La Comisión de Justicia del Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de medidas para evitar el colapso de la justicia ante la situación generada por el coronavirus COVID-19 y una reforma para mejorar la seguridad jurídica y agilizar las medidas que tomen las comunidades autónomas frente a la pandemia. Se trata del proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al coronavirus en el ámbito de la Administración de justicia, que ha sido aprobado este lunes por unanimidad de los grupos, que han valorado la necesidad de aplicarlo con carácter urgente.
De esta forma por una parte la Comisión de Justicia del Senado ha dado luz verde al plan para hacer frente al aumento de los litigios con motivo de la paralización de procedimientos judiciales durante el estado de alarma y a la avalancha de asuntos que se esperan por la crisis económica derivada de la sanitaria. El proyecto recoge el plan del Gobierno de desplegar medidas urgentes en los órdenes de lo Social, Mercantil y Contencioso-Administrativo y que afectan a más de trescientos juzgados, comenzando este año por lo que tengan más carga de trabajo, y prevé medidas de refuerzo en partidos judiciales y la creación de 21 nuevos órganos judiciales.
Además la Comisión ha dado luz verde a una modificación normativa para mejorar la seguridad jurídica y agilizar las medidas limitativas de derechos fundamentales que adopten comunidades autónomas y ayuntamientos para hacer frente a los rebrotes de la pandemia, que requieren de control judicial, fruto de dos enmiendas transaccionales suscritas por una amplia mayoría. De esta forma los senadores han acordado reformar la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para atribuir dicho control a los tribunales superiores de justicia (TSJ) de las comunidades autónomas en lugar de los distintos juzgados de este orden jurisdiccional.
Según el texto los TSJ deberían tramitar las autorizaciones correspondientes de dichas medidas restrictivas y dar a estos asuntos preferencia además de que tendrían un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación, además de ser los competentes para resolver los recursos contra los acuerdos de cada Comunidad Autónoma o ayuntamiento. El portavoz del grupo socialista, José María Oleaga, ha recordado al comienzo de su intervención que un día como el de este lunes, en el que se ha celebrado el acto de la apertura del año judicial, debía pedir que sean ya renovados los órganos constitucionales cuyos mandatos ya han terminado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
En este sentido ha apelado al consenso y ha lamentado la posición de "bloqueo de algún grupo". Ha recordado que las medidas contenidas en el proyecto debatido son urgentes y provisionales con motivo de la pandemia para aligerar un sistema judicial que ya estaba colapsado antes de la misma. Y ha anunciado que para descargar a los jueces de trabajo su grupo presentará una iniciativa para avanzar en la regulación de la normativa de la conciliación, la mediación, el arbitraje y el derecho colaborativo, como vías extrajudiciales de resolución de conflictos.
El portavoz del PP, Fernando de Rosa, ha instado al PSOE a apoyar en el Pleno del Senado enmiendas del PP que no han salido adelante. El PP pretende que aunque se impulsen los medios telemáticos en las vistas de los juzgados para reducir la presencia de personas sea obligatoria en casos de delitos graves la asistencia de acusados y de sus víctimas, así como que se dé preferencia a las subastas extrajuduciales.
El grupo popular quiere igualmente que las medidas de seguridad e higiénicas en las vistas de los juzgados, como el aforo máximo, no dependan de la decisión de cada juez sino de la normativa de la autoridad sanitaria competente.
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