes y a cuyos representantes ha citado el próximo 26 de julio.
Además, el magistrado acordó archivar los hechos relacionados con la querella interpuesta por Iberdrola contra su exdirectivo al entender que el delito habría prescrito, algo que el equipo jurídico de la compañía eléctrica también ha puesto sobre la mesa de la Sala de lo Penal por excluirla del procedimiento sin haber resuelto aún la nulidad de actuaciones planteada en dos ocasiones y sin realizar ninguna investigación sobre los hechos denunciados.
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