Sortu cierra una década de ilegalización de la izquierda abertzale

Rafael Herrero

San Sebastián, 17 feb.- El nacimiento de Sortu el próximo sábado en Pamplona cerrará una década de ilegalización que la izquierda abertzale ha tratado de sortear con éxito desigual en el plano institucional, pero con mejores resultados en el ámbito de la opinión pública, del que nunca ha desaparecido.

Desde que, adelantándose a la Ley de Partidos, el juez Baltasar Garzón ordenó la clausura de las sedes de Batasuna, en agosto de 2002, los líderes de la izquierda abertzale han actuado como una suerte de "sin techo" de la política, lanzando sus mensajes desde salas de hotel en ruedas de prensa que, eso sí, siempre han concitado la atención de los medios de comunicación.

Diez años en los que, acosada judicialmente por su vinculación con ETA, la izquierda abertzale ha abordado una reflexión interna que ha cristalizado en un viraje histórico de su estrategia: el de aceptar que la violencia no constituye una herramienta válida para hacer política, una idea nítidamente expresada en los estatutos de Sortu y que ha permitido al nuevo partido superar el estrecho filtro de la Ley de Partidos.

Pese a las dificultades derivadas del recorte de financiación y del desmantelamiento de su estructura -incluida la detención de sus dirigentes-, la izquierda abertzale ha mantenido su capacidad de movilización y organización, plasmada en las 13 marcas electorales empleadas para intentar mantener su representación institucional.

AuB, HZ, AG, PCTV-EHAK, ASB, ANV, Askatasuna, AS, D3M, II, Bildu, Amaiur y EH Bildu son las siglas de los sucesivos intentos de acceder a las instituciones, un objetivo logrado en ocasiones -con EHAK en el Parlamento Vasco en 2005 y con ANV parcialmente en los ayuntamientos en 2007-, hasta el regreso definitivo el pasado año a través de las coaliciones Bildu, Amaiur y EH Bildu, que incluyen partidos legales como EA, Alternatiba y Aralar.

Además, ha intentado desde el principio mantener su iniciativa política, pese a estar fuera de la ley, lo que tuvo su plasmación más relevante en el acto celebrado el 14 de noviembre de 2004 en el velódromo de Anoeta, donde Arnaldo Otegi presentó el esquema de las "dos mesas" para la "resolución del conflicto": una mesa técnica entre el Gobierno y ETA, y otra política para acordar un nuevo marco político en Euskadi.

Descalificado en aquel momento, este modelo se puso en marcha durante el proceso de conversaciones de 2006, aunque fracasó por la injerencia de ETA en el ámbito político, y continúa inspirando las tesis de la actual izquierda abertzale.

De hecho, la llamada Declaración de Aiete, de octubre de 2011, mantiene el mismo diseño y hoy es el día en que la izquierda abertzale interpela constantemente al Gobierno para que negocie con ETA los "aspectos técnicos" derivados de las "consecuencias del conflicto", entre los que incluyen cuestiones como los presos, las víctimas y el desarme definitivo de la organización terrorista.

Su situación de ilegalidad llegó a contaminar a otros partidos, hasta el punto de sentar en el banquillo de los acusados al lehendakari Juan José Ibarretxe y al líder del PSE-EE, Patxi López, por haber celebrado sendas reuniones, en julio de 2007, con los dirigentes abertzales.

Aunque este sector lograba dar visibilidad a su iniciativa política, la falta de estructura dificultaba enormemente su labor, motivo por el que intentó en varias ocasiones abordar una reorganización, abortada por la Justicia.

Así, en octubre de 2007 una veintena de dirigentes de la antigua Batasuna fueron arrestados en Segura (Gipuzkoa) cuando intentaban reconstituir su Mesa Nacional, mientras que el 11 de febrero de 2008 fueron detenidos otros 14 miembros de la dirección clandestina de la izquierda abertzale.

El 13 de octubre de 2009 fueron detenidas 10 personas acusadas, de nuevo, de intentar reconstituir la dirección de la formación ilegalizada, entre ellas su máximo líder, Arnaldo Otegi, y otro de sus referentes históricos, el sindicalista Rafa Díez Usabiaga, ambos condenados posteriormente a 6 años de prisión por este motivo tras un juicio en el que Otegi detalló los entresijos del cambio de estrategia de la izquierda abertzale.

Pese a los constantes golpes policiales contra su dirección, la izquierda abertzale culminó un proceso de debate interno, iniciado tras el trauma que significó para este sector el final del proceso de 2006, que ETA dinamitó con el atentado de la T-4 de Barajas.

El resultado de dicho proceso, el documento "Zutik Euskal Herria" (Euskal Herria en pie), presentado en febrero de 2010, sentó las bases de todo el proceso de regreso a la legalidad que se materializará el sábado en Sortu, al establecer como premisa irrenunciable el "uso de las vías y medios exclusivamente políticos y democráticos".

Ese principio quedó plasmado de una forma aún más explícita en los estatutos de Sortu, que la izquierda abertzale presentó con gran solemnidad el 7 de febrero de 2011 y en los que, por primera vez, abogó explícitamente por la desaparición de la violencia de ETA y rechazó el terrorismo, empleando incluso esta palabra proscrita en su vocabulario tradicional.

Con esta idea entre sus principios fundacionales, Sortu tomará el relevo a partir del sábado de Herri Batasuna y Batasuna, los dos partidos legales que han representado al independentismo vasco desde la transición, aunque lo hará con su líder más carismático encarcelado, un Arnaldo Otegi al que espera la Secretaría General del nuevo partido.