El Gobierno de coalición saca adelante sus terceros Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las cuentas públicas de 2023 -las últimas de la legislatura- han sido respaldadas con los votos de PSOE, UP, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat, Coalición Canaria, Más País, Compromís y PRC, 157 en contra y la abstención de BNG. El Ejecutivo cerrará esta etapa de cuatro años con una inversión pública récord bajo el amparo de una previsión de recaudación también récord que superará los 262.000 millones, un 7,7% más. Este incremento descansa, entre otros, sobre una carga tributaria adicional que incluye un aumento de las bases máximas de las cotizaciones sociales.
Ahora pasarán al Senado, donde estarán un mes, y en la que no espera tropiezos, por lo que quedarán listas para entrar en vigor el 1 de enero. Con el respaldo del bloque progresista, Sánchez logra el empujón final para acabar estos cuatro años de mandato. A lo largo de las tres jornadas de votación en el Pleno, PSOE y Podemos han llegado a varios acuerdos para sellar los apoyos necesarios a las cuentas públicas, que han terminado con la introducción de un total de 146 enmiendas transaccionales de EH Bildu, PdeCAT, ERC o Más País.
El proyecto de PGE ha estado marcado por la polémica en torno a los vetos de PSOE y Unidas Podemos, que han dejado fuera a casi un millar de iniciativas por aumentar gastos o reducir ingresos sin la correspondiente contrapartida. Ciudadanos ya ha avisado de que llevarán al Tribunal Constitucional estas cuentas por la gestión que ha hecho el Gobierno de su potestad para decidir que enmiendas se tramitan y cuáles no. En concreto, se quejan de que el Ejecutivo levantado el veto a algunas de ellas con la intención de pactar un texto transaccional con varios de sus socios habituales.
Sánchez ha acostumbrado a los nacionalistas e independentistas a lograr sus votos a cambio de concesiones. La última negociación se ha cerrado en la mañana de este jueves con ERC, para el que se ha pactado la transferencia de 900 millones a Cataluña que irán destinadas a realizar obras en infraestructuras "clave" en el ámbito ferroviario y de carreteras, además de incluir mecanismos para la ejecución presupuestaria en la región, entre otras partidas. Sus trece escaños han sido determinantes en la votación, cuyo 'sí' lleva aperejado también la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición que castigó a los líderes independentistas del procés. Este ha sido uno de los ejes decisivos para inclinar la balanza de los votos de sus aliados junto a la inclusión en una proposición de ley del impuesto temporal a las grandes fortunas a través de una enmienda a la tasa a energéticas y banca.
Otro de los grandes apoyos viene de la mano de EH Bildu, que condicionó los cinco 'síes' de sus diputados a la prórroga de limitar la subida del precio de los alquileres un 2% hasta el 31 de diciembre de 2023, que se incorporará al real decreto ley para paliar los efectos de la guerra en Ucrania que se aprobará a final de año. También se incluirá la prórroga hasta finales del próximo año del aumento del 15% de las pensiones no contributivas, lo que se traduce en una subida media de 70 euros mensuales para los receptores de esta prestación. De forma paralela también se ha acordado la transferencia de la competencia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra antes de abril y la renovación de la Ley Quinquenal del Cupo vasco, que contempla una aportación provisional del País Vasco al Estado del año base en 1.472 millones.
Con PDeCat, que es el verdadero ganador de esta negociación, se ha pactado la gratuidad de los autobuses de largo recorrido que forman parte de la red de concesiones del Estado durante el próximo ejercicio. Esta medida ya está en vigor desde el 1 de septiembre y hasta el próximo 31 de diciembre, pero que actualmente queda limitada a un descuento del 50% en el precio de los abonos de algunas rutas de autobús para pasajeros frecuentes. El escaño de Teruel Existe no ha sido determinante en esta ocasión y su petición de rebajar en diez puntos las cotizaciones en las zonas despobladas no ha sido atendida. Su diputado, Tomás Guitarte, ha votado en contra, marcando distancia con el PSOE como protesta. El BNG tampoco ha visto materializada su petición de mayores inversiones ferroviarias en Galicia, que han sido rechazadas manteniendo, por tanto, la abstención como ya hizo en 2021.
Sin embargo, la verdadera amenaza para estas cuentas vino por las discrepancias entre los propios socios de Gobierno sobre el gasto militar. Sánchez se comprometió en la cumbre de la OTAN de junio a elevar de forma progresiva la partida para este ministerio de tal forma que llegue al 2% en 2029. Para el próximo año la inversión se ha incrementado hasta los 13.000 millones, pasando del 0,9% al 1,2% del PIB. El proyecto también recoge un gasto social histórico, que llega a los 266.719 millones, sin incluir los fondos europeos. Con los recursos comunitarios la cifra se eleva hasta los 274.445 millones.
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