Fin de la tregua. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) ha convocado nuevas marchas reivindicativas entre los meses de septiembre y noviembre con el lema "Seguridad Jurídica, sí y ahora" para denunciar la situación de sus 5.000 asociados y los 60.000 inversores afectados por los recortes de primas. La asociación inició las marchas en el año 2015. En 2018 no se celebraron. Llegó un nuevo Gobierno socialista que elaboró un anteproyecto de ley de retribución a las energías renovables que restañaba las heridas, al menos parcialmente. Pero la convocatoria electoral y el retraso en la formación del Gobierno ha dejado la norma en el limbo. Y la inquietud ha crecido.
Las dificultades para la formación de un nuevo Gobierno complican la posibilidad de que los afectados por los recortes de primas vean una solución viable para el nuevo periodo retributivo 2020-2025. Aunque cuentan con el respaldo de los partidos políticos, los trámites son los trámites. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene elaborado un anteproyecto de ley para retribuir a las renovables los próximos cinco años que es como una venda para la herida abierta en el sector fotovoltaico. Pero nadie sabe si se tramitará, o cuándo.
Tras los recortes de primas de 2013, el anteproyecto recoge una retribución del 7,39% para las instalaciones renovables anteriores a ese año y hasta el ejercicio 2031. Si la situación no se resuelve, hay dos posibilidades: o un recorte automático de las retribuciones del 20% (del 7,6% actual al 4,5%) en aplicación de las normas que aprobó el anterior Gobierno del PP o una posible prórroga de la retribución en vigor (7,6%) durante un periodo de seis años. No está clara ninguna de las dos opciones y sólo hay pedidos informes jurídicos sobre el particular.
Ni extraordinaria, ni urgente
El Gobierno tiene justificación para el retraso en la tramitación del anteproyecto. Primero, no se podía enviar al Parlamento antes del mes mayo, tal y como recoge el RD 413/2014; segundo, no había situación de "extraordinaria y urgente necesidad" pues bastaba con que las Cortes aprobaran la nueva retribución por ley antes del 31 de diciembre de 2019, y tercero, pese al teórico apoyo de PP y Cs a las peticiones de los inversores fotovoltaicos, los partidos de oposición fueron consultados y no manifestaron su obligado apoyo a la aprobación de la nueva retribución por Real Decreto-Ley.
Con tal panorama, lo único que se asienta y crece entre los afectados por los recortes aplicados desde 2010 y, en especial desde el año 2013, es la frustración. Lo admiten fuentes de la asociación. Cada laudo que da la razón a los fondos internacionales contra el Estado por la bajada de primas es un aguijonazo. Los responsables de ANPIER explicaron en su campaña ante los partidos políticos que viven una realidad sombría con "nueve recortes retroactivos en 10 años"; bajadas del 50% en la tarifa regulada que les ofreció el Estado y temor a un nuevo hachazo del 20% adicional.
Mientras tanto, España suma más de una treintena de demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, contra los recortes aplicados a las energías renovables. El importe de las reclamaciones ronda los 8.000 millones de euros. De momento, ha perdido los pleitos ante los fondos Eiser (condena de 128 millones), Masdar (condena de 64 millones), Antin (112 millones) y 9REN (41 millones). España aún no ha pagado el importe los fallos -que no admiten recurso-. Pero el tiempo corre.
El malestar por la indefinición normativa ha vuelto a poner en marcha las caravanas reivindicativas que ANPIER paseó por todas las comunidades autónomas durante tres años desde 2015. Este año comenzarán en septiembre en Almería y está previsto que finalicen en Toledo en el mes de noviembre. La marchas por toda España servirán para resolver dudas técnicas y regulatorias de los afectados en cada comunidad y para mantener reuniones con las administraciones autonómicas.
La inquietud en el sector renovable, compartida por otras asociaciones como Appa, AEE, Protermosolar y Unef, coincide con los grandes planes anunciados por el Gobierno Sánchez. España tendrá que hacer en la próxima década un esfuerzo sin precedentes para reducir en 37 puntos las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es que en 2030, las emisiones del país sean un 20% inferiores a las registradas en 1990. Traducido, eso significa que el sistema tendrá que absorber 50.000 nuevos MW renovables en apenas diez años.
La necesidad de un despegue ordenado de las energías limpias, tras años de parón, es evidente. Las apuestas son altas y la especulación ha vuelto al sector. Red Eléctrica de España (REE) ha recibido peticiones para conectar 150.425 MW de energías limpias a la red. La cifra supera en un 33% toda la potencia eléctrica instalada en el país. Muchos de esos proyectos no son "maduros" y no tienen un proyecto industrial detrás. Esta es la situación en la que se celebrarán las marchas de los fotovoltaicos.
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