El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ve "inviable" investigar los presuntos sobornos que habrían recibido cargos del PSOE, PP e IU en los municipios de Madrid en el marco del caso Púnica. El instructor considera que ha pasado un lapsus de tiempo importante desde que se produjeron esos hechos y por ese motivo desestima la petición de Francisco Granados de imputar en la causa a políticos como el exsecretario general del PSOE en Madrid Rafael Simancas o el exalcalde de Parla Tomás Gómez, después de que David Marjaliza confesara que habían cobrado mordidas de esta red de corrupción.
Aunque el constructor confeso ha apuntado en más de una declaración en la Audiencia Nacional que ediles de municipios madrileños como Pinto, Parla, Getafe o Valdemoro percibieron dádivas por su implicación en esta trama de amaño de contratos públicos, no fue hasta este año cuando aportó la documentación relativa a este asunto. Marjaliza, que colabora con la investigación que arrancó en 2014, entregó el listado de pagos que ascenderían a 1,7 millones de euros, además de seis libros contables pertenecientes a un conjunto de sociedades desde las que se efectuaron las donaciones. Las entregas de dinero, que iban desde los 1.653 euros hasta los 240.400 euros, solían ser fijas y anotadas en clave, de manera que P1 era Pinto Principal (en referencia al PSOE); VS1 era Valdemoro socialista o GP1 Getafe Popular, de acuerdo con su documental recogida por este diario.
Granados solicitó al magistrado que imputara a los dirigentes socialistas implicados en este capítulo de la macrocausa. Sin embargo, el instructor ha resuelto en un auto al que ha tenido acceso La Información que no se puede llevar a cabo esa diligencia principalmente por el tiempo transcurrido desde que se produjeron aquellos hechos. De este modo, descarta citar al exalcalde de Pinto Antonio Fernández; a los exalcaldes de Parla Tomás Gómez y José María Fraile Campos; al que fuera jefe de gabinete de éste último Antonio Borrego, al exsecretario general del PSM Rafael Simancas y al exportavoz del PSOE en el consistorio de Aranjuez Lorenzo Sánchez Gil. El magistrado toma esta decisión en connivencia con la Fiscalía Anticorrupción, a la que también le desestima su petición de citar al exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa y a José Luis Cápita, socio de Marjaliza.
Granados contra el PSOE
"Como señala el Ministerio Fiscal en su informe, las manifestaciones del investigado Marjaliza se refieren a unos hechos que tuvieron lugar entre los años 1999 y 2002, y se refuerzan con una serie de documentación contable de aquella época. El lapso de tiempo de entre 21 y 18 años hace inviable su investigación, posición que resulta coherente con la que este magistrado sostuvo respecto a otros hechos objeto de esta investigación en la pieza 4 de las presentes diligencias pero cuya decisión fue revocada por auto de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional", razona el juez. Se refiere a la parte relativa al pelotazo que dio la red en Valdemoro y que, aunque él archivó al considerarla prescrita, la Sala de lo Penal ordenó su reapertura.
En otro auto separado, el juez también responde a la pretensión de Francisco Granados de expulsar del procedimiento a Adade y al PSOE que actúan como acusación popular. García Castellón también niega la petición y apunta que admitirla sin que acredite por qué han pedido la legitimidad de acusar, supondría que, él en calidad de juez, provocaría una situación de indefensión que precisamente está llamado a evitar. Lo que pidió el exlíder popular fue que quitara la legitimación para que el PSOE siga acusándole en esta causa. Sin embargo, el juez responde que incluso aunque pudiera existir en un momento dado indicios en este caso contra el partido socialista, ello no implica que se le tenga que revocar su condición de acusación.
No se aparta de la causa
Sin embargo, y aunque da la razón al PSOE en lo que a su continuidad respecta, rechaza su pretensión de que se aparte del caso. La formación socialista le pidió que se abstuviera en la pieza relativa a la corrupción de Valdemoro después de imputar al que fuera jefe de la asesoría jurídica del El Corte Inglés Faustino José Soriano. La defensa del partido consideró que no debía seguir investigando esta parte del caso Púnica por haber dado clases en el Centro Universitario Ramón Areces, vinculado directamente a la cadena de grandes almacenes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional declina la petición e inadmite la recusación y les reprocha además que intenten hacer una "causa general" en su contra "sin fundamento alguno".
"El Corte Inglés y la Fundación Ramón Areces ni son parte, ni lo han sido, ni sobre ninguna de estas dos entidades existe sospecha alguna de participación de los hechos delictivos, pese a la insistente voluntad de la representación procesal de Adade y PSOE de trazar un interés sobre el que justificar su solicitud de abstención", responde el magistrado el cual añade además que no tiene interés "directo ni indirecto" en este asunto concreto. El magistrado imputó a Soriano y al empresario Javier Cid (hermano de uno de los 'históricos' de este caso de corrupción, Ramiro Cid Sicluna) a petición de Anticorrupción. El Ministerio Público denunció un "concierto de voluntades" entre Soriano Atencia y los cabecillas de la red en la venta de una finca de la que era titular El Corte Inglés en diciembre de 2004 por 17 millones de euros. La empresa que adquirió esta parcela fue Obras y Vías, de la que es dueño Ramiro Cid Sicluna.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios