El empresario David Marjaliza tiene nueva cita en la Audiencia Nacional. El magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, le ha llamado a declarar el próximo 7 de julio en la que podría ser su última comparecencia en esta causa que tendría que estar terminada antes del 27 de agosto. El juzgado le llama para que explique en persona todos los balances entregados hace apenas unas semanas en los que recogió una serie de pagos en 'b' a altos cargos del PP, PSOE e IU en diversos municipios de Madrid que superaban los 1,7 millones de euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 requiere su presencia en sede judicial "con motivo de la aportación" de esta contabilidad paralela que salpica a políticos de la región entre los años 1992 y 2002. Se trata de una compilación de documentación a la que Marjaliza se ha referido en más de una ocasión en sus comparecencias en la causa, con la que colabora desde el año 2015. De este modo, los investigadores le preguntarán por las anotaciones manuscritas que vendrían a recoger los pagos efectuados en las localidades de Pinto, Parla, Getafe, Aranjuez o Valdemoro a cambio de adjudicarse obras públicas.
En concreto, el empresario entregó seis libros contables pertenecientes a un conjunto de sociedades desde las que se efectuaron las donaciones a los responsables políticos de los municipios en los que trabajaron. De este modo, las firmas vinculadas a actividades de gestión urbana y patrimonio desembolsaron cerca de 1,8 millones de euros entre ese periodo de tiempo en pagos que iban de los 1.653 euros hasta los 240.404, de acuerdo con la documentación recogida por este diario. Estas entregas solían ser cuantías fijas e iban anotadas en clave, de modo que PP1 era Pinto Principal (en referencia al PSOE); VS1 Valdemoro socialista o GP1 Getafe Popular.
Turno para los críticos de Aguirre
A cambio de todos estos ingresos -entre los que también se encuentran
pagos de campañas de Navidad por importe medio de 3.000 euros- los miembros de la trama se adjudicaron la construcción de un apartahotel en Pinto o pelotazos urbanísticos en Valdemoro, Pinto y Parla. Las anotaciones incluyen igualmente entregas a Francisco Granados de más de 120 millones de pesetas en cuatro operaciones tales como la licitación de una licencia de gasolinera o de una veintena de parcelas en distintos sectores de Valdemoro, municipio que gobernó el que fuera hombre fuerte de Esperanza Aguirre.
Dos días después de la comparecencia del constructor confeso, el magistrado tomará declaración en calidad de testigo a tres figuras clave de la trama Gürtel: el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero ('el Albondiguilla') e Isabel Jordán, exempleada de una de las empresas de Francisco Correa. Se trata de la tercera vez que se les llama a declarar después de que el magistrado tuviera que suspender las citas de abril por la crisis del coronavirus y las del pasado 15 y 16 de junio por problemas de espacio en la sala. Estas testificales son claves para la Fiscalía Anticorrupción ya que los tres testigos señalarán a Esperanza Aguirre como la artífice de esta red.
El magistrado García Castellón imputó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid en septiembre del año pasado a petición del Ministerio Fiscal, que la sitúa en el origen de este entramado mediante el cual el PP de Madrid habría financiado sus campañas electorales de 2007, 2008 y 2011 mediante un sistema de facturas falsas emitidas por empresarios vinculados a la red. Tanto Aguirre como los consejeros investigados en esta pieza novena de Púnica han negado las acusaciones así como cualquier implicación en la macrocausa. Tan solo el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela admitió que existió una reunión en 2004 entre los implicados del caso y que, a juicio de Anticorrupción, fue la que dio lugar a esta presunta trama de corrupción.
Los fondos de Arpegio
De ahí que lo que digan en sede judicial los tres testigos será determinante para el futuro procesal de la expresidenta madrileña. Anticorrupción ya pidió incorporar al caso un escrito del exalcalde de Boadilla en el que mostró su disposición a colaborar con la Justicia y aseguró que Aguirre tenía control directo de todo lo que ocurría en la Comunidad de Madrid desde su llegada a la presidencia a finales de 2003. Sin embargo, el magistrado rechazó añadirlo por considerar que no aportaba nada al caso aunque accedió a tomarle declaración. A su versión de los hechos se sumará la que presten los también condenados en el caso Gürtel Isabel Jordán y Guillermo Ortega. Ambos podrían aportar datos acerca de la presunta relación de la formación popular regional con las empresas de Francisco Correa.
Prueba de que el magistrado está acelerando para ultimar los flecos de esta macrocausa que arrancó en el año 2014 es que en la misma providencia de citaciones señala una más para el 6 de julio. Se trata de la relativa a la exgerente de la Fundación Arpegio Carmen Plata. La también exconcejal de Getafe pidió volver a declarar justo antes de que el juez se viera obligado a parar la instrucción del caso por la crisis del coronavirus. Plata ya figura como investigada por haber firmado contratos de la fundación ligada a Arpegio, desde la cual se habrían desviado importantes cantidades de dinero público al PP regional. La Fiscalía Anticorrupción resalta además que desde esta fundación -que dependía de la Consejería de Presidencia- se controló el Plan Prisma de la Comunidad de Madrid el cual estuvo dotado con 300 millones de euros en ejercicio 2006-2007 y con 700 millones entre los años 2008 y 2011.
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